La presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou[2], que decidió crear una comisión de auditoría de la deuda griega[3], me solicitó que colabore activamente en ella. Acepté asumir la coordinación científica de la comisión. La corresponsal de Le Monde en Atenas, escribió recientemente: «La presidente prometió sobre todo la creación en las próximas semanas de un comité de auditoría de la deuda griega. “Su objetivo es determinar su eventual carácter odioso, ilegal o ilegítimo de las deudas públicas contraídas por el gobierno griego”,precisó, haciendo alusión a los diversos casos de corrupción y a la opacidad que rodea la compra de armas por su país. “El pueblo tiene el derecho de demandar que la parte de la deuda que es ilegal, si eso resultara de la tarea de la comisión, sea anulada.” ». Es en este complejo contexto que escribo lo que sigue.
Sin pretensión de ser exhaustivo y de tener la última palabra, se puede avanzar las definiciones siguientes:
- Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en perjuicio del interés general.
- Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable.
- Deuda pública odiosa: originada en créditos concedidos a regímenes autoritarios, o imponiendo condiciones que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda.
- Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución condena a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de la salud y de la educación pública, al aumento del paro, incluso a la subalimentación. En definitiva, una deuda cuyo pago implica el no respeto de los derechos humanos fundamentales. En otras palabras: su reembolso impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales.
La participación ciudadana resulta fundamental de cara a un proceso de auditoría que se quiere sea riguroso e independiente.
Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:
La deuda griega, que representaba el 113 % del PIB en 2009 antes del estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika, que posee las 4/5 partes de esa deuda, pasó al 185 % del PIB en diciembre 2014. Por lo tanto, después de la intervención de la Troika se produjo un aumento muy fuerte de la deuda.
A partir de 2010 y hasta 2012, los créditos concedidos por la Troika a Grecia sirvieron en gran parte para reembolsar a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y francesas. Cerca del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos alemanes y franceses mantenían en torno al 50 % del total de los títulos públicos griegos.
Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos privados europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60.000 millones de euros, pasando de 80.000 millones a 140.000 millones), sin considerar la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problemas. Paulo Nogueira Batista y Philippe Legrain, eran respectivamente director ejecutivo del FMI y consejero del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en el momento del préstamo de la Troika en 2010. En un documental difundido recientemente por Arte,[4] M. Batista afirma que todos los administradores del FMI sabían antes de votar la concesión del préstamo que éste servía en realidad para «salvar a los bancos franceses y alemanes, no a Grecia». Philippe. Legrain lo completó precisando que: «los directivos del FMI fueron presionados por el director del FMI en ese momento, Dominique Strauss-Kahn, quien aspiraba a la presidencia de Francia, y por lo tanto no quería imponer pérdidas a los bancos franceses. Por otro lado, los bancos alemanes habían convencido a Angela Merkel de que sería dramático que perdieran dinero. Entonces los gobernantes de la zona euro decidieron hacer como si Grecia atravesara solamente unas dificultades pasajeras». Para ello, «eludieron un principio esencial de una cláusula de Maastricht, la que impide el rescate. Concedieron préstamos a Atenas no para salvar a Grecia, sino parar salvar a los bancos franceses y alemanes que habían tenido la inconsciencia de conceder préstamos a un Estado insolvente».
Una auditoría de la deuda griega demostrará que los bancos privados europeos aumentaron fuertemente sus créditos a Grecia entre finales del 2005 y 2009 (los créditos tuvieron un aumento de más de 60.000 millones de €, pasando de 80.000 millones a 140.000 millones), sin tener en cuenta la capacitad real de Grecia para reembolsarlos. Además, prestaron a Grecia a un interés muy bajo (0,35 % a tres meses en octubre de 2009; 4,5 % a 10 años en ese mismo mes cuando Alemania pagaba, en promedio, a alrededor del 3,3%, en la misma época y por el mismo plazo.). Los bancos actuaron de una manera arriesgada, sin verificar la solvencia de Grecia, convencidos de que las autoridades europeas acudirían en su ayuda en caso de hubiere algún problema.
Los bancos comerciales fueron así reemplazados por la Troika, quien pasó a ser el principal acreedor de Grecia desde finales de 2010.
La auditoría analizará la legalidad del plan de rescate.Esos prestamistas, ¿impusieron condiciones leoninas, sobre todo al exigir, para su devolución, tipos de interés exagerados?
Se trata así mismo de auditar la acción del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (los de Brasil, Suiza, Argentina, La India, Irán, China y Egipto) mostraron sus grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que se le imponían.
