Luego de siete años de que Chile ratificara el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y cinco de la implementación del derecho a la consulta indígena, el balance realizado por distintos actores participantes del seminario “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación Ambiental” ha dejado en evidencia las deficiencias y deudas que tiene la implementación de la consulta.

El reglamento inicial puesto en vigencia en 2009, ha tenido diversas modificaciones por parte del estado, el cual ha dictado tres decretos supremos que han intentado reglamentar el ejercicio de este derecho, incluyendo la consulta a los pueblos indígenas en el marco de proyectos sometidos a proceso de evaluación ambiental.

Nancy Yáñez , Co Directora del Observatorio Ciudadano, Magíster en Derecho Internacional experta en Derechos de los Pueblos Indígenas, manifestó que: “De acuerdo a las directrices que se provee de la legislación ambiental, se vulnera no solo el estándar que hace aplicable la consulta cada vez que hay susceptibilidad de afectación sino que además la esencia de la consulta. Ésta es propiciar un diálogo intercultural a través del cual se puedan visibilizar los impactos que no pueden ser identificados por la administración “, no ajustándose a los estándares internacionales.

Representantes de las comunidades indígenas han sido duros en las críticas a la implementación de este derecho. Así lo ratificó el Presidente de los pueblos unidos de la quebrada de Tarapacá, Alejandro Capetillo Caqueo.

“No todos los pueblos han sido consultados, se hace esta consulta con los pueblos que están más cerca o que están interactuando con el gobierno. Si bien es cierto, somos políticos pero no somos partidistas y creemos que una consulta indígena debe hacerse con todas las comunidades directamente afectadas como lo dice el Convenio. Tampoco ha existido buena fe de parte del Estado. Sobre todo con los tiempos porque nos han pasado a llevar, han pasado la aplanadora, para sacar una ley que en el fondo les va a favorecer solo a ellos”.

Añadió que debería hacerse una consulta desde el inicio del proyecto y seguir la etapa de exploración hasta el cierre. En este contexto, aseguran que es un derecho que las comunidades se han ganado.

El Director de programa de derechos Indígenas de la Fundación Chile XXI, Salvador Millaleo, aclaró que si bien se dice que los procesos de consulta están paralizando los proyectos de inversión en el país , la situación es completamente contraria en comparación con otros países en América Latina donde se realizan muchos más procesos de evaluación acordes con los estándares internacionales.

Millaleo manifestó que las modificaciones propuestas por las autoridades son un reto pendiente.

”Se ha informado por un anuncio conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Medio Ambiente que se va a cambiar la dependencia del sistema Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, no hay hasta ahora ninguna señal de cómo va a ser este proceso, de cómo se va a estructurar y tampoco del proceso de consulta que se tiene que llevar a cabo para que eso suceda. Porque, efectivamente una medida que cambie la reglamentación y la dependencia orgánica de la consulta en términos de evaluación de impacto ambiental es una medida que afecta o es susceptible de afectación de los pueblos indígenas y tiene que ser consultada”.

En la instancia, el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso, manifestó que liderar este proceso ha sido un desafío. La autoridad destacó que han recabado opiniones de grupos pertenecientes al pueblo Atacameño, al pueblo Diaguita, al pueblo Aymara , al pueblo Mapuche y al pueblo Cuñi.

En síntesis, Troncoso afirmó que del total del proceso de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectados corresponden al 69 % a proyectos del sector energía, un 25 % al sector minería y un 6 % al sector de la industria Celulosa y embalses de ríos. A su vez, las regiones del sur concentran el 44 % de consultas indígenas mientras en el norte alcanzan el 37 %.. Y los proyectos interregionales que lleva la dirección ejecutiva concentran un total de 6 %.