Por Leonel Ayala
En distintas ciudades de Honduras, se han realizado marchas pacíficas en contra de la corrupción, que en el caso del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) se calcula en unos 350 millones de dólares. (Siete mil millones de lempiras). La mayor parte de estos dineros, se utilizaron en la campaña electoral que llevó al poder al actual presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. Los detalles de este monumental escándalo, se empiezan a conocer a través de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, que investiga varios casos de corrupción.
La documentación en manos de los entes del estado responsables de castigar estos delitos, demuestran sin duda alguna, que el actual gobernante es actor y responsable directo de la corrupción. Empresas de maletín creadas por el Dr. Mario Zelaya, exdirector ejecutivo del IHSS, sirvieron para canalizar fondos destinados a una cuantiosa campaña electoral.
El fiscal Ramírez Aldana responsable de la investigación, había adelantado la existencia de cheques a nombre del Partido Nacional y de su comité de campaña, pero los tentáculos del poder lo aislaron al extremo, que sorpresivamente fue separado y asignado a puesto diplomático.
Medios de comunicación alternativos han tenido acceso a los expedientes y han descrito las formas y montos del desfalco, copias de documentos y los nombres de los responsables. Una larga lista de asesores, diputados, ministros y empresarios, forman parte de esta mafia, a la que también se debe juzgar por delitos de lesa humanidad, por los cerca de tres mil derechohabientes que fallecieron por falta de medicinas y equipo necesarios indispensables, especialmente de enfermos con problemas renales.
Como respuesta, la población se ha lanzado a las calles y en forma pacífica reclama y exige castigo para los responsables, pide la renuncia del presidente y su gabinete. Una primera marcha en Tegucigalpa, generó otras multitudinarias protestas en diferentes ciudades. Para este fin de semana se programa, una mega manifestación que según sus organizadores, hará temblar los cimientos del poder. Algunos sectores han propuesto una huelga general como la de mayo de 1954, para abortar las pretensiones reeleccionistas y dictatoriales del actual presidente, el castigo de los corruptos y la recuperación de los millones robados en el IHSS y otras empresas del estado.
El abogado Juan Orlando Hernández, siendo presidente del poder Legislativo en el gobierno anterior de Porfirio Lobo Sosa, maniobró para cambiar la Sala Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Nacional de Elecciones, para obtener como presidente actual, un poder absoluto, que le ha permitido declarar inconstitucional la misma constitución. Los artículos pétreos, por los que se le dio golpe de estado a Manuel Zelaya en el 2009, cuando promovía estas reformas a través de una consulta popular y el poder constituyente, ahora simplemente se cambia con una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es este poder absoluto el que ejerce presión en los entes operadores de justicia, para cubrir la impunidad y la corrupción.
Ante la creciente ola de protestas, se avizora el sacrificio de altos funcionarios y allegados a casa presidencial, y otras medidas que procuren calmar las demandas del pueblo. Con frecuencia las noticias de última hora relacionadas al caso, irrumpen en los medios de comunicación alternativos; mientras las grandes corporaciones de medios minimizan las protestas y dedican pocos espacios al tema. La defensa de los corruptos se vuelva ridícula ante las evidencias y el pueblo “encanchimbado” (indignado) se suma a las manifestaciones, decidido a cambiar la historia de Honduras. ¿Qué pasará mañana? El pueblo con sus luchas tiene la palabra, y sin duda los corruptos por primera se enfrentan al juicio del poder popular.