El Parlamento aprobó este lunes la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la ley de medios. La Cámara de Diputados votó la norma solo con los votos del Frente Amplio, tal como había sucedido en el Senado.
La extensa ley, de 186 artículos, enfrenta al gobierno y oposición desde el principio. Los detractores de la norma advierten que el texto va rumbo a ser declarado inconstitucional. El proyecto refiere a la titularidad de los medios y busca evitar los monopolios y oligopolios; propone que los propietarios de medios paguen un canon por el uso del espectro; multas de distinto calibre por infracciones; impulsa la producción nacional; limita la emisión de imágenes violentas; limita la publicidad a un máximo de 15 minutos por hora; y establece un nuevo horario de protección al menor, entre otros aspectos.
Los senadores de la oposición han dicho que se está ante una ley mordaza y recordaron el acoso al que es sometida la prensa en Venezuela, Argentina y Ecuador. El Frente ha afirmado que se asegura la libertad de prensa.
El diputado frenteamplista Carlos Varela dijo que «hay terreno más que suficiente por delante y disposición para seguir trabajando por parte de esta bancada para que todos los sectores tengan acceso a expresar su opinión. El comentario del representante fue en referencia a los partidos políticos chicos y la publicidad gratuita que se otorga de acuerdo con los votos obtenidos. «Reconozco que tenemos un debe respecto de la publicidad oficial, y tenemos que trabajar para mejorar este aspecto», agregó Varela.
Por su parte el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que la ley era «el peor atentado a la libertad de expresión desde la dictadura». El legislador sostuvo que con esta ley «la presión (a los medios) se institucionaliza».
Las bancadas del Partido Nacional y Partido Colorado consideran que lo que está en juego es la libertad de prensa, algo que es rechazado desde el oficialismo. Para el Frente Amplio la ley es garantista y asegura la libre expresión.
A comienzo de la sesión de Diputados se aprobaron dos proyectos, prácticamente sin discusión en sala. Uno fue el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habilitará a los menores de edad a presentar denuncias también en ámbitos internacionales. El otro fue un acuerdo para el intercambio de información tributaria con Brasil. Sobre este último proyecto, blancos y colorados, que no lo apoyaron, reclamaron la eliminación de la doble imposición tributaria. El diputado Jaime Trobo consideró que lo que se votó es una «concesión» a Brasil. El legislador nacionalista dijo a El Observador que Brasil puede investigar a sus empresas en Uruguay y eso puede afectar las inversiones.
