Por Dennis Engbarth
El reloj avanza”, clamó el activista Yeh Chueh-an, mientras que decenas de organizaciones de la sociedad civil en la capital de Taiwán comenzaban el miércoles 4 una cuenta regresiva hacia la ansiada reforma de la Constitución, con la meta de salvaguardar los derechos humanos y la equidad social.
La Alianza para la Promoción de un Consejo Constitucional Ciudadano, integrada por más de 20 organizaciones de derechos humanos y sociales, lanzó una campaña de reforma del marco político de Taiwán que, por primera vez se espera que tome en cuenta a sus 23 millones de habitantes.
Como parte del lanzamiento, se instaló un reloj digital que se fijó en 116 días y 12 horas, lo que significa que el plazo vence el 31 de mayo, el día en que concluye la actual sesión del parlamento de este territorio asiático, conocido como el Yuan Legislativo.
Para ratificarse, las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por tres cuartas partes de los 112 legisladores y anunciadas seis meses antes de un referéndum nacional en el que al menos la mitad de los 18 millones de ciudadanos habilitados deben votar a favor de los cambios.
Es probable que los proyectos de reforma de la Constitución, incluso uno redactado por el legislador opositor Cheng Li-chun, incluyan la protección de la dignidad humana, la libertad de residencia, la asistencia al indigente, mejoras laborales y comunicaciones confidenciales y privacidad.
El 12 de enero, la Alianza propuso un proceso en dos etapas por el cual una “conferencia de asuntos nacionales” congregaría a partidos políticos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil para discutir la forma de llevar a cabo cambios constitucionales de base popular.
“Los ciudadanos, y no las élites políticas, deben ser los sujetos de la reforma constitucional”, afirmó Chen Chun-hung, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional.
“Debemos poner en marcha procedimientos sólidos para que la gente común pueda participar y sentir una fuerte conexión y participación en el proceso, si es que este ha de prosperar”, añadió Chen, también director de la organización por la reforma Taiwan Democracy Watch.
Rompiendo el vínculo histórico con China
La constitución actual de la República de China, el nombre oficial de Taiwán, fue redactada por China continental e impuesta al pueblo taiwanés por el gobierno del Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) del autócrata Chiang Kai-shek, luego de que perdiera la guerra civil en la década de 1940.
Su tímida defensa de los derechos democráticos y ciudadanos quedó en suspenso durante cuatro décadas de un gobierno regido por la ley marcial hasta fines de los años 80.
Siete modificaciones, mediante “artículos adicionales”, impulsadas por el primer presidente nacido en Taiwán, Lee Teng-hui, en la década de 1990 dejaron al país con un sistema político elegido democráticamente pero difícil de manejar, donde el poder y la responsabilidad no son proporcionales.
El presidente no tiene una función directa en la administración del Estado, aunque nombra al primer ministro o jefe de gobierno, el cual no es responsable ante el parlamento. No existen métodos viables para resolver los enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo.
“En nuestro sistema el presidente puede hacer lo que quiera con impunidad y no hay manera de que la gente o incluso el legislativo lo puedan detener, no importa cuán reducido sea su apoyo o impopulares sean sus políticas”, aseguró Lai Chung-chiang, coordinadora de la organización Unión por la Democracia Económica.
“El sistema de gobierno actual no puede resolver los problemas apremiantes… que enfrenta el pueblo, incluidas las cuestiones que inciden en su derecho a la supervivencia, como la seguridad alimentaria, la inequidad de la riqueza, las amenazas a su derecho de residencia y la insuficiente seguridad social”, añadió el secretario general del Frente de Trabajo de Taiwán, Sun Yu-lien.
Antaño considerada imposible debido a la oposición del presidente Ma Ying-jeou y su línea dura del gobierno del Kuomintang, el tema de la reforma constitucional cobró nuevo impulso en el último año, gracias al activismo social y político que culminó con la ocupación del parlamento por parte del Movimiento Estudiantil Girasol, del 18 de marzo al 10 de abril.
La ocupación comenzó tras la insistencia de Ma en la aprobación de un proyecto de ley que ratificaría un polémico tratado de libre comercio con China a través del estrecho de Taiwán, a pesar de la preocupación generalizada de que el pacto, negociado en secreto, perjudicaría a las industrias locales y el empleo, exacerbaría la desigualdad y minaría las libertades democráticas.
La campaña, que incluyó una manifestación de más de 300.000 personas el 30 de marzo, impidió la ratificación del pacto y fue seguida por protestas callejeras a fines de abril que impidieron el controvertido plan de construcción de una planta de energía nuclear a un costo de 10.000 millones de dólares.
Durante la ocupación, los activistas reclamaron la formación de un Consejo Constitucional Ciudadano y celebraron deliberaciones democráticas para elaborar su programa entre varios miles de ciudadanos.
Pero no fue hasta que el Kuomintang sufrió un grave revés electoral en noviembre que salió a la luz la viabilidad de un cambio constitucional inmediato.
El opositor Partido Democrático Progresista (PDP) ganó 13 alcaldías, en comparación con las seis del Kuomintang y tres de los candidatos independientes, incluido el cirujano Ko Wen-je, que ganó en Taipéi, la capital del país.
Aunque Ma sigue siendo presidente del país, la debacle electoral lo llevó a renunciar a la presidencia del Kuomintang el 3 de diciembre, siendo sustituido el 19 de enero por el moderado alcalde de la ciudad de Nueva Taipéi, Chu Li-lun, quien reclamó una reforma constitucional que lleve a Taiwán hacia un sistema de gobierno de gabinete.
La ocupación de marzo reveló a los taiwaneses la grave disfunción del sistema político, según Huang Kuo-chang, investigador del Instituto de Jurisprudencia Academia Sinica. “Las elecciones de 29 de noviembre finalmente obligaron al Kuomintang a considerar la necesidad de la reforma constitucional”, añadió.
Garantizar los derechos básicos
En diciembre, las bancadas legislativas del Kuomintang y el PDP formaron grupos de trabajo sobre la revisión constitucional, pero ambos partidos muestran interés principalmente en la modernización de la estructura del gobierno central y el sistema electoral legislativo.
Sin embargo, la máxima prioridad para el activista social y las organizaciones de derechos humanos es lograr el equivalente a una Declaración de Derechos constitucional.
“Las constituciones en otras democracias nuevas, como la de Sudáfrica, tienen disposiciones especiales para garantizar la igualdad y la justicia social reales”, explicó Chen Chao-ju, profesora de derecho de la Universidad Nacional de Taiwán.
“Tenemos que incorporar disposiciones específicas que protejan los derechos humanos y sociales básicos de la discriminación o violación por parte del Estado” agregó.
“Los frutos del crecimiento económico fueron confiscados por conglomerados y grandes accionistas, mientras que los salarios se estancaron y el número de trabajadores pobres sigue aumentando”, resumió el sindicalista Sun You-lien.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
