A un mes de Ayotzinapa: siguen los reclamos de justicia y la exigencia de presentación con vida

Por Guillermo Castillo Ramírez

[media-credit name=»Fuente: ALAI» align=»aligncenter» width=»300″][/media-credit]

Hace poco más de un mes acontecieron los asesinatos y desapariciones de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En estos actos de violencia acontecidos en Iguala estuvieron involucrados el ex-alcalde de Iguala, su esposa (vinculada con organizaciones del narcotráfico), el jefe de las fuerzas de seguridad del municipio como autores intelectuales y, como perpetradores materiales de estos crímenes, decenas de policías municipales y miembros del grupo delictivo los guerreros unidos. A la fecha hay un balance de claroscuros, una tensión creciente entre los deudos de los normalistas (con el respaldo de muchos grupos de la sociedad) que exigen justicia y las autoridades gubernamentales (federales y estatales) que no han dado resultados claros y convincentes respecto a estos hechos, tampoco han dado con el paradero de los desaparecidos.

Por un lado, desde abajo los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos han convocado y realizado una serie de movilizaciones masivas dentro y fuera del estado de Guerrero. A estas iniciativas se han sumado las manifestaciones y expresiones de apoyo y respaldo de diversas organizaciones políticas y variados sectores sociales dentro y fuera del país, donde, entra otras, destacan las siguientes acciones: las dos jornadas de apoyo nacional (del 8 y del 22 de octubre) que involucraron a más de 25 estados del país y donde participaron decenas de miles de personas, así mismo hubo dos paros de estudiantes universitarios masivos (el 15 y 16 de octubre y el 22 y 23 de octubre); también activistas, artistas, grupos de la sociedad civil internacional y mexicanos en el extranjero han hecho patente su inconformidad y se han pronunciado a través de diversos medios de comunicación y de las redes sociales.

En el marco de esta serie de acciones, de no menor trascendencia han sido la condena internacional de los hechos de Ayotzinapa por parte de la ONU, OCDE, CIDH, AI y el Parlamento Europeo (entre otros) y los llamados a intensificar la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos. La presión social y política generada por estos diversos grupos y manifestaciones llevó a la destitución de varios funcionarios (municipales y estatales), al involucramiento “forzado” y “obligado” del gobierno federal (a través de la PGR), a la reciente solicitud de licencia del gobernador de Guerrero y la búsqueda y captura de individuos y dirigentes del grupo del crimen organizado de los guerreros unidos.

Pero, por otra parte, están los dudosos y escuetos resultados que, a la fecha, han presentado las autoridades del estado mexicano. La gravedad de esta situación la expresa la siguiente contradicción: resulta cuando menos sorprendente ¿inverosímil? que, pese a la detención desde hace semanas de decenas de policías municipales y varios miembros de los guerreros unidos que estuvieron directamente involucrados en las agresiones y detenciones de los estudiantes, las instituciones oficiales (PGR y PGE-Guerrero) que realizan las investigaciones no tengan indicios claros o no muestren información veraz y convincente respecto al paradero de los normalistas desaparecidos y a la búsqueda y detención de los autores intelectuales. Sigue pendiente una creciente demanda de justicia.

Conforme a la información recabada y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

La información y avances de las investigaciones que la PGR y la PGE-Guerrero han hecho públicas en torno al caso a Ayotzinapa han generado no pocas preguntas e incertidumbres.

(1) Ya es claro que al inicio de las investigaciones oficiales sobre Ayotzinapa se incumplieron los protocolos internacionales para los casos de desapariciones forzadas, donde resultan claves las indagaciones y acciones que se realizan en las primeras 72 horas de la privación de la libertad de las víctimas. El gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y torpe, lo que facilitó de facto, no sólo el ocultamiento de los hechos, sino también la fuga del ex-alcalde de Iguala, su esposa y otros funcionarios.

