El plan de choque de Barcelona en Comú plantea garantizar la alimentación de los jóvenes, impulsar la lucha contra la precariedad desde el Consistorio, una moratoria inmediata a la concesión de licencias hoteleras o medidas ejemplarizantes como la retirada de coches oficiales y dietas «injustificadas».
Por Joao França y Pau Rodríguez
En febrero, Barcelona en Comú presentaba un plan de choque para sus primeros meses de mandato y, ahora, después de ganar las elecciones, serán las primeras medidas que llevarán a cabo. El plan se centra en cuatro ejes: crear empleo digno, diversificando el modelo productivo; garantizar derechos básicos; revisar privatizaciones y proyectos contrarios al bien común; y hacer borrón y cuenta nueva y acabar con los privilegios.
Para las principales medidas de este plan, el equipo de Colau cuenta con hacer una inversión aproximada de 160 millones de euros durante el último trimestre de 2015 y el primer semestre de 2016, que, apuntan, “representa una parte razonable de un Presupuesto municipal que gira en torno a los 2.370 millones de euros”.
El escenario, sin embargo, no se lo pone fácil. Por un lado, tendrán que buscar pactos con otras formaciones –esta mañana Colau apuntaba a ERC, PSC y CUP– para sacarlas adelante. Por otro, se encontrarán con dificultades para revertir medidas ya puestas en marcha por el actual Gobierno, desde la reforma del Port Vell hasta las obras de la Diagonal. En la rueda de prensa de este lunes, Colau aseguraba que el Consistorio de Xavier Trias sigue cerrando contratos «a última hora» que comprometen los presupuestos de los próximos años.
1. Combatir la precariedad desde el Ayuntamiento
Una de las medidas estrella de la candidatura en materia de ocupación es la creación de “un sello municipal de calidad de la contratación del Ayuntamiento”. Su idea es utilizar las herramientas del Consistorio para velar por las condiciones laborales de los y las trabajadoras, lo sean del Ayuntamiento o de empresas subcontratadas. Se comprometen a revisar las cláusulas de los contratos vigentes y a incorporar en las cláusulas de cualquier contratación del Ayuntamiento condiciones de respeto a los derechos laborales para combatir la precariedad. Este plan de choque también determina iniciar acciones de control de las condiciones laborales en las empresas instaladas en la ciudad.
Por otro lado, plantean un programa de formación y creación indirecta de empleo sostenible para generar a corto plazo 2.500 puestos de trabajo con un inversión de unos 50 millones de euros. El programa se concentrará en cinco áreas: a) rehabilitación energética de viviendas; b) prevención y gestión sostenible de residuos; c) apoyo y fortalecimiento del tejido comercial de proximidad; d) atención y cuidado de las personas, especialmente niños, mayores y personas con dependencia; f) fomento de la economía cooperativa y de su actualización tecnológica.
2. Garantizar derechos sociales
En materia de derechos sociales, los ejes son seis: vivienda, alimentación, suministros básicos, salud, movilidad y derecho a una renta municipal complementaria. Se comprometen a dedicar «el máximo de recursos del Ayuntamiento a evitar los desahucios por razones económicas y a garantizar un realojo digno a quienes lo necesiten». Con una inversión inicial de 50 millones de euros, plantean explorar la posibilidad de que todo Barcelona sea una zona de tanteo y retracto, para que el Ayuntamiento tenga prioridad en la compra de inmuebles, por debajo del precio del mercado, para dedicarlos a uso social.
Se comprometen a establecer una mesa de negociación con las entidades financieras que ejecutan desahucios y/o tienen viviendas vacías y, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, imponerles las sanciones que establece la ley catalana de 2007 de derecho a la vivienda y que reivindica la PAH en una moción que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento. También impulsaran la cesión de pisos particulares al Consistorio para fortalecer el parque de alquiler social y un trabajo de apoyo a los trabajadores sociales.
