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“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.
Por José Luis Gordillo para Periodismo Humano
INTRODUCCIÓN
Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.
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Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.
Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.
Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.
Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.
Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:
- La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
- Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.
Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.
Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.
La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.
Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.
En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños. Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.
En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.
Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.
En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.
Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 14 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.
Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.
Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un supuesto informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos pretendidas “amigas” de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.
Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los que siguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.
Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.
Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?
Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes que he realizado sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.
A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>
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