Decenas de organizaciones políticas y sociales del estado español, junto a personalidades de distintos campos, han firmado un manifiesto en el que denuncian las muertes que se han producidos entre los pobladores del Valle del Tambo (Arequipa – Perú) y la situación de acoso a la que está sometida toda la población. En el mismo se dice:
- Manifestamos nuestra solidaridad con la población del Valle de Tambo.
- Invocamos al gobierno peruano a derogar el Estado de Emergencia en la Provincia de Islay y a retirar las fuerzas policiales y militares para abordar el conflicto por las vías del diálogo y evitar un mayor derramamiento de sangre.
- Pedimos la suspensión del proyecto Tía María y que el diálogo franco y sincero se abra paso y se escuche la voz de las personas que viven en Valle del Tambo.
- Pedimos también garantías para los pobladores y dirigentes de las diversas organizaciones que se han declarado contra el proyecto Tía María.
Después de explicar a la opinión pública los hechos que se están produciendo y que reproducimos:
1. En Valle del Tambo, la gran minera Southern Perú Cooper Corporation, intenta llevar a cabo el Proyecto Tía María, proyecto que desde hace años viene siendo rechazado por la población que vive de la agricultura en un valle fértil y, hasta antes de la llegada de la minera, pacífico y tranquilo.
2. En los últimos meses, la minera con el apoyo del gobierno peruano, ha vuelto a arremeter contra la población, intentando imponer el proyecto Tía María a cualquier coste. El gobierno se ha puesto abiertamente de lado de la minera, contradiciendo las promesas del Presidente Ollanta Humala, que cuando era candidato ofreció que el proyecto no iba si los pobladores no querían.
3. La población de Valle del Tambo se mantiene firme en su rechazo al proyecto minero y ha organizado sendas movilizaciones encontrando como respuesta la violenta represión de la Policía Nacional que ha actuado resguardando los intereses de la gran minera. Los últimos enfrentamientos han tenido como consecuencia varias personas muertas, entre ellas un policía nacional.
4. Lamentamos profundamente la muerte de estas personas. Ninguna inversión justifica una sola muerte, sea poblador o policía. Dejamos sentada nuestra posición que esas muertes eran evitables si el gobierno garantizara los derechos de sus representados y ofreciera otras alternativas a los conflictos sociales, diferente a la represión pura y dura que viene imponiendo en el Valle del Tambo.
5. Para mayor agravamiento del conflicto, el gobierno peruano ha autorizado al ejército a entrar en la zona y ha decretado el Estado de Emergencia en la Provincia de Islay, como de si de una guerra se tratase; en ese sentido, tememos por la vida de los pobladores y por las consecuencias que la incursión del ejército tenga en el Valle del Tambo.
¡Ni un muerto más. Diálogo y respeto a la decisión de los pueblos!.