La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decidió enviar al Congreso una ley que despenalice el aborto terapéutico. Sin embargo, encuentra resistencia en los estratos más conservadores del país.
Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto terapéutico estuvo permitido, pero antes de dejar el poder el exdictador Augusto Pinochet lo prohibió.
El proyecto de ley enviado al Congreso contempla la despenalización del aborto en caso de “riesgo presente o futuro” de la vida de la madre, “malformaciones incompatibles con la vida extrauterina” y violación.
Para realizarlo, se requerirá del diagnóstico de un médico, ratificado por otro profesional; con una excepción: en caso que la mujer necesite atención inmediata por riesgo inminente de su salud, bastará con el diagnóstico de un solo médico.
Unas 16 mil mujeres ingresan al año en hospitales chilenos por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro de vida para la madre o malformaciones del feto.
En 24 años de democracia, por la presión de la iglesia católica y grupos conservadores, ninguna iniciativa legal para restaurarlo ha prosperado.
El proyecto prioriza el deber de confidencialidad de los médicos por sobre la obligación de denunciar a las pacientes.
En esa situación, el centro de salud estará obligado a derivar a la paciente a un médico dispuesto a atenderla.
Por otro lado, los principales partidos de derecha rechazan de plano el aborto de cualquier tipo.
Asimismo, la Iglesia Católica ha salido a criticar la iniciativa con la que el Ejecutivo pretende despenalizar la interrupción de los embarazos en tres supuestos: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Pese a la iniciativa del Gobierno, la institución defiende su derecho a negarse a practicar abortos en los centros de salud ligados a la Pontificia Universidad Católica, que otorgan cobertura a diferentes sectores de la población. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)
