En el Programa En la Oreja Internacional, por Radio Pichincha Universal, entrevistamos a José Carlos Rivadeneyra, quien hace parte del equipo de Pressenza en la redacción Perú. Es comunicador, periodista, docente, y un activista de los derechos humanos en el Perú. Las mineras quieren avanzar y la gente no las quiere dejar. Este es el punto. El conflicto entre las mineras y las comunidades peruanas tiene una larga y triste historia. Hoy se reaviva con las delcaraciones del presidente Ollanta Humala que ha dado la luz verde al proyecto denominado Tía María. Las movilizaciones no se hicieron esperar, y la represión, lastimosamente, tampoco. Para explicarnos lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, tenemos aquí a José Rivadeneyra.
P: ¿Qué es el proyecto Tía María y por qué vuelve a primera plana en este momento en Perú?
JR: El proyecto Tía María responde al intento que ha venido desarrollando la empresa Southern Perú Copper Corporation. El proyecto se ha batallado desde 2003 y ahora, además de su fase exploratoria se busca iniciar su fase extractiva. Desde su planteamiento, el proyecto ha sido rechazado por la población y con los años, el gobierno le ha ido facilitando más las cosas. En este momento estamos en medio de un grave conflicto social y un sostenido paro regional en la zona de Arequipa.
P: ¿Cuántos días llevan de paro, José? ¿Y cuáles son las demandas de la población en contra del proyecto? ¿Por qué la población no quiere ese proyecto? ¿Cuáles son sus razones?
JR: Entre las razones se encuentra que la Southern Perú Copper ha sido muy observada en Perú. Como saben, es una empresa mexicana, y esta empresa, en enero de este año ha sido sentenciada por un grave delito en materia ambiental. Han pedido pena efectiva de cárcel para el Presidente Ejecutivo, una pena efectiva por dos años, y luego, se le ha pedido una reparación civil de un millón de dólares por haber contaminado el mar de Ilo, el mar peruano. Pero además es una empresa que a lo largo de los años en los que ha venido desarrollando su actividad extractiva, ya ha sufrido otras multas. Por ejemplo, la OEFA (el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) la ha multado catorce veces por haber impactado severamente en varias zonas del Perú, regiones como Moquegua,Tacna, Apurímac, Arequipa. Entonces esta empresa tiene mucha observación por parte de la población, y hace unos días atrás se acaba de evidenciar que intentó pagar a los dirigentes que lideraban las acciones de defensa de la población de Islay.
P: Pero eso significaría que ¿si fuera otra empresa, la población no protesta? ¿O hay otras razones?
JR: Esta es la razón central. Ustedes saben que el problema en Perú es el modelo que tiene. Un modelo en el cual el gobierno, en su imposibilidad y en su farsa (porque mintió mucho), le ha encargado el desarrollo del país a las empresas, al capital. Entonces, siendo el Perú un país rico en recursos naturales y extractivos, ha sido encargado a las empresas, que van ofreciendo por dónde quieren meter el dinero, y el Estado va generando el parámetro jurídico, desarrollando modificaciones jurídicas para permitir este ingreso de los capitales y así estas actividades extractivas aporten más dinero al PBI. Hay toda una propaganda en la que dicen que la única forma en que el Perú pueda avanzar es a partir de la actividad extractiva, que es lo que da dinero, y eso está instalado en la gente. Entonces, la gente dice, por un lado: “Está bien que venga la inversión”, pero por otro lado se va topando con la realidad que es muy concreta, que atenta contra toda posibilidad de desarrollo, porque contamina la tierra, el aire, los alimentos… Entonces, es como que se están abiendo los ojos y ya no solo están diciendo “no” a la empresa, sino también están diciendo “no” a esta forma de llevar adelante el desarrollo del país.
P: Una cuestión muy preocupante ha sido (por lo menos desde afuera y supongo que para ti y para la gente de Perú también) la reacción de las autoridades frente a las movilizaciones contra la minería. No solamente en este momento. Desde años atrás, cuando el pueblo peruano se ha movilizado, la reacción siempre ha sido represiva. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es la respuesta del gobierno, de las autoridades, frente a lo que está viviéndose en Arequipa?
JR: Ha sido terrible. Ha sido muy trágico. Directamente por las protestas, han muerto dos campesinos y un policía. El gobierno ha reaccionado militarizando el conflicto y enviando a la zona a 5100 policías más todo el contingente militar, y dentro de ese contingente militar han enviado a un equipo especializado en intervención terrorista. O sea, tenemos que la respuesta del gobierno a tanta exigencia de justicia y de diálogo, ha sido militarizar el conflicto, con lo cual, vemos que esta cosa no da para más.
P: ¿Que la situación va empeorando, dices tú? ¿Que el conflicto se va tensando cada día más? ¿Esa es tu mirada en este momento?
