La derrota electoral del 8 de enero sacó del poder a Mahinda Rajapaksa después de una década, y permitió encausarlo a él y a su grupo familiar pro diferentes delitos. Sin embargo, no se rompieron todas las relaciones del ‘ex-hombre fuerte’ con sectores de las fuerzas armadas.
El nuevo gobierno ha acusado explícitamente a elementos del ejército de sabotear los esfuerzos de de reconciliación interétnica en el norte del país. Los servicios de seguridad no sólo han comprobado los riesgos de operaciones de sabotaje en las zonas afectadas por el conflicto civil durante más de treinta años, concluido en mayo del 2009 y que causó la muerte de más de 100.000 personas. Dos oficiales de alta graduación estarían adiestrando a 400 soldados para causar desórdenes en Jaffna, el centro principal de la zona de etnia tamil en el norte del país.
Para el vocero gubernamental Rajitha Senaratne los militares habrían sido preparados en grupos de diez y luego desplazados secretamente a la ciudad para actuar de modo que creen la impresión de una situación fuera de control.
Hasta ahora ha sido posible mantener bajo control algunos intentos de resistencia contra la orden directa del presidente Maithripala Sirisena de reducir el papel de los militares en Jaffna. El mismo Sisirena ha destituido al comandante provincial del ejército.
El intento de crear tensiones en la región tamil, donde la población votó en forma mayoritaria a favor del nuevo presidente, podría ser un ‘coletazo’ del régimen de Rajapaksa. Basándose en las tensiones interétnicas, y en su victoria contra los tamiles, el ex-presidente se habría mantenido en el poder con métodos dictatoriales y intensivo uso de intimidaciones, ejecuciones extrajudiciales y encarcelación de opositores políticos. El elemento de conexión entre el presidente y las fuerzas armadas era el ministro de Defensa Gotabhaya Rajapaksa, hermano mayor de Mahinda Rajapaksa, que la semana pasada fue incriminado por haber ordenado los asesinatos de por lo menos dos opositores.
Entre las iniciativas de pacificación, el gobierno ha ordenado la requisa y restitución a los tamiles de tierras expropiadas por los militares, y la liberación de 275 tamiles sometidos a largos períodos de detención sin cargos formales y sin proceso judicial.
