Colombianas refugiadas y exiliadas en España reclaman su derecho a participar en las negociaciones de paz de La Habana en un encuentro internacional celebrado en Oviedo.
La politóloga María Emma Wills, única mujer integrante en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de los diálogos de paz y ponente en el Encuentro, recogió esta demanda y advierte de la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de La Habana: “Dando la palabra a las víctimas se está impugnado ese discurso heroico que los armados han instalado (…) La guerra es un campo de sufrimientos, de vergüenzas, y por eso es tan importante dar voz a las víctimas».
Por Patricia Simón para Periodismo Humano
Colombia pasó de un presidente, Álvaro Uribe, que negaba la existencia misma de una guerra -que dura ya más de medio siglo- a otro, Juan Manuel Santos que no dudó en calificar la situación de posconflicto apenas empezaron las negociaciones de paz con las FARC -hace ya un año y medio- y mientras los combates entre el Ejército y la guerrilla se suceden. Mientras, su ciudadanía sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que se ha cobrado la vida de más de 220.000 personas según cifras oficiales, el desplazamiento forzado de seis millones de personas y el exilio de decenas de miles de colombianos. La cifra exacta se desconoce porque cuando el Estado es uno de los actores armados, los exiliados temen registrarse como refugiados -y dar información sobre su persona, lugar de residencia, familiares- en los consulados y embajadas de sus países. Cuando el país en cuestión sufre unos altos índices de desigualdad, los refugiados –víctimas también del empobrecimiento ocasionado por la guerra–, terminan siendo identificados como migrantes económicos. Y cuando las políticas de cierre de fronteras de los países de acogida, les obligan además a entrar de manera clandestina a unas personas que sólo buscan un lugar seguro donde sobrevivir, además de estar exponiéndoles a todo tipo de abusos, les están invisibilizando y negándoles su identidad misma.
Pero cuando además, ese país, Colombia, se encuentra sumido en un proceso de paz con una de las partes del conflicto, y omite la participación de las mujeres exiliadas en las negociaciones, no sólo está incumpliendo la resolución 1325 de las Naciones Unidas -que insta a que las mujeres participen en igualdad de condiciones en los procesos de paz, y que intervengan como actoras en la prevención y solución de los conflictos, la consolidación de la paz y el mantenimiento de la misma–. También se está silenciado sus voces como fuentes fundamentales para la reconstrucción de la memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad, la garantía de la justicia y el derecho a la reparación. Todos ellos pilares del proceso de justicia transicional que Colombia tendrá que emprender y del que no pueden quedar excluidas las mujeres defensoras de derechos humanos, sindicalistas, lideresas populares… que pagaron con el exilio su defensa de la justicia y la dignidad.
Ésta es la situación que viven muchas de las mujeres exiliadas y refugiadas del conflicto colombiano en el Estado español. Por ello, este fin de semana la ONG Milenta Muyeres y la Asociación de Mujeres de Guatemala han celebrado el Encuentro Internacional Colombianas: construyendo la paz desde el exilio. Durante dos días, una decena de defensoras de derechos humanos colombianas se han reunido para reclamar su participación en las negociaciones de paz, una demanda que pudieron hacerle llegar en persona a la responsable de la conferencia inaugural, la reconocida politóloga María Emma Wills, coordinadora pedagógica del Centro Nacional de Memoria Histórica y única mujer integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de los diálogos de la Habana.
Wills fue una de los doce intelectuales encargadas de elaborar el primer informe del Centro Nacional de Memoria Histórica en 2005, en medio de un país bañado de sangre por las masacres cometidas principalmente por los paramilitares cuyos comandantes fueron recibidos como héroes con un cerrado aplauso en el Senado cuando se emprendía el mal llamado proceso de desmovilización de los paramilitares. Todo ello a la vez que empezaban a ser imputados decenas de políticos por vínculos con el paramilitarismo -en los siguientes tres años 133 congresistas, senadores, alcaldes, concejales serían señalados judicialmente como ‘parapolíticos’– y bajo la zozobra del autoritarismo del presidente Álvaro Uribe, que tachaba públicamente a las ONG, activistas y periodistas críticos de “traficantes de derechos humanos”. Una forma poco sutil de estigmatización en un país en el que cualquier disidencia era interpretada como apoyo a las guerrillas, lo que suponía convertirse en objetivo militar para el paramilitarismo y, como se descubrió años después, agencias del propio Estado como la encargada del espionaje, el DAS.