JR: Claro que sí, porque además va demostrando que lo que hace el gobierno es, como sea, facilitar la intervención minera, y para eso hace seguro el país, a partir de ir sembrando una nueva forma de terror. Es más, ellos no han declarado el estado de emergencia, pero sí han militarizado. Han aprobado una nueva modificación con respecto al tipo de intervención extractiva que se va a llevar adelante, cuáles son estos parametros que el Estado ahora exige para que se lleve adelante estas acciones, con lo cual, nuevamente, se atenta contra las poblaciones.
Te doy un ejemplo: antes, para que las poblaciones decidan si entra la empresa o no, tenía que decidirlo las dos terceras partes de la comunidad presente. Ahora esto se ha cambiado y es solamente con la junta directiva. Si la junta directiva de la comunidad aprueba, entra la empresa. Y eso ahora es lo que se ha modificado.
Otra modificación que han hecho es que, antes teníamos una ley que exigía que sobre todo se le dé la prioridad tanto a la empresa como a las comunidades, que se pudiera tener la misma responsabilidad del Estado de velar porque la relación sea armónica. Pero luego desarrollaron un Decreto Supremo para permitir que la empresa tenga mayores privilegios frente a las comunidades. Entonces, las evaluaciones de impacto ambiental hoy no tienen que ser resueltas por organismos internacionales, sino solo el Estado es el que lo resuelve.
Por ejemplo, en el caso de Tía María, una oficina de proyectos de Naciones Unidas le aplicó 136 observaciones al estudio de impacto ambiental de la Southern Perú Copper en Tía María. Y, ¿qué pasó? Al año siguiente el Estado peruano levanta todas esas observaciones. Cuando la población preguntó por qué el Estado, y no la misma oficina que le hizo esas observaciones, está absolviéndolas, el Estado invalidó a la oficina de Naciones Unidas y se impuso y dijo que el proyecto está correcto y todo marcha hacia adelante.
P: Claro, justamente, José, con lo que nos está contando, estamos viendo cómo se instala esta corrupción, en muchos casos, a veces por esa necesidad de los gobiernos de querer justificar de alguna manera esos parches que puedan ir poniendo en la sociedad. Justamente en el programa anterior hablábamos de que en Canadá, una minera no iba a poder hacer su explotación de uranio por el impacto ambiental que iba a tener y porque la población se oponía, y pensábamos que esos requerimientos que se le exige en Canadá se le debe exigir en todos lados. No puede ser que vengan a nuestros países a imponernos otra manera de negocio que nos arruinan para muchas generaciones. Pero a la vez pienso que es necesario que haya gobiernos muy fuertes para que se puedan oponer a estos poderes.
JR: Te cuento que salió el presidente Humala, y ¿sabes qué dijo? Que la empresa tenía que hacerse cargo, con lo cual trasladó su responsabilidad, la responsa bilidad del Estado a la empresa, y que es la empresa la que tiene que dar una respuesta. Pero de que el proyecto (este proyecto que tiene un gran impacto ambiental), sí iba. Esa fue la respuesta del presidente, televisada a nivel nacional.
P: Bien, sí, me parece que el Estado debería poder exigirle responsabilidad a las empresas, y no pedírselas. De todas maneras, ahí entramos en un terreno muy amplio, de muchas interpretaciones, también de muchas lecturas, pero sin duda parece que lo más importante era poder denunciar, justamente, cómo se avasalla la voluntad de los pueblos en este sentido, no solo por parte de las empresas privadas que, me parece, son las principales responsables de todo esto, y después a través de las fuerzas de seguridad que reprimen hasta matar, y ahí sí ya es el Estado el que debe tomar las riendas para dar otro tipo de respuesta.
JR: Bueno, a la fecha hay 146 conflictos sociales en Perú. Y esto es creciente. Tenemos varios manifiestos y varios latentes, y el Estado no lo ve.
Además ha pasado algo trágico, porque eso compete al tema de comunicaciones, porque lo que han hecho es hacer un trabajo mancomunado con algunos medios de comunicación que se han sumado a estos atentados contra la vida y contra el derecho a la protesta. Otra cosa: el gobierno peruano ha criminalizado la protesta social. Entonces, en el marco de esta criminalización, se logró, a partir de un video que grabó un medio independiente, ver cómo un policía le ponía un arma punzo cortante en la mano a un campesino detenido, y el policía alzaba la mano como diciendo: “estos son los terroristas anti mineros” (que es el apelativo que les han puesto), y cómo el periodista (que pertenece al grupo que maneja el 78% de medios escritos en el país) tomaba las fotos, y al día siguiente aparecía la imagen del campesino con el arma y se leía que era por eso necesaria la acción de las fuerzas armadas, con lo que justificaban una muerte.
Transcripción: Fernando Torres
