El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre la utilización sistemática la tortura por parte de la CIA durante la administración de George Bush. Juan Méndez, relator especial de la ONU, lanzó duras críticas a la poca iniciativa de Estados Unidos para investigar sus propias prácticas contra los derechos humanos.
Por Franco Lucatini para Infojus Noticias
La semana pasada, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre la utilización sistemática de la tortura por parte de la CIA en centros clandestinos de detención durante la administración de George Bush. Un par de días después, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cumplió 70 años.
Cuando tenía 32, cayó preso durante la dictadura cívico militar por defender legalmente a varios presos políticos. El abogado estuvo 18 meses sujeto a disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional, en lo que era nada menos que una detención ilegal, pero registrada. Amnistía Internacional lo adoptó como «preso de conciencia», y en 1977 fue expulsado del país y se trasladó a los Estados Unidos.
Con una trayectoria reconocida como académico, estudió en la Universidad Stella Maris de Mar del Plata, y el año pasado recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy alterna su trabajo en Naciones Unidas con la docencia. Hizo un alto en sus clases el Washington College of Law de la American University para atender a Infojus Noticias, y lanzó duras críticas a la poca iniciativa de Estados Unidos para investigar sus propias prácticas contra los derechos humanos, y se refirió al informe que presentó la senadora Dianne Feinstein.
-¿Cómo evalúa la presentación de este informe?
-Es un informe muy contundente, muy gráfico y muy bien investigado. Cumple por lo menos con una de las obligaciones que todos los Estados tienen en esta materia, que son las de investigar, procesar y castigar. Lamentamos que haya habido que esperar cinco años para que se publicara, precisamente porque ha habido increíbles presiones para que no se publique, que llegaron hasta último momento y que continúan después de la publicación. La contribución de este comité del Senado hay que ponerla en el contexto de dificultades políticas y de presiones de todo orden que han sido muy importantes.
-¿En qué contexto llegó la desclasificación de este documento?
-Se sabía desde hace años que bajo instancias del gobierno de George W. Bush, la CIA había establecido todo un programa de torturas y las llamadas “rendiciones extraordinarias”, que es una forma de desaparición forzada que incluye el uso de lugares clandestinos para tortura. Pero hay que lamentar que no se cumpla con las demás obligaciones que surgen de los hechos de tortura, que tienen que ver con el procesamiento y castigo de cada incidente. Forman parte de una norma de la Convención contra tortura, que Estados Unidos ha firmado y ratificado. También debe ofrecer reparaciones y otras consecuencias que se derivan de la tortura.
-¿La utilización de la tortura en Estados Unidos es una política de Estado?
-Durante el gobierno de Bush hubo una política de Estado claramente determinada por los memorándum de la tortura –que habilitaban la utilización de cinco de estas prácticas–. A partir del segundo día del gobierno de Obama hubo una orden presidencial de prohibir la tortura y de restaurar la plena vigencia del Código de Justicia Militar, que también la prohíbe. A partir de ahí parece que no se usaron más las rendiciones extraordinarias ni los lugares secretos. Pero es imposible saberlo a ciencia cierta, siempre ha sido tan secreto que yo no pondría las manos en el fuego al decir que no ha habido más tortura a partir de ahí. Ha habido asesinatos extrajudiciales usando drones y otros mecanismos en todo el mundo, que también son muy cuestionables. Y eso sí se sabe. Yo creo que hay dos políticas de Estado más o menos distinguibles: ordenar la tortura y la decisión de no procesar o inclusive de encubrir.
-¿Qué espera que suceda a partir de la divulgación de esta información?
-El informe da bastante nueva información que hasta ahora por lo menos oficialmente estaba bastante tapada. Tengo la esperanza de que su publicación despierte un aumento en el nivel de conciencia, y que haga posible lo que ahora parece imposible: el procesamiento y castigo de los responsables. La experiencia de otros países inclusive el nuestro, Argentina, demuestra que lo que parece imposible en un contexto histórico se hace posible más adelante.
-Un sector del Partido Republicano y varios medios de comunicación cuestionaron la publicación de estos datos y dijeron que eso ponía en riesgo la vida de estadounidenses en el exterior. ¿Se justifica el secreto de este tipo de informaciones?
-Es un argumento falaz. Si va a haber reacciones violentas, que las puede haber, no va a ser por la publicación del informe sino por el contenido mismo, por lo que hizo la CIA durante estos años. Tratar de mantenerlo en secreto sólo acrecienta la especulación. Si alguien es responsable de la violencia contra ciudadanos norteamericanos en cualquier lugar del mundo es la CIA, no la revelación del informe del Comité de Inteligencia del Senado. No puede haber secretos en la violación de los derechos humanos. El secreto en asuntos de seguridad nacional tiene que eliminarse cuando se trata de conocer la verdad sobre violaciones de los derechos humanos.
-Se hizo mucho hincapié en que la información obtenida mediante torturas no sirvió para desarticular amenazas contra la seguridad de Estados Unidos. ¿Se puede discutir sobre la utilidad de la tortura?
-La CIA mintió cuando decía que había obtenido ciertos resultados a través de la tortura. El informe demuestra que la información la tenía desde antes, sin torturar, y que después torturaron y no obtuvieron ninguna otra información. La CIA mintió al Congreso, mintió al Senado y a la opinión pública. Incluso el director de la CIA, en su primera reacción sobre el informe, dijo que no se puede saber si la inteligencia obtenida bajo la tortura o no consiguió salvar vidas. Pero a mí me cuesta entender por qué tenemos que discutir si la tortura funciona o no funciona. Lamentablemente pareciera ser lo único que importa, especialmente en Washington. Tenemos que seguir insistiendo que la tortura es ilegal e inmoral.