En marzo de 2012, la Troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue presentada en su momento como un éxito. Recordemos que el entonces primer ministro, Yorgos Papandréu, anunció a principios de noviembre de 2011, en la víspera de una reunión del G-20, su intención de convocar un referéndum para febrero de 2012 sobre esa reestructuración de la deuda preparada por la Troika. Debido a la presión de ésta, aquel referéndum jamás tuvo lugar y se le retiró el derecho al pueblo griego a pronunciarse sobre las nuevas deudas. Los grandes medios de comunicación dieron eco al discurso de que la reestructuración permitiría reducir la deuda griega en un 50 %. En realidad, esa deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año previo a la gran anulación del supuesto 50 %. La auditoría mostrará que esa operación de reestructuración, que constituye una vasta superchería, estaba vinculada a la profundización de las políticas contrarias al interés de Grecia y de su población.
La auditoría deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la Troika a Grecia, en contraprestación a los créditos, constituyen una violación de una serie de tratados y convenciones que han de ser respetados tanto por los acreedores como por el prestatario, Grecia. El profesor de Derecho, Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena, demostró de manera irrefutable que los programas de la Troika son ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho internacional. Las medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a un salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Todos esos derechos están protegidos por numerosos textos jurídicos a escala internacional y europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Un reciente estudio realizado por Margot E. Salomon, directora del Centro de Estudios de Derechos Hunanos de la London School of Economics and Political Science, refuerza el veredicto del profesor Fischer Lezcano.
Margot Salomon recuerda en ese estudio, titulado «Of Austerity, Human Rights and International Institutions»,[5] que las organizaciones que componen la Troika deben imperativamente respetar las convenciones europeas e internacionales, como la Carta Social Europea y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, no pueden imponer a los Estados medidas que conducirían a la violación de derechos humanos, como el Comité de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales ya lo ha recordado en muchas ocasiones.[6]
Ese estudio demuestra así mismo que la responsabilidad jurídica de la Troika en la violación de los derechos de la población griega es total, puesto que está implicada en todos los niveles de la elaboración y la aplicación del acuerdo. Contrariamente a las declaraciones del FMI, según las cuales los Estados deciden ellos mismos sus políticas, Grecia estaba bajo la tutela de sus acreedores y sin ningún margen de maniobra.. Esas ilegalidades, que la Comisión de auditoría ha de establecer, implican la nulidad de los compromisos del gobierno precedente con la Troika, convertida en «instituciones», incluidos los préstamos otorgado a Grecia en contrapartida de la aplicación de esos acuerdos ilegales.
En consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda contraída por Grecia con la Troika.
Con respecto a las deudas anteriores a la intervención de la Troika, a partir de mayo de 2010.
En primer lugar, está la deuda contraída por la dictadura de los coroneles, que se cuadriplicó entre 1967 y 1974. Evidentemente, esa deuda responde al calificativo de odiosa.
A continuación, nos encontramos con el escándalo de los Juegos Olímpicos de 2004. Según Dave Zirin, cuando, en 1997, el gobierno anunció con orgullo a los ciudadanos griegos que Grecia tendría el honor de acoger siete años más tarde los Juegos Olímpicos, las autoridades de Atenas y el Comité Olímpico Internacional previeron un presupuesto de 1.300 millones de dólares. Algunos años más tarde, el coste se había multiplicado por cuatro y se elevaba a 5.300 millones de dólares. Justo después de los Juegos, el coste oficial alcanzaba la suma de 14.200 millones de dólares.[7] Actualmente, según diferentes fuentes, el coste real sobrepasaría los 20.000 millones de dólares.
Numerosos contratos firmados entre las autoridades griegas y las grandes empresas privadas extranjeras continúan provocando el escándalo desde hace varios años en Grecia. Esos contratos implicaron un aumento de la deuda. Podemos citar varios ejemplos que saltaron a los titulares de la prensa en Grecia:
— El escándalo de los submarinos alemanes (producidos por HDW, que fue absorbida por Thyssen) por un valor global de 5.000 millones de euros —submarinos que desde el comienzo presentaban el defecto de escorarse enormemente hacia…la izquierda—, y de tener un equipamiento electrónico defectuoso. Una investigación judicial sobre las eventuales responsabilidades (corrupción) de ex ministros de defensa está en curso.