(2) También es notoria la tardía y voluntariosa incorporación del gobierno federal en el caso, la PGR tardó casi 10 días en atraer el caso y tomar cartas en el asunto. La forma en que se han dado los hechos, hace pensar en que la participación de la PGR, más que un acto de voluntad política del estado mexicano para resolver el caso, se vio “forzada” por la presión social y mediática nacional e internacional; en un principio el gobierno federal se deslindó de lo acontecido argumentado que era competencia y responsabilidad de la PGE-Guerrero indagar lo que había ocurrido en Iguala.

(3) No menos llamativa es y ha sido la falta de coordinación entre las autoridades estatales y federales. El asunto de las fosas clandestinas, en el cual el ex-gobernador de Guerrero aseguró que se trataban de los estudiantes y el titular de la PGR categóricamente aseveró lo contario, ha sido una de las manifestaciones más visibles de la escasa voluntad de cooperación entre ambas autoridades. A esto se suma que tanto la PGR como la PGE-Guerrero antes de las agresiones de Ayotzinapa ya habían recibido documentos de los problemas de violencia y los vínculos entre el gobierno municipal y los grupos del narcotráfico en esa región de Guerrero. Considerando que los presuntos autores intelectuales (el ex-alcalde y su esposa) eran funcionarios del estado y la participación de las fuerzas de seguridad municipales en activo como responsables de las agresiones y privación de la libertad de los estudiantes, se trató de un crimen de estado; además, y en la medida en que estuvieron involucrados también los guerreros unidos y en el contexto de las estrechas ligas del ex-alcalde de Iguala y su esposa con ese grupo delictivo, el caso Ayotzinapa muestra los vínculos y relaciones entre estado, política y narcotráfico (crimen organizado).

(4) Entre policías y miembros de la delincuencia organizada que participaron directamente en las agresiones y privaciones de la libertad del 26 de septiembre hay decenas de detenidos, los cuales ya han rendido diversas declaraciones. Si ya se tiene a varios de los autores materiales y se sabe a quienes y donde entregaron a los estudiantes, y, además, ya se detuvo a gran parte de los guerreros unidos ¿por qué no se ha dado con el paradero de los normalistas? En el tenor de lo señalado por uno de los padres de los desaparecidos, surge la interrogante ¿dónde están los aparatos y recursos de inteligencia del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa?

(5) No menos relevante es la cuestión de los descubrimientos de las fosas clandestinas en Iguala y sus alrededores. Dicha búsqueda, encabezada por la PGR, ha sido poco clara y no precisamente sistemática, las fosas han ido en aumento y la información respecto a los restos humanos encontrados es contradictoria ¿cuál versión es la que hay que creer, la de la PGE-Guerrero, a la PGR, a EAAF? Y, si no son los estudiantes, ¿de quiénes son los cuerpos que están en las fosas y cuánto llevan ahí? ¿quiénes son esos otros desaparecidos? Y, en consecuencia, persiste la misma pregunta que resuena desde el 27 de setiembre ¿dónde están los normalistas desaparecidos? Lo previamente señalado pone sobre la mesa la reflexión de si efectivamente el estado mexicano tiene la voluntad política real de esclarecer los hechos y encontrar a los desaparecidos.

Tras la llegada de la marcha multitudinaria del miércoles 22 de octubre al Zócalo del D.F., frente a miles de personas, varios de los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos volvieron a expresar su indignación por los hechos ocurridos y su demanda de aparición con vida de los normalistas. Con imágenes de los rostros de los 43 desaparecidos y veladoras por los asesinados, reiteraron su rabia y desesperación por la ausencia de sus hijos y compañeros, pero también expresaron enérgicamente su falta de confianza respecto a las autoridades y la forma en que han conducido las investigaciones. Posteriormente, el 23 de octubre, a través de TV-UNAM dos compañeros normalistas de los estudiantes desaparecidos reiteraron una vez más ese llamado…

Hoy, tras más de 30 largos días, queda pendiente la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinpa, el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables.