Nuestra aliada, Radio Pichincha Universal, organizó junto a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, el seminario “Incidencia de los Tratados Bilaterales de Inversión en la Política Pública del Ecuador”. El evento tenía como objetivo difundir ampliamente, tanto a nivel nacional e internacional un tema que, a pesar de su decisiva importancia en la vida de nuestros países, es desconocido para la ciudadanía. Como lo expresó Patricia Saldaña, gerente de la radio, el evento “responde al reto de democratizar la palabra, de empoderar a la ciudadanía, a comunicadores/as y líderes de opinión para el seguimiento de un tema directamente vinculado con la soberanía de nuestro país”.
El evento fue inaugurado por Andrés Aráuz, Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir – SENPLADES, quien enfatizó la relevancia del evento no solamente para Ecuador sino para toda América Latina. En una coyuntura internacional tan delicada, con un aumento de tensiones geopolíticas, hay implicaciones directas en el movimiento de inversiones y capitales. Es importante saber cómo los países pueden responder y defenderse.
Aráuz ejemplificó ampliamente las situaciones en las que se han visto y aún se ven países como Argentina, Venezuela o Bolivia, que han enfrentado arbitrajes internacionales que comienzan a amenazar la sostenibilidad económica de los procesos y los derechos de la ciudadanía. Afirmó también que en este momento, también países como Francia, Alemania o la propia Unión Europea como conjunto, comienzan a elevar críticas frente al sistema de arbitraje internacional. Mencionó también el caso de Sudáfrica, que ha decidido denunciar todos los Tratados Bilaterales de Inversión que firmó en los años 90.
“Los TBI son formas de minar la capacidad soberana de los Estados, de ir modulando su política pública, modulando las relaciones económicas para promover un mayor desarrollo”. Desde la perspectiva de Andrés Aráuz, este es un momento oportuno para, aprovechando las contradicciones del sistema, avanzar contundentemente en las alternativas de salida del mismo.
Ecuador está sometido a procesos de arbitraje por más de catorce mil millones de dólares. Se trata de casos gigantescos como el de Chevron o el de Oxy. La firma de los TBIs en los años 90 especialmente, tiene ahora sus consecuencias. ¿Cómo podría pagar el pueblo ecuatoriano semejantes cifras?
Javier Echaide, Miembro Comisionado de la Comisión de Auditoría Integral de Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) fue el encargado de explicar que son los TBIs y el sistema de arbitraje, indicando que el sistema está atado a los tratados porque es a esos foros, como el CIADI, que se llevan las demandas por parte de los inversionistas. Los TBIs otorgan todas las garantías a los inversionistas, a la permanencia de sus inversiones y son siempre inversiones privadas. No hay ninguna garantía para los Estados. Son instrumentos construidos con una total asimetría jurídica.
Existen alrededor de 2807 TBIs firmados en el mundo, casi todos en la década de 1990. Los datos muestran cómo de 385 TBIs firmados en los 80 se pasó a 1857, firmados en la década de los 90. En cuanto a las demandas, Echaide puso en evidencia el crecimiento de las mismas a partir del 2002, con un pico muy significativo en el año 2012. En cuanto a los árbitros, más del 40% son europeos, de USA o de Canadá y en cuanto a la participación de los mismos árbitros en varias demandas, se evidencia que en la mayoría de los casos a nivel global, las decisiones han estado en manos de 15 personas.
América del Sur es la región más afectada por este sistema, con un 27% del total de demandas, seguida por África Subsahariana, con el 16% de las mismas. Y de América Latina, Argentina es el país que más demandas ha recibido, seguida de Venezuela, la República Checa, Egipto y Ecuador. Echaide enfatizó el hecho de que ningún laudo arbitral ha tomado jamás en cuenta consideraciones en torno a los derechos humanos.
Por su parte José María Guijarro, Delegado del Ecuador al Comité Ejecutivo de la Conferencia Ministerial de Estados afectados por los intereses de las Transnacionales señaló que, en el contexto de fines de los años 80, los países “en vía de desarrollo” pensaban que para no ser expulsados del sistema y por tanto, no contar con inversión extranjera en el país, debían ser condescendientes con las transnacionales. En ese contexto se puede comprender la “necesidad” de firmar TBIs.
Hoy es evidente que no es así y de hecho, casos como el del Brasil, país que no tiene ningún TBI firmado, demuestran que se puede atraer la inversión extranjera sin necesidad de firmar este tipo de Tratados.
Guijarro aludió a la creación del Observatorio del Sur de Transnacionales, en abril del 2013, del que hacen parte 32 países, entre ellos Sudáfrica y China. El Observatorio tiene como ejes de trabajo la creación de base de datos de casos, el estudio y análisis cualitativo de dichos casos, la difusión de la información que se releva, la asesoría para la protección de inversión y la formación de personas que difundan estos temas, especialmente funcionarios de los Estados y académicos.
Durante el evento se expusieron también casos emblemáticos en contra del Ecuador, como el caso PERENCO y el caso Burlington, cuyo análisis pone en evidencia las contradicciones y la complejidad del funcionamiento de este sistema pero también, como lo afirmó Guillermo Moro, experto asesor de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones, “ el derecho no funciona separado de la política. La batalla por el nuevo derecho internacional de las inversiones empieza por fuera del derecho internacional de las inversiones”
