Por Diego Árguedas Ortiz
La ausencia de un reglamento sobre cómo aplicar el aborto terapéutico en Costa Rica, obliga a las mujeres a depender de la interpretación de los médicos sobre las circunstancias en que puede realizarse el procedimiento, aun en los supuestos en que es legal.
El artículo 121 del Código Penal de Costa Rica establece que el único aborto impune (legal), es solo aquel que realizan profesionales de la medicina “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, en la práctica las autoridades de salud reconocen únicamente el riesgo para la vida de la madre como causa para interrumpir el embarazo.
“El problema es que hay muchas mujeres que cumplen con las condiciones de este artículo, ellas piden el aborto terapéutico y se les niega con el argumento de que no hay riesgo para su vida”, explicó a IPS la abogada Larissa Arroyo, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir.
“No es un problema de leyes, sino de interpretación de leyes”, explicó la representante de la organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Arroyo y otras activistas impulsan que Costa Rica acepte en este tema la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, un concepto asociado al bienestar físico y mental de las personas.
A falta de mayor claridad sobre cómo atender a mujeres embarazadas que solicitan la interrupción del embarazo, muchos médicos de los hospitales públicos rechazan realizar el procedimiento, que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel, e incluso más si se dan algunos agravantes.
“Es complicado porque en la interacción que hemos tenido con doctores y doctoras, ellos nos dicen: ‘Vea, yo lo haría, pero no me lo permiten’”, explicó Arroyo.
Otros aducen objeciones de conciencia, vinculadas con el peso conservador de la dominante Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.
En Costa Rica, el aborto está penalizado en todas las demás causales consideradas terapéuticas, como violación, incesto y malformación del feto, pero las activistas subrayan que en esos casos la salud emocional de la mujer se ve muy afectada.
“Muchas mujeres no piden la interrupción porque creen que está prohibido. Si las mujeres creen eso y también los doctores, no hay quien demande los derechos”, sostuvo Arroyo.
Esto deja en situaciones críticas a mujeres como Ana y Aurora, dos de las costarricenses que en los últimos 10 años estuvieron embarazadas de un feto que sabían que no sobreviviría, pero que los médicos no les permitieron abortar.
A finales del 2006, Ana quedó embarazada y una revisión médica tras seis semanas de gestación reveló que el feto padecía encefalocele occipital, una condición que provoca una hernia en la zona craneal incompatible con la vida fuera del útero.
Ante esa certeza, la mujer, entonces de 26 años, solicitó un aborto terapéutico y argumentó que gestar un feto sin posibilidades de sobrevivencia le producía depresión y problemas psicológicos. Pero las autoridades médicas y la Corte Suprema de Justicia desestimaron su demanda y tras siete horas de parto, su hija nació muerta.
La Colectiva y el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Washington, llevan el caso de Ana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el de Aurora, quien también reclama al Estado el haberle negado su derecho al aborto terapéutico.
Su caso es muy similar. En 2012, su feto desarrolló un síndrome llamado abdomen pared, donde se tiene abierta la pared abdominal y expuestos órganos claves como el corazón, el hígado y los intestinos. Sin haber desarrollado las piernas y con una escoliosis grave, su hijo murió inmediatamente después del parto.
El Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) manifestó en 2011 que “preocupa que las mujeres no tengan acceso al aborto legal, debido a la falta de directrices médicas claras en que se esboce cuándo y cómo puede hacerse un aborto legal”.
Por ello, demandó al Estado costarricense que elabore directrices médicas sobre el acceso legal, las difunda ampliamente y, adicionalmente, estudie la legalización del aborto en casos como la violación y el incesto.
A las presiones internacionales se acaba de sumar la nueva jueza de la Corte Interamericana de Justicia, la costarricense Elizabeth Odio, quien aseguró que “es obvio que se debe aplicar el aborto terapéutico que ya está en nuestra legislación”, en una entrevista con el diario local La Nación el 20 de este mes.
“Hay médicos que creen que es un crimen el aborto terapéutico y ponen en riesgo la vida de la mujer”, puntualizó la magistrada del tribunal interamericano, con sede en San José.
En marzo, el ministro de Salud, Fernando Llorca, admitió que “ha surgido el debate sobre la necesidad de desarrollar una norma de aborto terapéutico. La necesidad sí ha surgido y el debate está en el país”.
Las activistas apuestan por un protocolo que regule el aborto impune, que establezca la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que rige el sistema público de salud y maneja la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los hospitales. Pero su avance está empantanado desde 2009.
“Con la Colectiva y la CCSS trabajamos durante varios años un protocolo, pero las autoridades de la Caja al momento de estar terminado lo remitieron a otra instancia e intervino la opinión personal de funcionarios y funcionarias que pasan más por lo emocional que por lo legal”, dijo Ligia Picado, de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).
La activista, integrante de una de las organizaciones de la sociedad civil que más de cerca trabaja temas de derechos sexuales y reproductivos, explicó a IPS que “la dificultad es que no hay protocolo o una norma que respalde al personal de salud para que implemente el derecho de las mujeres”.
A su juicio, el protocolo es especialmente urgente para las mujeres “que no tienen recursos para poder acceder a un servicio médico clandestino”, al contrario que otras que cuentan con posibilidades de costear alternativas dentro o fuera del país para interrumpir un embarazo que afecte su salud física o emocional, explicó Picado.
Los datos sobre abortos en este país de 4,7 millones de personas son más que exiguos. Según estimaciones de 2007 de la ADC, cada año se producen 27.000 abortos inducidos clandestinos, mientras no hay datos de aquellos realizados legalmente en centros públicos o privados.
Grupos de la Asamblea Legislativa han empezado a moverse para presionar a la CCSS para que apruebe el protocolo y el 17 de junio la Comisión legislativa de Derechos Humanos envió una carta a la Presidenta de la caja.
“Esperamos que llegue hasta las autoridades de la CCSS la necesidad de emitir la directriz de que los médicos no pueden alegar objeciones de conciencia y tienen que cumplir con la normativa costarricense”, explicó a IPS la diputada opositora Patricia Mora, quien promovió la misiva.
Editado por Estrella Gutiérrez