“Pese a lo ilegítimo del marco en el que surgimos, 12 intelectuales aceptamos porque teníamos una oportunidad de empezar a hacer memoria histórica en un país en guerra, algo insólito, porque normalmente suele hacerse una vez que se ha alcanzado un acuerdo de paz. Pensamos que la memoria histórica era una plataforma para dar voz a las víctimas y poner patas arriba un proceso de justicia transicional en el que sólo tenían voz los perpretadores”, aclara Wills. “Desde un principio dispusimos que haríamos una memoria histórica desde la voz de las mujeres, porque muchos colombianos aún piensan que la guerra es una disputa territorial, pero olvidan que también es un campo de batalla simbólico. Si no entendemos que las representaciones de lo femenino son subordinadas a lo masculino, no podremos hacer una memoria histórica que no sea también un campo de discriminaciones. Hasta los años 50, la historia era muy acartonada, de eventos y héroes, relatada por fuera de la Historia social, y en la que las mujeres aparecían como “la hija de, la mujer de, la madre de…”. La representación de la mujer en la Historia es fundamental para lograr derechos. Queríamos romper el silencio sobre las mujeres en las narrativas históricas, sobre las violencias que se ejercen contra ellas y mostrar que el mundo de lo privado tiene cantidad de puentes hacia el mundo público”.
La investigación se basó en cuatro masacres del paramilitarismo en las que además de asesinar a cientos de personas, se castigó de manera específica a las mujeres con violencia y esclavitud sexual, tortura, desplazamiento… “Los actores armados no sólo despojan, masacran, torturan, desaparecen, secuestran… sino que producen discursos, hablan a las víctimas. Lo primero que hace el agresor es expropiarle de su capacidad de autonombrarse: la comunidad ya no es el pueblo sino que son guerrilleros, si eras declarado vicioso, te convertías en no humano, los llaman “desechables”. Usan eufemismos para hablar de seres humanos, convertirlos así en objetivos militares, y dejar así de tener sentimiento de culpa. El lenguaje es previo a la práctica (…) y producenuna serie de masculinidades despóticas (…)”. Wills pone como ejemplo víctimas que cuando se les preguntaba qué significaba para ellas justicia, pedían que los victimarios reconocieran ante su comunidad que ellas no eran “terroristas”,“viciosas”… “Ese discurso deja huellas en las víctimas que, a veces, son tan dolorosas como las propias agresiones”.
En frente, escuchan y asienten las otras ponentes, mujeres que sufrieron estas estigmatizaciones, pero también las agresiones de la guerra que abarcan desde el propio cuerpo -violencia física, sexual y verbal-, del territorio -desplazamiento y posterior exilio-, a las pérdida y violencias contra las personas de su entorno. Una de ellas es Betty Puerto, psicóloga social y defensora de derechos humanos exiliada en la actualidad en Barcelona. “Las cifras oficiales estiman, desde 1985 hasta la actualidad, cerca de 7 millones de víctimas. Nunca se han contado las 6 millones que estamos desplazadas en el exilio y la migración. No se nombran las víctimas que estamos trashumantes por el mundo. Cuando se te pone de frente el peligro, cuando se te amenaza, cuando no te quedan espacios dónde estar, cuando se amenaza a tus hijos, el miedo se te instala aunque antes ayudaras a otras víctimas a vencer el miedo”. El exilio no consiguió aplacar el compromiso social de Puerto. Ya en España ha fundado junto a otras lideresas el Foro Internacional de Víctimas del conflicto armado colombiano, el Colectivo Mujeres Pa’lante y Mujeres refugiadas, exiliadas y migradas en España. “Hacemos sensibilización en los Parlamentos, en los medios de comunicación, en el 15M… Acompañamos a las víctimas que están aquí y a las que están en Colombia desde España. Éste es un conflicto armado que tiene que ver con la desigualad, que no se resolvió con el diálogo sino con el exterminio de los que propusimos un contrato social diferente. El paramilitarismo no nació de la nada, sino como una política de Estado. ”
Se estima que unos 6 millones de colombianos y colombianas han tenido que abandonar su país a lo largo de los casi 60 años de guerra. 8 de cada 10 de los que han tenido que salir de su país han tenido que hacerlo de manera indocumentada. Las interpretaciones más reducionistas del estatuto del refugiado lo han limitado a las personas que pueden demostrar severas amenazas para su vida de permanecer en el país. Y, ni aún así, la mayoría de los países cumplen con la legalidad internacional y les conceden su derecho al asilo. “Se está sometiendo el derecho al refugio al estar amenazado, se ha desvirtuado el derecho a la protección internacional, y las fronteras se han convertido en espacio de no-derecho”.
