El Gobierno boliviano cerró el jueves una controversia con la empresa anglo-argentina Pan American Energy (PAE) con la suscripción de un acuerdo de pago de 357 millones de dólares (23,9% de lo demandado por ese consorcio extranjero), para consolidar la nacionalización de la subsidiaria Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Chaco (YPFB Chaco).
Ese documento fue suscrito en un acto realizado en Palacio de Gobierno, que contó con la presencia del procurador General del Estado, Héctor Arce; el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa; el presidente de YPFB Corporación, Carlos Villegas, y representantes de PAE.
Arce explicó que el arbitraje iniciado por esa empresa en marzo de 2010 fue suspendido un mes más tarde, fecha en la que se inició una «difícil y compleja negociación», situación en la que Bolivia condicionó a PAE a realizar una valoración de sus acciones para determinar el pago establecido.
Dijo que las negociaciones de ese proceso fueron encabezadas por el Ministro Sosa, quien acompañado de YPFB y la Procuraduría General del Estado, logró reducir en cuatro veces la pretensión indemnizatoria de la PAE, que era de más de 1.493 millones de dólares.
«La condición que puso el estado boliviano fue que la empresa acepte esa valuación hecha por nosotros mismos, sin ninguna negociación. Esa condición fue aceptada y el día de hoy se firma sobre la oferta que hizo el estado boliviano. Hoy se firma un acuerdo por 357 millones, un pago efectivo de 324 millones», dijo.
Arce aclaró que en esa valoración el Estado boliviano fue responsable con el capital trasnacional y con la seguridad jurídica, «siempre velando por los intereses de los bolivianos».
Asimismo, dijo que en ese acuerdo se estableció la retención de un monto de dinero en un fideicomiso, para garantizar los resultados de los procesos tributarios, laborales y ambientales que se desarrollarán en los próximos años.
«Con esta acción la nacionalización de la empresa chaco queda absolutamente saneada, aquí frente a ustedes la empresa va a entregar los títulos accionarios con lo cual definitivamente la nacionalización de los hidrocarburos queda absoluta y definitivamente consolidada en beneficio de los bolivianos», afirmó el Procurador General del Estado.
