A menos de una semana del proceso participativo sobre la independencia de Catalunya continua la prohibición desde el Gobierno central y los intentos para su celebración desde el gobierno catalán. La diferencia de aspiraciones se arrastra desde hace siglos, pero durante la última década el Gobierno central ha rechazado el dialogo con el Gobierno catalán, hasta llegar a la falta de entendimiento actual. Estos han sido algunos de los sucesos de los últimos años:
En septiembre del 2005, el Parlament de Catalunya aprobó un nuevo Estatuto de autonomía. Tras un recurso del Partido Popular y varios años de discrepancias, el Tribunal Constitucional (órgano del estado español que interpreta la Constitución) publicó en el 2010 una sentencia que obligó a severos recortes de dicho estatuto. Dichos recortes, desembocaron al día siguiente en una multitudinaria manifestación en Catalunya. Durante los años 2012, 2013 y 2014 continuaron las manifestaciones masivas convocadas por la Assamblea Nacional Catalana (una organización de ámbito catalán que tiene por objetivo alcanzar la independencia política de Cataluña).
Paralelamente, diversos ayuntamientos realizaron consultas sobre la independencia entre los años 2009 y 2011. Antes estas manifestaciones de malestar, el Gobierno central lejos de abrir un diálogo, extremó su posicionamiento en contra.
En enero del 2013 se aprobó en el Parlament de Catalunya la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” en la que se reclama la celebración de una consulta para decidir el futuro político de Catalunya, en junio de 2013 se celebró la reunión constitutiva del “Pacto por el derecho a decidir”. Es este un colectivo integrado por entidades, ciudadanos, sindicatos, empresarios, entidades locales, grupos parlamentarios y gobierno para ejercer el derecho a decidir y la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya.
En diciembre del 2013, el presidente de la Generalitat hizo pública la fecha y la pregunta de la consulta así como la petición formal al Estado español de la delegación de la competencia para convocar un referéndum por la vía del artículo 150.2 de la Constitución española. La fecha se fijó el día 9 de noviembre del 2014. La pregunta se formuló en dos partes: ¿quieres que Catalunya se convierta en un Estado y en caso afirmativo, quieres que este Estado sea independiente?
En octubre de 2014, el Presidente de la Generalitat, firmó el decreto de la consulta sobre la independencia que permite activar la maquinaria para la celebración de la consulta el 9N.
Inmediatamente el Gobierno español, negándose a la celebración de un referéndum, recurrió ante el Tribunal Constitucional del Estado Español, que admitió a trámite el recurso y suspendió de manera cautelar la ley de consultas populares y por lo tanto celebrar la consulta se convirtió en un delito constitucional.
El presidente de la Generalitat respondió con una propuesta que descarta la consulta y propone un “proceso participativo”, con urnas en edificios públicos, manteniendo la fecha y la pregunta, aunque sin censos y organizado por voluntarios.
El día 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un nuevo recurso del Gobierno español para suspender también la cita de la convocatoria del 9N, ante esta situación, el Gobierno de la Generalitat ha decidido mantener el proceso participativo con sus posibles consecuencias.
También ha acordado denunciar al Ejecutivo del Gobierno central ante el tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales. Según el Gobierno autonómico, el Gobierno central pretender suspender una consulta que no se hace, ya que lo único planteado es un proceso de participación ciudadana supervisada por voluntarios. Es decir, los ciudadanos catalanes, podemos acceder por vía telemática a la información sobre donde estará la urna en la cual podremos votar aunque no se dispone de un censo de votantes.
En este punto esta la situación, mientras el Ministerio del Interior (órgano del Gobierno central) ha enviado unos 500 policías nacionales a Catalunya como fuerzas de actuación inmediata ante la previsión de que se realice la participación ciudadana el próximo domingo 9 de noviembre.
