A excepción del Partido Popular, que la ha rechazado en su totalidad, el Parlamento de Catalunya ha aprobado el pasado dia 2 de octubre una Ley pionera en el marco internacional,  contra la homofobia,  garantizando así los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).

La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Precisamente el régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo. Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia -569,12 euros en 2014- a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

Hoy en día, la homosexualidad se persigue en 77 países del mundo y, con esta norma, Cataluña –junto con Argentina- se pone al frente de la lucha por la erradicación de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. En el caso catalán el ordenamiento obligará a los poderes públicos a dejarse asesorar por el Consejo Nacional de las personas LGBT, que pasa a ser un órgano participativo y consultivo permanente.

El Govern deberá dotarse de un órgano coordinador de las políticas LGBT y ofrecer un servicio de atención integral. Deberá garantizar, además, la formación y la sensibilización de los profesionales y de los trabajadores de la administración. La ley incide especialmente en los ámbitos de la educación, las universidades, la cultura, el ocio y el deporte, los medios de comunicación, la salud, la acción social, el orden público, los establecimientos penitenciarios, el mundo laboral y las políticas de familia. Los impulsores de la plataforma, sostienen que la norma «es pionera en el Estado y en Europa» y que con su aprobación se culmina una larga reivindicación. Cabe decir, sin embargo, que el pasado abril, Galicia ya aprobó una ley contra la LGTBfòbia también pionera en el Estado, pese a que el PP rebajó en gran parte sus aspiraciones. También hay que mencionar el caso andaluz, donde en julio pasado se aprobaba una medida que reconoce el derecho de las personas a la libre autodeterminación de su género.

En palabras del portavoz de LGTBcat, Eugeni Rodríguez, la normativa catalana supone una “reparación histórica” para un colectivo que ha sufrido violencia durante muchos años en todo el mundo.