Un juzgado de A Coruña condena al bombero Roberto Rivas a pagar 600 euros por negarse a facilitar el desalojo de Aurelia Rey y mostrar un cartel de Stop Desahucios.
El trabajador asegura que la Policía cambió su versión de los hechos para acusarle, algo que el juzgado reconoció en el proceso contra el portavoz del BNG por participar en la movilización contra el mismo desahucio.
Por Miguel Pardo para eldiario.es
El bombero que se negó a colaborar con la comisión judicial para llevar a cabo el desahucio de la anciana Aurelia Rey en A Coruña tendrá que pagar una multa de 600 euros después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de la ciudad haya desestimado su recurso. Por tanto, la justicia sanciona a Roberto Rivas con el pago de la sanción por «infracción administrativa» y por «provocación de reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana».
La sentencia condena al recurrente también al pagado de las costas, aunque puede interponerse recurso de apelación en los quince días siguientes desde la notificación. Roberto Rivas -que todavía no ha recibido la sentencia y que se ha enterado por la prensa de la denegación del recurso- sostiene que el procedimiento sancionador se inició en virtud del traslado que el comisario jefe de la brigada provincial de seguridad ciudadana hizo a la Subdelegación del Gobierno de la declaración escrita de un policía nacional. Así, apela a sus derechos fundamentales y al incumplimiento de requisitos para avalar su versión.
Roberto Rivas asegura que la policía modificó los atestados policiales para variar el relato de lo que había acontecido en aquel intento de desahucio. «No me entra en la cabeza que cualquier policía obvie la realidad de lo que pasó, y más aún si es un cargo. Al final, su palabra vale mucho más que la tuya por el cargo que tiene, pero sesienta a tu lado en el juzgado y no te puede ni mirar a la cara. Hacen un atestado y al mes y medio hacen otro poniendo las cosas que, seguramente, les dijeron desde arriba que tenían que poner. No tienen manera legal de fastidiar a alguien pero le dan la vuelta y buscan la manera de hacerlo», declaraba en una entrevista reciente con este diario.
Hace año y medio, este bombero se negó a colaborar en el desahucio de la anciana Aurelia Rey cuando fue requerido para cortar una cadena que impedía la entrada al portal del edificio. Comunicó su negativa a la policía, sepuso el casco y cogió un cartel de Stop Desahucios para levantarlo mientras abandonaba la calle para volver al camión. «Lo volvería a hacer. Los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios; accedimos al trabajo para hacer unas determinadas labores, pero entre ellos no está echar a la gente de sus casas», dijo tras comparecer en la vista tras presentar el recurso.
La jueza, no obstante, da por «sentado» que «en el ejercicio del derecho de expresión se produjo una alteración del orden público con riesgo para las personas, lo que excluye pretender amparar estos hechos en el derecho de manifestación invocado». La administración demandada alegó la inadmisibilidade del recurso por «inadecuación del procedimiento».
«El demandante confunde o pretende confundir la denuncia con el atestado, y naturalmente que tienen y deben aparecer diferencias entre ambos», expuso la jueza, que rechaza «indefensión» en el bombero. Así, resuelve que la Subdelegación no vulneró derecho fundamental alguno y estima que está acreditada la alteración del orden público.
No obstante, hace tan sólo unas semanas, una sentencia por los mismos hechos se resolvió a favor del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ya que el juez no consideró acreditado que fuera cabeza visible de la concentración ni que provocara reacciones en el público y condenó a la Subdelegación por «vulnerar sus derechos fundamentales». En el fallo la justicia concluye que la policía cambió su versión para acusar al parlamentario en el desalojo de Aurelia, justo lo que argumentó el bombero Roberto Rivas, que también hizo referencia a cambios en la versión policial de los hechos.
Ante esta situación, el colectivo Stop Desahucios de A Coruña prepara ya una campaña de crowdfunding a través de internet con la que pretende recaudar fondos para colaborar en el pago de la sanción recibida por el bombero Roberto Rivas, pero también con las que han recibido muchos otros activistas o ciudadanos anónimos por colaborar en diferentes y variadas protestas y concentraciones. Además, se medita también si abrir una cuenta para colaboración a través de una entidad de la banca ética. En esta misma semana está previsto que se presente esta campaña que comenzaría a funcionar en la red los próximos días.
