Por Redrigo Escalante.-
Dentro de las dinámicas del conflicto armado en Colombia y frente a los diálogos de paz que se vienen desarrollando en Cuba, las mujeres representan un capítulo aparte por la violencia que se ejerce contra ellas en diversos escenarios que van desde la tortura, secuestro, homicidio y desplazamiento interno. Estas prácticas de guerra atentan no solo contra la vida y dignidad de la mujer sino también evidencian la falta de reconocimiento y visibilidad que ellas adquieren en el marco del conflicto interno Colombiano.
La violencia de género se ha convertido a través de los años en un arma de guerra comúnmente utilizada por grupos al margen de la ley y que ha hecho del cuerpo de la mujer el centro de actos sexuales como la esclavitud sexual y distintos cuadros de crueldad que afectan la integridad física y psicológica de una gran cantidad de mujeres que se ven inmersas en las lógicas de una barbarie que pareciera no tener nombre. Así las cosas, la violencia contra la mujer es constante y sistemática. Se ensaña a toda costa
contra niñas menores de edad sin tener en cuenta las graves afectaciones que esto puede conllevar a largo plazo.
Generar cualquier tipo de violencia contra la mujer tiene varios objetivos. Uno de ellos es el castigar o generar miedo en las comunidades y en mujeres acusadas de colaborar con el enemigo. De igual manera, las mujeres son usadas como trofeo de guerra al ser retenidas y torturadas para la obtención de información, así como también para labores de cocina al servicio de estos grupos al margen de la ley como son las FARC y bandas
de paramilitares que se disputan el control de un determinado territorio para su propio beneficio.
No obstante, el gobierno Colombiano ha realizado pasos significativos para la reivindicación de estas mujeres y su lucha por ser reconocidas en las leyes del país.
Se avanzó en una ley que establece que los actos de violencia sexual cometidos dentro del marco del conflicto armado pueden constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos de genocidio. Con esta ley se logra que la violencia sexual sea imprescriptible, es decir, que estos actos no se extingan y por ende puedan ser juzgados en cualquier momento ya que en muchas ocasiones la impunidad de este tipo de crímenes pareciera perpetuarse sin que se alce una voz de protesta que rechace estos actos que atentan contra los Derechos Humanos.
El modelo de justicia transicional adoptado por Colombia para permitir un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y de reconciliación nacional no responde a las necesidades más apremiantes de cada una de las víctimas. Mientras los jefes paramilitares han tenido acceso a abogados y ayudas económicas para su reinserción, las mujeres víctimas del conflicto no cuentan con la orientación ni el apoyo suficiente para iniciar un proceso judicial que le permita esclarecer los hechos ocurridos en los que se vieron involucradas.
Más allá de las estadísticas que se puedan manejar, lo importante es que estos actos que atentan una vez más contra la vida de las mujeres no queden archivados y mucho menos incurran en la impunidad del olvido y la indiferencia. Es necesario mirar el pasado para que estos actos inhumanos no se vuelvan a repetir y aprendamos que el uso de la fuerza contra la mujer es una muestra de salvajismo en plena civilización.
