La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados trató esta tarde la propuesta para modificar la composición de la Corte Suprema con un cupo mínimo de dos mujeres. Pero no hubo acuerdo y volvió a asesores, donde será reformulada. Alfredo Dato, uno de los impulsores, conversó con Infojus Noticias.
Por: Franco Lucatini y Juan Manuel Mannarino
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados trató esta tarde un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa propone un cupo mínimo de dos mujeres en el máximo tribunal, integrado por cinco miembros. La iniciativa ingresó a la Cámara a fines de octubre, presentada por los diputados Alfredo Dato y Julia Perié, del Frente para la Victoria. Pero no hubo consenso, y a pedido de varios diputados, se acordó que vuelva a asesores, donde será reformulada. Entre otros puntos, se discutió acerca de la pertinencia de la escritura del texto: si se ponía «al menos» o «no menos» de dos mujeres. Eso también quedó inconcluso.
El proyecto sólo tiene tres artículos. Sustituye una cláusula del decreto ley de organización del Poder Judicial de 1958, que todavía rige la estructura de los tribunales, y allí propone: “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco jueces, de los cuales dos deben ser mujeres”. Agrega que la participación de mujeres en el máximo tribunal “en ningún caso, podrá ser inferior al 30 por ciento de su composición”.
En su segundo artículo, aclara que las vacantes que se produzcan a partir de la vigencia de la ley deberán ser cubiertas por mujeres, hasta que se cumpla con ese cupo. El tercero, una mera formalidad, dice: “Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional”. La propuesta surge en pleno debate sobre el futuro reemplazo del ministro Raúl Zaffaroni en la Corte, que ya presentó su renuncia para retirarse del tribunal en enero, una vez que alcance los 75 años de edad.
Dato, redactor de la propuesta, explicó que “no hace más que convalidar y elevar el nivel de participación de la mujer”. En diálogo con Infojus Noticias, aclaró que el planteo “no es ajeno a esta designación inminente, pero creo que a lo largo y a lo ancho del país hay juristas mujeres de un extraordinario nivel”. Y puso de ejemplo la comisión que coordinó la redacción del anteproyecto de Código Civil y Comercial unificado, integrada por “dos mujeres y un varón” –el juez Ricardo Lorenzetti y las magistradas Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci–.
El diputado tucumano destacó “la perspectiva de género con que la gestión kirchnerista está viendo las cosas” y estimó que “es un aporte que de ninguna manera debe condicionar la elección” del reemplazante de Zaffaroni. Aclaró que, su fuera necesario, podría empezar a regir después de la nueva designación, “para no diluir el debate en semejante lunar”. Explicó que la innovación debe “tener cierto carácter de permanencia” y anticipó que “no es decisivo que sea para esta nueva integración, aunque tampoco creo que le ponga trabas”. “La Corte es la que fija grandes pautas de interpretación para todo el sistema jurídico argentino, y es importantísimo que esté presente la mirada de género”, cerró Dato.
La jueza Elena Highton de Nolasco ya expresó su deseo de que se designe otra mujer para cubrir la nueva vacante, y mantener un equilibrio de género. Hasta este año, había dos entre los siete miembros del tribunal. Con los fallecimientos de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi, la Corte quedó integrada por cinco jueces, cuatro de los cuales son hombres. Zaffaroni también se mostró a favor de que una mujer ocupe su despacho una vez que él se retire.
En la reunión de comisión también se trataron otros proyectos. A diferencia de lo que ocurrió con el cupo femenino para la Corte, todos recibieron dictamen positivo: la incorporación de la figura del “amicus curiae” al Código Procesal Civil y Comercial, la creación de casas de refugio y albergue de mujeres víctimas de violencia, y la creación de una oficina regional en Argentina y la Conferencia de Ministros de Justicia de países iberoamericanos.
El cupo para la Corte
Los fundamentos de la iniciativa se apoyan en tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, se cita un artículo de la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el que los Estados se obligan a tomar medidas para asegurar “el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Los redactores del proyecto retomaron la ley 23.012 de Cupo Femenino, sancionada en 1991, y explicaron en el texto que ese mecanismo “les allanó el camino –a las mujeres– para poder acceder a los espacios de poder en las estructuras partidarias y llegar a cargos electivos”. Pero aclararon: “No obstante, las privaciones y limitaciones que todavía se verifican en el ejercicio de derechos de las mujeres dan cuenta de que estamos inmersos en una cultura que históricamente las ha subordinado”.
“Mientras los cambios culturales se producen, a todos los poderes del Estado les compete implementar políticas de protección a la mujer”, destaca el texto. Y repasa las normas sancionadas durante los últimos años con perspectiva de género –la creación de observatorios y oficinas de violencia doméstica o familiar, entre otras–. Esas normas, “dan cuenta de la necesidad de repensar nuestra estructura social, históricamente androcéntrica, para que la igualdad de derechos y oportunidades sea efectiva”, indica.
Dato y Perié afirmaron en la propuesta de ley que “la transformación efectiva hacia una sociedad igualitaria está vinculada también a la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de la magistratura”. Y concluyeron que “a medida que transitemos del reconocimiento de derechos a la acción y de las normativas vigentes a las buenas prácticas, la diversidad no será un elemento de discriminación sino constitutiva de una democracia plena”.