Pese a que frente a otras miles de refugiadas que además de su vida anterior, perdieron su identidad al no poder o saber cómo seguir participando en movimientos sociales, Puerto resume un sentimiento doloroso y olvidado demasiado a menudo. “Ya no somos ni de allá ni de acá”.
María Emma Wills continúa con su conferencia, ahora explicando cómo el paramilitarismo quería establecer códigos sociales a su imagen y semejanza: “El paramilitar también irrumpió en las practicas sociales, las rutinas cotidianas, dominando los espacios, cambiando el significado de las ceremonias. En Montes de María, por ejemplo, localidad conocida por sus grandes boxeadores, ponían a boxear a miembros de la comunidad LGBT para humillarles, para imponer su marca en esta práctica. En otras regiones, conocidas por sus reinados de belleza, el comandante Hernán Giraldo, apodado El taladro, escogía a las chicas ganadoras para mantener relaciones con ellas”. Giraldo tiene 35 hijos reconocidos resultado de esas violaciones, la mayoría a menores de 14 años.
María Eugenia Cruz, activista de la organización Mujer, sigue mis pasos, también fue violada cuando era menor de edad. Ahora, junto a otras mujeres y organizaciones, ha sacado la violencia sexual del ámbito privado en el que permanece en muchos casos, a la palestra pública. Según un estudio de Intermón Oxfam realizado en 407 municipios, en los años de mayor ferocidad paramilitar, entre 2001 y 2009, casi medio millón de mujeres sufrieron violencia sexual. Cruz arroja otro dato aterrador: anualmente se realizan 20.142 exámenes médicos por abusos sexuales. Y advierte, rompiendo una vez más con la teoría del ‘posconflicto’, que en el departamento de Nariño paramilitares están pagando por violar a niñas vírgenes. Como numerosas organizaciones sociales han denunciado, las familias tienen poco margen de maniobra. Negarse puede pagarse con la vida.
“Las niñas y las adolescentes son las que más obstáculos enfrentan para acceder a la justicia: la Fiscalía no recibe la denuncia si no va acompañada de la madre o de un defensor de familia. Las mujeres que han denunciado antes han sido culpabilizadas, a muchas las han hecho sentir vergüenza, les han recomendado que se callen. Algunas, cuando han denunciado, han vuelto a ser amenazadas”.
María Emma Wills comparte la función de esta memoria histórica reconstruida desde las mujeres y lo popular: “Dando la palabra a las víctimas están impugnado ese discurso heroico que los armados han instalado para que sus integrantes puedan apoyarse en ellos. Cuando dicen “masacró niños, mujeres, usted desapareció a tantas personas…” están rompiendo con ese discurso de la guerra como campo de heroísmos. La guerra es un campo de sufrimientos, de vergüenzas, y por eso es tan importante la voz de las víctimas en el proceso de negociación. Y queremos hacer esta memoria desde las mujeres porque ellas han sido sujetos políticos y creativos, que en medio de las condiciones más adversas se han levantado en contra de los armados. A través de la memoria colectiva somos capaces de resignificar el pasado”.
De ese pasado y de resignificaciones habla Irma Calderón, quien tuvo la suerte de ser acogida por el programa para refugiados del Principado de Asturias cuando su vida corría peligro por su liderazgo social. Tras los seis meses de duración de la acogida, volvió, y cuatro meses después tuvo que volver a huir tras recibir de nuevo amenazas. “A los desplazados nos han quitado nuestro nombre de campesinos. Nos han convertido en un paquete de cifras que usa el gobierno para dejar todo atrás, el tejido social y familiar. Con ese nombre nos dejan en nada”.
