Lo dijo a Infojus Noticias Diego Marcer, uno de los 350 jóvenes que fueron detenidos el sábado en la ciudad de Córdoba, en un espectacular operativo con unos 1500 uniformados. La mayoría fueron apresados por supuestas contravencionesy no por infracciones al Código Penal. Organizaciones sociales de la provincia denunciaron abusos.
Por Waldo Cebrero para Infojus Noticias
Agustín Hernández jugaba a la pelota con amigos en la esquina de su casa. Hugo Ludueña esperaba el colectivo. Diego y Emanuel Marcer lavaban el Fiat 147 color naranja de la familia. Un vecino caminaba con su perro por la plaza del barrio. Otros jugaban un partido en un potrero. En eso estaban, el sábado a la tarde, cuando un violento operativo de la Policía de Córdoba los arrancó de su rutina. El operativo fue una verdadera razzia que pasó por al menos doce barrios humildes de la ciudad y arrojó como resultado la detención de 350 jóvenes, en su gran mayoría varones, que pasaron entre 12 y 20 horas en calabozos hacinados y sin alimentación, según denunciaron.
“Cuando preguntaba por qué estaba preso, me hacían callar con un chirlo”, contó a Infojus Noticias Diego Marcer. Antes de ser liberados, les advirtieron: “Pórtense bien, no salgan a la calle, porque estos operativos van a seguir hasta las elecciones”.
Oficialmente, la fuerza policial anunció como “exitoso” el operativo del que participaron 1500 uniformados, incluidos miembros de la fuerza de elite ETER. “Estamos trabajando con una fuerte ocupación territorial en todo el ámbito de la ciudad. Son operativos sorpresa. La mayoría de los detenidos han evadido los controles, se han hecho persecuciones, y por ello se los ha puesto a disposición del juez de faltas”, dijo el subjefe de la Policía, Mario Tornavaca.
Un relevamiento realizado en las fiscalías provinciales por el multimedio SRT, de la Universidad Nacional de Córdoba, dio por resultado que al menos 345 jóvenes fueron demoradas por supuestas contravenciones al Código de Faltas y no por infracciones al Código Penal. En tanto, los juzgados de Control 4 y 5, de turno entre el viernes y el domingo, negaron haber librado órdenes masivas de allanamientos.
Agustín, Diego y Emanuel fueron a parar a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) Norte, que funciona en barrio Alta Córdoba. “Había gente hasta en los baños”, cuenta Diego. Las situaciones de abuso policial continuaron muros a dentro. Mientras tanto, el sábado a la noche, un centenar de madres se reunió en la puerta de la UCA para preguntar por sus hijos.
Una de ellas era Marta González, madre de Agustín. “Cuando los chicos salieron, nos dijeron: ‘Cuiden los chicos, que no salgan a la calle porque los operativos van a seguir hasta las elecciones”, contó a Infojus Noticias.
El Código de Faltas es el pilar de la política de seguridad de Córdoba. Es la única ley contravenciones que permiten las detenciones por “merodeo” y los uniformados se sirven de ella para aumentar estadísticas con detenciones masivas a jóvenes inocentes. Por promover esa práctica, el Comisario Pablo Márquez irá a juicio en los próximos meses.
Hugo Ludueña esperaba el colectivo de la línea 18 en barrio Quintas de Arguello, cuando tres móviles lo cercaron. Un uniformado le pidió documento. Otro lo empuja, provocándolo. Otro lo apuró: “Subilo, si total todo suma”. E el móvil, camino a Villa Allende, ciudad del gran Córdoba, Hugo escucha por radio frecuencia: “Levanten al que camine, porque tenemos que juntar 60”. En la comisaria, a Hugo lo desnudaron y lo revisaron. Salió la mañana del domingo, cuando otros sesenta jóvenes entraron en reemplazo.
“Pasé 15 horas en un calabozo con olor a bosta y no me dijeron por qué estaba preso. Me da bronca que los encargados de cuidarnos hagan todo para llenar planilla”, dijo a Infojus.
Violencia institucional
El próximo viernes 8 de mayo se conmemora el Día Nacional Contra la Violencia Institucional. Por estas horas, organizaciones sociales que participan de la campaña nacional evalúan en Córdoba cuáles serán las medidas a tomar. «Nos preocupa seriamente el violento accionar de la policía que prácticamente ocupó los barrios como si estuviéramos en estado de sitio. Las puertas de viviendas fueron derribadas a patadas, sin que se exhibieran órdenes de allanamientos», manifestó a los medios locales Magdalena Broca, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.
“Fue un abuso total. Los chicos detenidos fueron amenazados para que no vuelvan a salir a la calle”, denunció a Infojus Noticias Lucas Bruno, responsable cordobés de la Campaña contra la Violencia Institucional.
El megaoperativo fue la respuesta a una serie de manifestaciones vecinales por mayor seguridad en la ciudad. El propio jefe de la fuerza, Julio César Suárez (imputado por amenazar al periodista Dante Leguizamón por cubrir uno de esos operativos, en octubre pasado) coordinó los movimientos de sus hombres.
Los operativos y allanamientos masivos son una marca registrada de la cordobesa en esta década. Se incrementaron en abril pasado, también tras diversos reclamos vecinales por más seguridad. Por entonces Suarez comenzó a implementar “corralitos” que se trasformaban en verdaderas cárceles al aire libre, en las que exponía por horas a los detenidos. Los llamados popularmente “operativos humillación”, son la respuesta a los reclamos por seguridad en la provincia.
El domingo, el área de prensa y difusión de la Policía difundió el “botín” obtenido en los allanamientos: decenas de motos secuestradas y cientos de electrodomésticos, exhibidos como “recuperados”.
«La gente está reclamando legítimamente no ser víctima de delitos, pero la policía no va solucionar el problema con estos megaoperativos que sólo generan más violencia y miedo en la población. La raíz del problema está en las redes del narcotráfico, de la trata y de otros problemas que la policía no ataca porque es parte de esa red delictiva», consideró Broca, y añadió que lo que hace falta es el «rediseño de las políticas de seguridad».
