Por Mario Sosa
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Miles de guatemaltecos se sintieron convocados y se movilizaron el 25 de abril (25-A-2015) para manifestar su rechazo rotundo a la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El detonante que motivó esta acción colectiva fue la captura de una red criminal, denominada “La Línea”, la cual operaba en la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), en varias aduanas y puertos del país. En esta estructura resultaron involucrados funcionarios de alto rango como el Secretario Privado de la Vicepresidencia, el titular de la SAT y su ex director, así como directores de aduanas y puertos, además de funcionarios menores. Fue relevante, asimismo, que en dicha estructura participaban personas vinculadas a estructuras contrainsurgentes y criminales manejadas por ex militares de mediano rango, como el Teniente “Jerez”, y de alto rango de viejo cuño golpista y mafioso. Están involucrados asimismo, empresarios que han sido tan corruptos y responsables como los funcionarios detenidos, y seguramente redes de tráfico ilegal de drogas que pudieron haber hecho uso de esta estructura.
La red criminal estaba ligada, íntimamente, a la Vicepresidenta Roxana Baldetti, como al Presidente, Otto Pérez Molina, siendo que el supuesto jefe de la red criminal era el mismo Secretario Privado de la Vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, así como otros personajes involucrados en negocios personales de ambos funcionarios. Hay indicios, por grabaciones a la red criminal, que en esta pudieran estar involucrados directamente el Presidente y la Vicepresidenta, lo cual no obstante, ya se maneja como vox populi y es parte de las motivaciones para la movilización social.
Más allá del hecho, interesa en este artículo hacer un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura, que pudieran ser útiles para pensar en nuestro posicionamiento y orientación política:
Judicialmente hace falta determinar hasta donde están involucrados el Presidente y la Vicepresidenta de la República. Esto pasa por la captura del prófugo Secretario Privado de la Vicepresidente, quien fue alertado por esta funcionaria estando ambos en un viaje en Corea del Sur. Asimismo, pasa por el compromiso real de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (organismo de la ONU gestado para contribuir en la investigación de grupos criminales en el país, siendo las graves falencias del sistema judicial guatemalteco) y el Ministerio Público por investigar a fondo. También por establecer hasta donde la acción de estos organismo está o no condicionada por fuerzas de poder reales como la Embajada de Estados Unidos y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. En este sentido la vigilancia y el seguimiento judicial por parte de la ciudadanía es esencial en este sentido.
La movilización tuvo como punto de encuentro la protesta y exigencia de renuncia hacia la Vicepresidenta y el Presidente. En general hubo poco protagonismo de fuerzas sociales y políticas convocando. Los partidos políticos no fueron para nada visibles, lo cual se podría interpretar como auto exclusión siendo el rechazo del cual gozan estas fichas o empresas electorales.
La protesta fue una muestra de indignación por un conglomerado social multi clasista, multi identitario y multi ideológico. Una movilización ciudadana, sin más, donde lo que dominó fue la idea de ser parte de un pueblo indignado. Aun cuando se replicó también en buen número de cabeceras departamentales, en la misma hicieron falta –por imposibilidad para movilizarse hasta esos espacios de centralidad– millones de guatemaltecos que se han visto afectados por la política del gobierno de Otto Pérez, que ha impuesto a fuerza de represión un modelo de acumulación de capital afincado en la explotación de la clase trabajadora y el expolio de los recursos naturales; asimismo, conglomerados que también cuestionan la corrupción y exigen la renuncia de los mandatarios, pero que viven en el área rural y lugares lejanos de los centros de convocatoria.
Esta movilización careció de conducción política (lo cual siempre debemos dudar, especialmente por como mueven sus hilos quienes tienen el poder real en este país: la oligarquía, G-8 o CACIF). Se careció, igualmente, de un planteamiento que trascendiera la sola exigencia de la renuncia y que propusiera un camino más claro a seguir. Esto en buena medida se debió al desprestigio en general del sistema de partidos políticos y muchos de los autodenominados líderes. Asimismo, al tino de coincidir en la búsqueda de denunciar al gobierno, exigir la renuncia de la Vicepresidente y el Presidente, y dar un golpe certero al gobierno y las pretensiones de su partido político, el Partido Patriota (PP), para seguir gobernando.
La movilización del 25 de abril asestó un duro golpe político –y mediático– al PP. Días antes había experimentado la renuncia de su presidenciable, el oligarca Alejando Sinibaldi, alcaldes, militantes, así como varios diputados que se habían insertado en dicho partido y en el organismo legislativo como operadores de grupos corporativos y del CACIF. Se prevé que otros diputados e inclusive algún ministro, presente su renuncia en los próximos días. En este momento, puede afirmarse, dicho partido resulta inviable como instrumento político y confirma la tendencia a que ningún partido que ha gobernado, vuelva a ganar una elección presidencial. Además, sus altos funcionarios quedan sujetos a investigación en lo que resta del periodo presidencial –tiempo durante el cual el Presidente y Vicepresidenta gozan de antejuicio- o posteriormente, siendo que la CICIG operará en el país por dos años más.