En materia de alimentación ponen el acento en la infancia y la adolescencia y cuentan con dedicarle 20 millones de euros. Reforzarán los servicios de comedor desde las guarderías hasta los institutos de secundaria y aumentarán la oferta de plazas gratuitas, con servicio de alimentación, en actividades de ocio durante las vacaciones, para que niños y jóvenes dispongan de comedor todo el año. También se comprometen a revisar los baremos de acceso a becas comedor y reforzar canales de distribución de alimentos que no estigmaticen.
Para responder a la pobreza energética, Barcelona en Comú pretende destinar un fondo de cinco millones de euros para los casos más urgentes. Más allá de esto, plantea una auditoría de los costes de estos servicios y una mesa de negociación para que las distribuidoras contribuyan a garantizar el acceso a suministros básicos. En relación al agua se comprometen a «introducir tarifas más justas» e iniciar los estudios para la remunicipalización del agua, una de las apuestas más sonadas de la campaña.
El gasto público en salud, apuntan, debería estar financiado por la Generalitat, pero se plantean una inversión de unos cinco millones de euros en sus propuestas. Se comprometen a poner en marcha campañas de acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a presionar a la Generalitat desde el Consorcio Sanitario para «revertir la actual política de recortes y privatizaciones de servicios».
En materia de transporte, una medida que se comprometen a llevar a cabo en los primeros 100 días es la licitación dentro de los 100 primeros días de la redacción del proyecto para ampliar el tranvía por la avenida Diagonal, a pesar de que acaba de ser reformada por el Gobierno de Trias. Plantean la gratuidad del transporte hasta los 16 años y un 80% de descuento en los abonos trimestrales para las personas en paro o con una renta inferior al salario mínimo interprofesional.
La candidatura se compromete a crear una renta municipal complementaria para todas las familias bajo el umbral de la pobreza que se sume a las prestaciones ya recibidas hasta llegar al 60% de la renta media de ciudad, de unos 600 euros. Para eso dedicarán una inversión inicial de 25 millones de euros. También plantean abanderar la defensa desde Barcelona de una Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya.
3. Ni coches oficiales ni dietas «injustificadas»
«Acabar con los privilegios y predicar con el ejemplo». Este es otro de los objetivos inmediatos del equipo de Colau, al menos sobre el papel del plan de choque. Entre estos privilegios se incluyen los coches oficiales y las dietas «injustificadas», es decir, las que se perciben por reuniones que ya forman parte del cargo, así como unos salarios que quedarán recudisos –sin especificar–. El documento menciona también la revisión de subvenciones «innecesarias» como lo son, según apuntan, los cuatro millones que venía concediendo anualmente el Consistorio al Circuito de Montmeló.
El plan prevé «auditar el estado real de las instituciones y las cuentas municipales», aunque Colau no ha querido concretar todavía cuáles serán las entidades municipales que se van a fiscalizar. Sí aparecen en el documento los consorcios de la Fira de Barcelona o el de la Zona Franca, entidades públicas en las que el Ayuntamiento juega un peso determinante y en las que habrá que revisar la aportación económica y «reforzar el papel de las entidades sociales», según BComú.
4. Fin de las externalizaciones
La formación de Colau apuesta por «revertir» los procesos de privatizaciones impulsados por el Gobierno municipal convergente, aunque reconoce que en muchos casos no será fácil y habrá que «plantearse estrategias judiciales diversas», dado lo avanzado de algunas de estas externalizaciones. Quizás es en este punto donde entra más al detalle. BComú plantea una moratoria inmediata a la concesión de licencias a hoteles y apartamentos turísticos, mención especial al caso de Deutsche Bank.
Entre otras grandes –y discutidas– apuestas de Trias, el plan de Colau prevé revisar la reforma de la marina de lujo del Port Vell –muy cuestionada por una supuesta entrada de dinero de paraísos fiscales– o la participación en proyectos como Sagrera Kids o la pista de esquí en Zona Franca, así como la marcha atrás en la externalización de las guarderías. Hay que remarcar que el plan de choque siempre habla de «paralizar o revisar» estos proyectos.
