El último lunes 26 de enero, la Ley 30288 (Ley de régimen laboral juvenil), llamada “Ley Pulpín”, y que fue promulgada por el Poder Legislativo el 11 de diciembre de 2014 (68 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones), fue derogada.
Diversos colectivos de estudiantes y organizaciones realizaron en Lima 5 marchas de protesta pacíficas en contra de esta ley, con la que el gobierno pretendía “resolver” la informalidad de la situación laboral de los jóvenes entre 18 y 24 años, pero sin considerar el pago de CTS (Compensación de Tiempo de Servicios), gratificaciones, asignación familiar, seguro de vida, ni el derecho a utilidades. Los jóvenes no demoraron en hacer sentir su descontento argumentando que los derechos laborales deben ser iguales para todos, y que a través de esta ley lo único que se está haciendo es discriminarlos, así como colocándolos en situación indefensa frente a los intereses de las empresas de recortar costos al no tener que pagarles los beneficios propios de cualquier otro empleado en planilla.
Finalmente, frente a la presión social, el Congreso votó por la derogación de la Ley con 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Es interesante destacar el cambio de bando que mostraron políticos de varios frentes, quienes con anterioridad votaron a favor de la Ley 30288.
Claramente, se trata de un logro importante de los jóvenes organizados, quienes, utilizando la metodología de la no-violencia activa, movilizaron en alguna de las marchas a más de 10,000 personas. Cada una de las marchas mostró la creatividad por parte de los jóvenes, quienes convocaban y se organizaban a través de diversas redes sociales.
La pregunta ahora es: ¿Cómo sigue el tema?, dado que es una realidad que el 85% de los jóvenes peruanos entre los 15 y 24 años, no cuentan con leyes que los protejan de las condiciones desfavorables con las que vienen trabajando en las empresas, o lo hacen en situación de informalidad.[1]
La única salida, como siempre proponemos, es la del diálogo. Los representantes en el Congreso han sido elegidos para escuchar y trabajar a favor de los derechos de la gente, y esto algo que no deben olvidar. Cualquier intento que se haga para resolver el problema de la informalidad y el desempleo, debe considerar la opinión de los afectados. Se debe comprender, además, que éste no es un problema aislado, sino que es una muestra más del fracaso de un sistema injusto que favorece a muy pocos a costa de muchos. Y sobre todo, la solución está en el fortalecimiento de un movimiento ciudadano que empiece a reflexionar sobre la sociedad que quiere construir, y que empecemos a pensar en propuestas que vayan en la dirección de un mundo más justo, solidario y no-violento.
[1] Ver Informe de la OIT (Trabajo Decente y Juventud en América Latina), en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_235577.pdf