La familia de Calderón ya había sufrido el desplazamiento en los años 50. Por eso, cuando a los 22 años y con tres hijos empezó a preocuparse por la injusticia social y a formarse “porque sin formación es muy difícil confrontar”, su madre le pidió que “no me metiera en nada”. Se metió, se convirtió en líder de su comunidad campesina y le costó el exilio. Pero como ella dice, “somos campesinos y quien tiene para comer, tiene para pensar”. Por eso está en este encuentro, reclamando garantías al Estado colombiano para retornar a su tierra sin peligro para su vida y participando de esta reconstrucción de la memoria histórica de las exiliadas.
Wills habla del retorno de los desplazados y de cómo “el diseño institucional que surgió de esos diálogos primero con paramilitares y después con las víctimas fue perverso porque fragmentó la reparación: económica, penal, devolución de tierras…(…) Si uno ve los procesos, no se logró avanzar mucho”. De hecho, “de 72.000 familias que se registraron para recuperar sus tierras, 26.000 están en trámites. De éstas, sólo 7.000 han logrado reunir los requisitos requeridos para que les entreguen sus tierras, de las cuales, sólo 1920 están en proceso de poder volver a ellas”, explica Libia Franco, miembro del Movimiento de Crímenes de Estado, refugiada en Madrid.
Franco es artista y una de las promotoras del Festival de Poesía Med Mad que se celebrará del 13 al 18 de julio en Madrid, siguiendo la trayectoria del festival que se celebra en Medellín. “Es fundamental que se sepa qué país soñaban las personas y los movimientos sociales que fueron aniquilados porque eso es lo que han querido borrar. Que la sociedad sepa por qué han asesinado a mi familia. Si no, no sería una memoria histórica real”. Franco explica cómo desde el arte se intenta hacer memoria y cómo el paramilitarismo sigue masacrando: “En la Comuna 13 de Medellín, habitada principalmente por desplazados, había un grupo de raperos que cantaban sobre el conflicto. Sesenta y cinco de ellos han tenido que salir de allí y 10 ya han sido asesinados”.
Alba Teresa, una socióloga con tres másteres que derrocha energía, llegó en 2003 a España con el programa de acogida para defensores de Amnistía Internacional. Aquí, ha fundado la ONG Grupo de Acción y Desarrollo Solidario, así como el Foro Internacional de Víctimas junto a otras exiliadas. “Venimos del futuro porque ya conocemos las estrategias para acabar con la disidencia y la crítica que busca la justicia social. Sabemos cómo se acaba con la sanidad pública, las consecuencias del Tratado de Libre Comercio que va a firmar la Unión Europea con Estados Unidos…”. Pese a que ahora Alba Teresa goce del reconocimiento de sus vecinos gracias a su activismo contra los desahucios en Albacete, recuerda que cuando se llega “aquí toda nuestra preparación previa no vale nada, aquí no somos nadie, tenemos que empezar a reconstituirnos, retejer los afectos. Hemos optado por resistir aunque tengamos aprietos económicos”.
Una de sus grandes aliadas a lo largo de estos años ha sido Leonora Castaño, fundadora y expresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), así como cofundadora del Foro Internacional de Víctimas. Castaño lanza la cuestión central de este encuentro: la necesidad de que se haga justicia y que las mujeres del exilio salgan del anonimato para participar en las negociaciones de paz.
María Emma Wills se lleva la demanda de estas mujeres para participar en las conversaciones de La Habana, un espacio que define como “absolutamente patriarcal. La mesa de mujeres fue compuesta a posteriori y en la representación del gobierno hay una sola mujer plenipotenciaria”.
El trabajo no se limita a las jornadas, se extiende durante las comidas, los paseos, la vuelta al hotel. Mujeres supervivientes, mujeres incansables, mujeres que lo perdieron todo por defender los derechos humanos en su país y que han optado por seguir defendiéndolos en España, de la mano de personas de otras nacionalidades, porque, como ironizaba Alba Teresa, vienen del futuro para advertirnos de las amenazas a las que nos enfrentamos. Y como citaba Betty Puerto para cerrar su conferencia cuentan con su memoria, “Una memoria que es como agua que corre y deja huella, a la vez que limpia y alimenta la tierra para que broten nuevas vidas”.
