Los pueblos del Valle del Tambo, localidad peruana del Departamento de Arequipa, están reunidos en una nueva resistencia al proyecto minero Tía María. Después de dos meses de movilizaciones, para intentar impedir las operaciones del emprendimiento, el saldo es de dos manifestantes muertos, producto de la represión del Estado contra la insurgencia popular. A pesar del cerco policial armado, con 3 mil agentes estatales enviados desde varias zonas de Perú, la paralización de la región es total.

El pasado 12 de mayo, el embate fue desproporcionado. En la primera línea del enfrentamiento, mujeres agricultoras, «portando” cacerolas, intentaron impedir el avance de las tropas policiales y de las Fuerzas Armadas en el distrito, en el cual el 82% de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. La población local fue atacada por las fuerzas del Estado mediante golpes de bastones, disparos con armas de fuego y bombas de gases lacrimógenos.

Los agricultores Henry Checya Chura y Victoriano Huayna fueron muertos como consecuencia de la embestida policial. Trabajadoras y organizaciones sociales de Arequipa decretaron una huelga desde entonces, en solidaridad con los pueblos afectados por el proyecto Tía María.

Tía María es parte de una serie de proyectos que pretenden convertir al país en una potencia productora de cobre. Demanda una inversión del orden de los US$ 1,3 millones y comprende la explotación de yacimientos a cielo abierto. Junto con la mina La Tapada (ubicada en Pampa Yanamayo, en el distrito Alto Inambari, Provincia de Sandia), la meta es tratar 100 mil toneladas métricas diarias de material para producir 120 mil toneladas métricas de cátodos de cobre anuales.

Se calcula que su fase productiva comience en 2017, y que la operación se extenderá por 18 años de explotación de los recursos naturales de la región. Durante la concepción del proyecto técnico del emprendimiento —que establece informaciones como plan de la mina, localización de su área, modelo administrativo—, un total de 6.983 cuestionamientos fueron planteados por varios sectores, principalmente las organizaciones populares.

Los habitantes alertan que la presencia de la mina contaminará el valle. Desde 2009, los pueblos locales rechazan el proyecto minero y denuncian su impacto social y ecológico en cuestiones como la disponibilidad de agua y su consiguiente efecto sobre la producción de arroz, caña de azúcar, páprika. En el distrito de Cocachacra, área de influencia directa de la mina, viven 9.000 personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura.

Nueve meses atrás, en agosto de 2014, más de mil habitantes del Valle de Tambo, localidad de Cocachacra, realizaron una huelga preventiva de 48 horas. La medida fue una protesta contra la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de extracción de cobre Tía María en la región, de la empresa multinacional Southern Copper Corporation (SCC), que opera en México y Perú.

Marcela Belchior – Adital