El Partido Líder y su candidato Manuel Baldizón quedaron evidenciados en su alianza con el Partido Patriota. No se ha pronunciado ante el grave hecho político-criminal, mientras los medios masivos vinculados a esta fuerza política invisibilizaron la protesta y exigencia de renuncia a los altos funcionarios implicados políticamente. Manuel Baldizón, además de liderar las encuestas referidas a las fuerzas en contienda hacia la elección de septiembre de este año, ha venido haciendo negociaciones con el actual gobierno tanto en el Congreso como en el organismo ejecutivo, con el objetivo de empezar a presionar por una política en función de sus intereses ante un eventual gobierno encabezado por él. La alianza PP-Líder se mantiene y sostiene al gobierno actual, mientras la oposición más incisiva expresada en el partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–, no constituye una alternativa, siendo que es una fuerza acuerpada por diputados tránsfugas –inclusive provenientes del mismo PP- y aliado con una de los grupos corporativos de cuño oligárquico en el país.
El carácter histórico de esta marcha ciudadana, podría abonar a la búsqueda de la oligarquía local que pretende reformar el Estado a su conveniencia. Es evidente como la oligarquía, no obstante que sigue dando curso histórico al Estado, ha estado enfrentando la disputa y pérdida parcial en el control de la institucionalidad pública: Quienes han estado disputándole ese control son, por un lado, burguesías emergentes devenidas de los negocios en el mismo aparato estatal y de los negocios del narcotráfico, y en segundo lugar, por elites militares, una de las cuales es encabeza el mismo Presidente de la República. La reforma desde la oligarquía, si bien se orientaría a mermar sustancialmente el poder de las mafias y las elites militares, dejaría intacto el Estado como un reproductor del modelo de acumulación de capital vigente. En la coyuntura actual esto sería lo más probable si es que logran potenciar el descontento y movilización a su favor y en esa dirección.
La izquierda política y social, por su parte, experimenta una profunda debilidad devenida de sus problemas ideológicos y políticos. Su fuerza es marginal debido, en parte, a su fragmentación. No obstante, la coyuntura política abre la posibilidad para su articulación. Está por verse hasta donde logra gestar un acuerdo político y por consiguiente un camino propio para orientar y aprovechar a su favor estas y las futuras movilizaciones desde los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad y de los pueblos originarios.
Sin duda, una exigencia es que la investigación criminal llegue hasta donde deba llegar, incluso hasta el Presidente de la República. Debe investigarse la línea y vínculo de la red criminal detectada con los ámbitos y funcionarios más altos de este gobierno. Esto con el objeto de desmontar las redes de corrupción y crimen, que están vinculadas con criminales devenidos de la política terror estatal durante el enfrentamiento armado interno, así como con las redes que se aprovecharon y aprovechan de la militarización, la privatización, las concesiones, los fideicomisos, etc. Asimismo, que se revele y procese a los empresarios y empresas involucradas.
Sin embargo, la perspectiva debiera trascender la mirada en torno al hecho de corrupción y la exigencia de renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, y la investigación y captura de estas y otras redes criminales. Esto sólo es parte de la agenda de corto plazo. En ese sentido es necesario pensar sobre el qué hacer desde quienes en general nos situamos en el polo popular de la lucha política. En ese sentido, surgen las siguientes preguntas íntimamente relacionadas:
¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar al Estado corporativo construido y manejado históricamente por la oligarquía (hoy G-8 y CACIF) y por el imperio estadounidense?
¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar al Estado militarizado, característica devenida de la alianza entre el grupo dirigente del empresariado y militares contrainsurgentes?
¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar el Estado cooptado por el crimen organizado?
¿Cuál va a ser nuestro proyecto político, el de la clase trabajadora, los pueblos, así como de múltiples sectores populares y sociales que planteamos la necesaria transformación del país?
Hoy muchos hablan de la reforma del Estado, de la refundación del Estado. El CACIF ha planteado una profunda reforma, y seguro la promoverá desde sus intereses de clase social. En esta lógica y como satélites del planteamiento conservador aparecen diferentes universidades, fundaciones, ONG y “movimientos”, como el Movimiento Cívico Nacional. También existen otros actores que están gestando o haciendo planteamientos con un carácter, diríamos, progresista, pero sin fuerza y claridad política alternativa: sin sujeto político. Hace falta que el polo popular geste su propia propuesta, de este o de otro tipo, con este nombre o con otro, pero orientada a transformar el país y desde los sujetos históricamente explotados y oprimidos.
Valgan estas reflexiones para sumar al análisis que necesitamos para enfrentar la coyuntura política actual. Asimismo, como aporte para permitirnos gestar (como proceso) el programa político, la estrategia compartida y el sujeto político articulado.
