Treinta Años de cárcel por cada una de las víctimas es la condena pedida para el ex-jefe de la Policía Nacional (PN) Pedro García Arredondo, único imputado en el juicio por la masacre en la embajada de España en Ciudad de Guatemala el 31 de mayo de 1980, en la que las fuerzas de seguridad mataron a 37 civiles.
La fiscalía pidió igual pena para Máximo Pérez y Cajal, entonces embajador español en Guatemala, señalando que el ataque fue conducido con “planificación” y “coordinación” por parte del comando de la PN al frente de la cual estaba García Arredondo.
La operación militar fue ordenada para desalojar de la sede diplomática a un grupo de campesinos que la había ocupado para denunciar los abusos del ejército del general Fernando Romeo Lucas García contra habitantes de la región de Quiché, en el noroeste del país, una de las más afectadas por la guerra civil (1960-1996).
Entre las víctimas se cuentan Vicente Menchú y Francisco Tum, respectivamente padre y primo de la dirigente indígena Maya y Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú; el entonces cónsul español Jaime Ruiz del Árbol Soler y dos colaboradores suyos. En la sede diplomática incendiada por los policías también se encontrabanel ex-vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhoff y el ex-jefe de la diplomacia nacional, Adolfo Molina Orante.
Por entonces el gobierno acusó a los campesinos de haber iniciado el incendio con bombas molotov. La prensa española publicó fotografías que mostraban a un policía con un lanzallamas. Pruebas y pericias demostraron finalmente que las víctimas fueron ejecutadas con disparos de armas de fuego y quemadas de la cintura para abajo. A los bomberos se les prohibió el ingreso al edificio hasta que el incendio se apagó por sí mismo. Según el fiscal, se trató de “una operación de policía clandestina”.
