David contra Goliat: los abogados que vencen a las grandes empresas

El 15 de abril, los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada aguardaban a las puertas del Tribunal Supremo. Esperaban lo que finalmente se produjo: la anulación del expediente de regulación de empleo que la empresa había presentado más de un año antes. Detrás de la victoria de la plantilla, una de las más emblemáticas de los últimos años, estaba uno de los abogados laboralistas más reconocidos: Enrique Lillo, de Comisiones Obreras.

Como él, decenas de abogados trabajan en la trastienda de los sindicatos preparando las estrategias con las que ganar los conflictos laborales. Enfrente, bufetes conocidos -y con muchos más recursos económicos- como Sagardoy, Garrigues, Cuatrecasas o Jiménez de Parga.

«Vimos desde el principio indicios claros que nos llevaron a pensar que podíamos ganar: que habíamos pedido información y no nos la daban, que la reestructuración de las embotelladoras no se había hecho correctamente…», recuerda Lillo sobre el proceso de Coca-Cola. De ahí se lanzaron a un pleito que ha durado catorce meses y que aún no ha terminado, aunque todos los pronunciamientos judiciales han sido favorables a los trabajadores.

El rival no era pequeño: la empresa contrató al bufete Sagardoy -que asesoró al Gobierno en la última reforma laboral- para pilotar el ERE, que a su vez trabajó con Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro.

¿Cómo enfrentarse en los tribunales a estos despachos? «Hay que contrarrestarlos con medios propios. En nuestro caso, el abogado que lleva el caso lo analiza, y consulta con el gabinete de estudios en Albacete, que hace un informe. A partir de ahí preparamos el enfoque y la estrategia, siempre coordinados. Nuestro gabinete tiene una base de datos enorme, consultamos jurisprudencia, fortalecemos la base jurídica del caso», explica Lillo.

Las grandes empresas que contratan a estos bufetes llegan a invertir presupuestos que superan las seis cifras para diseñar y ejecutar sus despidos colectivos. Los despachos, a su vez, encargan informes a consultoras como KPMG o PwC por los que pagan miles de euros. «Cuando nos enfrentamos a un procedimiento así el principal problema es que estos despachos tienen unos recursos económicos de los que ningún sindicato dispone. Pagan a consultoras para que les hagan informes que jusitifiquen sus medidas y presentar así una opinión objetiva», asegura Jacinto Moreno, abogado del gabinete de CGT.

Sin embargo, y a la luz de las sentencias de los últimos años, el dinero no ha sido suficiente en un buen número de casos. Moreno ha participado en algunos de ellos, como el de Atento, Telemadrid, Canal 9 o Unipost. «Hay pocas empresas que se sienten a la mesa de negociación honestamente. Nosotros tratamos de demostrar que no existen las causas para despedir que alega la empresa o que no siempre se han agotado todas las posibilidades antes de llegar al despido», señala.

Así sucedió en el caso de Telemadrid, gestionado por Cuatrecasas, cuyo ERE fue declarado improcedente. Los sindicatos trataron de presentar planes alternativos de recorte del gasto. «Muchas veces las empresas se cierran a estas medidas, como en este caso, y eso en los tribunales es lo que nos permite argumentar que no han valorado otras opciones ni han justificado que los despidos eran estrictamente necesarios», dice Moreno.

Uno de los límites que los tribunales han marcado desde la aprobación de la reforma laboral es precisamente la existencia de buena fe negocial por parte de las empresas. «Estos despachos pecan de prepotencia, a veces no son lo suficientemente cuidadosos porque piensan que les va a ir bien igual», apunta el letrado.

El paraguas de la legislación internacional

Tras la última reforma laboral, planear la estrategia en este tipo de procesos es aún más difícil. La legislación internacional ha resultado clave. «La Carta Social Europea, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo… nos están siendo muy útiles. Antes, España estaba por encima de esos estándares, ahora no, pero está obligada a respetarlos», afirma Enrique Lillo.

No todos los conflictos son grandes despidos. Otros, menos sonados, derivan en jurisprudencia que asienta derechos. Es el caso del conflicto colectivo con el que los trabajadores de Makro consiguieron que la empresa pusiera un comedor para la plantilla. Un asunto aparentemente menor, pero que sirvió para que el Tribunal Supremo confirmara la vigencia de una norma que data de 1938 y constatara que las empresas tienen la obligación de instalar el comedor y proveer de medios a los trabajadores. El proceso duró ocho años.

Bernardo García es abogado de UGT y estuvo involucrado en el proceso: «No tenemos los medios de los grandes despachos, pero tenemos equipos de muchas personas, un equipo muy poderoso de gente que se coordina, que trabaja en red, que está al tanto de todas las novedades. Ahí donde no llega nadie en la reclamación de derechos porque no es rentable, llegamos nosotros».

Uno de esos casos, no solo poco rentable, sino en el que el derecho reclamado era ya irrecuperable, es el de una cajera de Alcampo, que peleó en los tribunales por una reducción de jornada por guarda legal. «Fuimos al Constitucional, aunque ya sabíamos que para cuando se pronunciara su hija ya no tendría la edad para que ella pudiera acogerse a la reducción de jornada. Fue para que sirviera para otras personas», explica García. El Constitucional dio la razón a la trabajadora, pero el sindicato recurrió también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir una indemnización que le compensara por el derecho dejado de disfrutar. También lo consiguieron.