— Varios contratos firmados con la transnacional Siemens, acusada —tanto por la justicia alemana como por la griega— de haber pagado comisiones y otros sobornos al personal político, militar y administrativo griego por un monto de cerca de 1.000 millones de euros. El principal dirigente de la firma Siemens-Hellas,[8]que reconoció haber «financiado» a los dos grandes partidos griegos, huyó en 2010 a Alemania, y la justicia alemana rechazó el pedido de extradición realizado por la justicia griega. Esos escándalos incluyen la venta, por Siemens y sus asociados internacionales, del sistema antimisil Patriot (en 1999, con 10 millones de euros de sobornos), la digitalización de los centros telefónicos del OTE (Organismo Griego de Telecomunicaciones) (sobornos por 100 millones de euros), el sistema de seguridad «C4I» comprado con ocasión de los JJ OO de 2004 y que nunca funcionó, la venta de material a los ferrocarriles griegos (OSE), la venta del sistema de telecomunicaciones Hermes al ejército griego, y la de costosos equipamientos a los hospitales del país.
Con respecto al período anterior a la crisis de 2010, la auditoría también tendrá que investigar la intervención activa de Goldman Sachs en el maquillaje de las cuentas de Grecia y el impacto que eso tuvo sobre la deuda.[9] Así mismo habrá que demostrar el efecto de los regalos brindados por las autoridades griegas a los bancos griegos y cómo uno de los principales imperios financieros griegos, el del magnate Latáis, se benefició de manera ilegítima cuando no ilegal. Se deberá analizar también el impacto del ingreso a la zona euro sobre la deuda griega.
Conclusión. La auditoría demostrará que una parte muy grande de la deuda griega contraída tanto en el período precedente a la intervention de la Troika como en el posterior es ilegitima, ilegal, odiosa e insostenible. La auditoría revelará así mismo la responsabilidad de los que se beneficiaron de ésta, tanto en Grecia como en el ámbito internacional: en los medios financieros, en el de las grandes empresas industriales, así como en el corazón de las instituciones europeas.
Zoe Konstantopoulou, con ocasión de su investidura como presidente del Parlamento griego, afirmó: «Se emprenderán iniciativas a fin de que el Parlamento contribuya de manera esencial a promover las reivindicaciones por la anulación de la mayor parte de la deuda, de la integración de cláusulas de crecimiento y de garantías de contención de la crisis humanitaria, y de ayuda a nuestro pueblo. La diplomacia parlamentaria no es un ceremonial ni el equivalente de las relaciones públicas.» Y agregó: «La demanda de una solución equitativa y beneficiosa para nuestro pueblo, mediante la anulación de la deuda y la moratoria de los reembolsos debe ser objeto de una campaña interparlamentaria de reivindicación, basada en la información de viva voz de otros parlamentos y asambleas parlamentarias, pero también de los pueblos europeos que ya se movilizan en solidaridad con nuestro pueblo.»
Como Zoe Konstantopoulou declaró el 7 de marzo de 2015 a Le Monde, «El pueblo tiene el derecho de pedir que la parte ilegal de la deuda, si la comisión la verifica, sea eliminada.»
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
[1] Eric Toussaint, doctor en ciencias politicas, es portavoz del CADTM internacional y miembro del consejo científico de ATTAC Francia. Est autor de los libres Bancocracia, Icaria, Barcelona, 2014, http://cadtm.org/Bancocratie; Proceso a un hombre ejemplar. Jacques de Groote, director ejecutivo del FMI y del Banco Mundial durante 20 años, edición digital, http://cadtm.org/Proceso-a-un-hombre-ejemplar (2014); Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria editorial, 2010.
[2] Véase http://cadtm.org/Zoe-Konstantopoulou-diputada-de
[3] Véase: http://m.publico.es/internacional/1906474/grecia-pone-marcha-grupo-expertos
[4] Documental de Harald Schumann «Puissante et incontrôlée: la troïka». Véase la transcripción casi completa realizada por el CADTM:http://cadtm.org/Comment-la-Troika-s-est-erigee-en publicado el 11 de marzo de 2015
[5] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550773, publicado el 29 de noviembre de 2014
[6] CESCR, General Comment No. 18, The Right to Work (art 6), (35th session, 2005) UN Doc.
[7] Dave Zirin, «The Great Olympic Scam, Cities Should Just Say Nowww.counterpunch.org/zirin07052005.html
[8] Véase un resumen detallado del escándalo Siemens-Hellas enhttp://www.scribd.com/doc/14433472/Siemens-Scandal-Siemens-Hellas
[9] Véase especialmente el documental difundido por Arte: «Goldman Sachs – La banque qui dirige le monde» a partir del minute 39,https://vimeo.com/49904381
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4224/por-que-se-debe-realizar-una-auditoria-de-la-deuda-en-grecia/