-Ninguno de los 54 países que colaboraron con la CIA en el secuestro y envío de personas para ser torturadas en bases secretas es de América Latina o el Caribe. ¿Ese dato merece una valoración?
-Es importante. Puede ser que a Estados Unidos no le interesara la colaboración de sus aliados en estos países porque no había mucha información que obtener, pero también porque quizá no esperaba una respuesta positiva. Debemos estar orgullosos de que en nuestros países, casi todos gobernados por democracias, no estaban dispuestos a colaborar con esto y por eso no se les pidió que lo hicieran. El presidente de Polonia, uno de estos 54 países, dijo que prestaron esa información pero que no sabían que se torturaba. Francamente hay que preguntarse para qué iba a prestar un centro de detención bajo condiciones de clandestinidad si no era específicamente para torturar. Este informe pone mucha presión sobre esos 54 países para que ellos también hagan su propia investigación.
-El presidente Barack Obama ya anticipó que no se van a iniciar acciones judiciales contra los torturadores. ¿Se los está protegiendo?
-Esa decisión fue tomada al principio de la administración Obama. Fue muy criticada por la sociedad civil norteamericana y por nosotros en el ámbito de Naciones Unidas. Pero es más grave todavía, porque no solamente se anunció que no iba a haber investigaciones sino que se inició un proceso con un fiscal especial para entorpecer la investigación del Senado. Si el Senado pedía que declararan funcionarios de la CIA, como estaban también en la posibilidad de ser investigados penalmente, debía inmunizarlos. Como no quería hacerlo, no pudieron interrogarlos. Ahora la CIA dice “nunca nos preguntaron nada”. Está claro que esto ha sido una maniobra. La investigación que supuestamente hizo un fiscal especial no tenía por objeto investigar delitos sino entorpecer otras investigaciones, lo que habla muy mal de la administración Obama y de su Departamento de Justicia.
-¿Hay posibilidad de que se revierta esa medida y se los juzgue? ¿No podría intervenir la Corte Penal Internacional o aplicarse la justicia universal?
-Hay que insistir en la obligación internacional solemnemente contraída por Estados Unidos e insistir en que el acceso a la justicia tiene que ser en la jurisdicción interna. La decisión de no iniciar procesos depende de los fiscales. Es una decisión discrecional y hasta política que puede cambiar en el futuro. Está la posibilidad de juzgar las torturas que se cometieron en Afganistán, porque es signatario del Estatuto de Roma y por supuesto es parte de la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero creo que va a ser muy difícil que se pueda llegar a eso. Las presiones norteamericanas van a ser muy grandes. Lo mismo en cuanto a la jurisdicción universal. Algunos países que tienen abierta la posibilidad de usar sus tribunales, peor en otros casos ha habido tanta presión que se ha retraído mucho esa posibilidad. No veo más solución que insistir en el juzgamiento en la jurisdicción interna norteamericana.
-En los juicios por delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado en Argentina se derrotó a la teoría de la Obediencia Debida. ¿Existe esa lógica en Estados Unidos?
-En todo caso en Estados Unidos se hizo al revés. Se castigó a los chivos expiatorios, por lo menos del lado del Pentágono. Porque hay cuatro o cinco torturadores que sí fueron condenados por tribunales militares por las torturas que cometieron en la base de Abu Ghraib en Irak. Pero fueron chivos expiatorios, porque el de más alto grado creo que era un cabo. Además cometieron la estupidez de sacarse fotos con los torturados, entonces era un poquito difícil de ignorar. Pero aún las investigaciones del Pentágono no cumplieron con la obligación de seguir la cadena de mando y castigar a todos los que pudieran resultar responsables. En este caso, la ley penal norteamericana es bien clara en que se debe castigar no sólo al ejecutor material sino también a los que cometen el delito a través de otros.
-El informe se dio a conocer en pleno conflicto por la violencia institucional desatada a nivel interno y con un fuerte ingrediente de racismo. ¿Qué lectura hace de estas prácticas?
-El público norteamericano se ha dado cuenta de una práctica de los fiscales de proteger las violaciones cometidas por agentes policiales, especialmente cuando las víctimas se encuentran entre las minorías raciales. Ha creado un gran estupor en el público. Es muy interesante la reacción social ante la impunidad de los asesinatos de Michael Brown en Ferguson, Missouri pero también de Eric Garner, en Staten Island, Nueva York. Es realmente inaudito que ni siquiera se pase a la etapa de juicio antes de absolver a los perpetradores de estos asesinatos. Indica que los fiscales, aunque aducen tratar de usar el gran jury para tratar de investigar, en realidad lo usan para proteger a los policías.
-¿Qué impacto tienen estas revelaciones sobre la imagen internacional de Estados Unidos?
-La imagen internacional de los Estados Unidos venía muy deteriorada después del 11 de septiembre de 2001 porque se conocía el recurso a la tortura. Hasta los aliados de Estados Unidos tienen un concepto muy negativo sobre la relación del país con los derechos humanos. Todo esto se agrega a esa pérdida de imagen internacional que tiene Estados Unidos, que cada vez mantiene más su peso a través del uso de la fuerza que desde la persuasión y del ejemplo de un país gobernado por las leyes y dispuesto a mantener el Estado de derecho. Pero esto puede ser momentáneo. Hay que esperar que el rumbo cambie y que Estados Unidos por lo menos haga esfuerzos por tomarse en serio la vigencia de los derechos humanos que está siempre imponiéndole a otros países, pero que en una suerte de excepcionalismo norteamericano pareciera que no se aplica a sí mismo.
