Las fuerzas del orden cometieron violaciones de los derechos humanos y vejaciones de diferentes tipos contra ciudadanos musulmanes y sobre todo contra los de origen somalí, durante las operaciones de lucha contra el radicalismo islámico. La Comisión de Derechos Humanos de Kenya, junto a Human Rights Watch ha preparado un informe en que se denuncian abusos y falencias de las fuerzas del orden kenianas.
En el informe ‘Insulto a Injuria: los ataques de Lamu y Tana River en el 2014 y la respuesta abusiva de Kenya’ (‘Insult to Injury: The 2014 Lamu and Tana River Attacks and Kenya’s Abusive Response’) los expertos acusan además a los responsables de la seguridad nacional de no haber logrado proteger a la población de los ataques del movimiento extremista Al Shabaab, “a pesar de que habían recibido informaciones detalladas sobre tiempos y lugares de los ataques”. El ejército y la policía también habrían incurrido en acciones violentas y abusos contra las comunidades musulmana y somalí.
La violencia y los arrestos arbitrarios son calificaos de práctica habitual por los autores del infirme que, entre otras cosas, cita 108 caos de arrestos irregulares, ninguno de los cuales luego concluyó en condena. “Esta situación –dicen los autores– ha tenido consecuencias doblemente negativas: pro un lado ha dejado en la impunidad a los responsables de los ataques, y por el otro ha comprometido fuertemente la credibilidad y la confianza en las fuerzas del orden”.
“Creo que en cierto momento han dejado de golpearnos sólo porque se cansaron”, cuenta una víctima de las palizas, que había sido detenido el año pasado en la zona de Lamu. Activistas y expertos en derechos humanos han puesto en guardia al gobierno de Kenya sobre el hecho de que tomar como blancos a los ciudadanos somalíes o a la minoría musulmana corre peligro de favorecer la radicalización de los jóvenes musulmanes.
“Una respuesta que ignora los derechos fundamentales no puede ser eficaz y existe el peligro de que empeore la situación”, observó Davis Amlombe, vicedirector de la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, quien pide una reforma estructural de las fuerzas de seguridad, y el fin de la impunidad para los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Luego de meses de batallas judiciales, la semana pasada la Corte Superior de Mombasa, la ciudad costera más importante de Kenya, anuló la prohibición de dos organizaciones no gubernamentales que habían sido etiquetadas como promotoras del terrorismo” por presuntas relaciones con el grupo islámico Al Shabaab. Haki Africa y Muslims for Human Rights (MUHURI, Musulmanes por los Derechos Humanos), habían sido atacadas por el gobierno junto a otras 13 ONG en diciembre pasado, semanas después de la promulgación de la controvertida ley “antiterrorista”, aprobada luego de la muerte de más de 60 personas en dos atentados en el norte de Kenya, reivindicados por Al Shabaab.
