Quince meses después de los eventos del 30 de septiembre de 2010, fecha en la que se registró una inusual sublevación policial en Ecuador que derivó en hechos violentos, el jefe de la misión especial de las Naciones Unidas concluyó que la vida del presidente Rafael Correa estuvo en peligro y que dichos acontecimientos constituyeron un intento de desestabilización política.

El 19 de enero de 2012, la oficina de la ONU en Quito difundió un comunicado con las conclusiones de Óscar Fernández-Taranco, enviado por el secretario general del organismo a pedido del gobierno de Ecuador para conocer los hechos e informar sobre el impacto en la democracia y el estado de derecho en el país andino.

Fernández-Taranco dijo –de acuerdo a la declaración que recoge el comunicado de la ONU- que los varios hechos del 30 de septiembre de 2010, que amenazaron la vida del Presidente de la República, obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos, constituyeron un intento de desestabilización política y una amenaza al orden constitucional y democrático.

Estos hechos generaron alarma en la región e internacionalmente por la posibilidad de que pudieran culminar en un golpe de Estado, añade.

En el transcurso de su misión, Fernández-Taranco, que para 2012 se desempeñaba como subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, se entrevistó con el presidente Correa, con autoridades civiles y militares, así como con diversos actores políticos y representantes de la sociedad civil y de la academia.

Según la información de la ONU, el jefe de la misión recordó que el mismo 30 de septiembre de 2010, el secretario del organismo, Ban Ki moon, declaró públicamente su profunda preocupación por los hechos y su enérgico a las instituciones de Ecuador y a su gobierno elegido democráticamente.

El secretario general, así como otras organizaciones regionales –como la Unasur, ALBA- y gobiernos del mundo, también manifestó en esa ocasión su preocupación por la integridad física y el bienestar del presidente Rafael Correa.

En sus conclusiones, Fernández-Taranco indicó que los mecanismos judiciales nacionales eran los más adecuados para determinar los hechos y atribuir responsabilidades para evitar la impunidad.

Esta semana, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ernesto González, anunció el lanzamiento de un libro en el que expone su testimonio sobre los sucesos registrados el 30 de septiembre de 2010.

Ciertos sectores de la prensa, a la que el presidente Correa identifica como actores políticos de oposición, presentaron como “revelaciones” algunas afirmaciones del militar, entre ellas que Correa no estuvo secuestrado sino retenido y que –según su criterio- no hubo intento de golpe de Estado.

Javier Ponce, que se desempeñaba como ministro de Defensa cuando ocurrieron los sucesos, dijo que el hecho de que Inteligencia Militar no sepa que se preparaba un golpe, no quiere decir que no haya un golpe”.

Además sostuvo que la publicación tiene “contexto político” porque coincide con la celebración del octavo aniversario de la Revolución Ciudadana.

En tanto, el presidente Rafael Correa dijo el miércoles en una entrevista televisiva que el libro de González no aporta nada nuevo sobre los sucesos conocidos en el país como 30-S.

Correa citó el diccionario de la Real Academia, según el cual una persona está secuestrada cuando es retenida indebidamente. “Retenido o secuestrado es lo mismo”, apostilló el mandatario.

Añadió que hubo algunas imprecisiones en el libro en cuestión y que en particular el autor refiere que no hubo intento de golpe de Estado, y lo cierto es que no fue como los tradicionales, pero se reconoce que claramente existió el objetivo de matar al Presidente.

“Son muy positivas sus declaraciones, fue un testigo de primera línea, dice que el presidente fue retenido forzosamente y se lo quiso matar”, acotó.

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