Tribunal ordena la restitución a comunidad indígena de 50,000 Ha que se encontraban concesionadas a empresas mineras.
Por Noticias Aliadas
En un fallo considerado histórico, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín ordenó el 23 de setiembre la restitución de los derechos territoriales de la etnia Embera Katio del resguardo de Río Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó, en el occidental departamento del Chocó.
La decisión favorece a 1,454 familias indígenas, con una población de 7,270 personas, que se vieron obligadas a abandonar su territorio debido a la actividad minera, reclutamiento forzado y amenazas de los grupos armados.
“Esta es la primera vez en el país y en el mundo que una comunidad indígena amenazada de desaparición física y cultural por efecto del conflicto armado y de los factores subyacentes y vinculados al mismo, logra mediante un fallo judicial el reconocimiento de los derechos fundamentales al territorio, al gobierno propio y a la autodeterminación, entre otros, los cuales están siendo vulnerados por situaciones derivadas del abandono, confinamiento y despojo del territorio ancestral a la comunidad Embera Katio”, dice un comunicado de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El proceso judicial se inició en febrero pasado con la presentación de la demanda por la URT y que concluyó con el fallo que dispone la salida de 11 empresas mineras que extraen oro en esa zona del país.
El resguardo del Río Andágueda fue formalizado en diciembre de 1979 ante el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Sin embargo, desde el 2008 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) inició una intensa campaña de concesión de títulos mineros en áreas que se superponían al resguardo, llegando a entregar 62% de las 55,000 Ha del territorio indígena.
Consulta previa
“Es un fallo sin precedentes en la historia del país porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras”, dijo el director de la URT, Ricardo Sabogal. “Este pronunciamiento es el primero, donde un juez de la República ordena restituir un territorio a una comunidad étnica que ha sufrido mucho”.
Sabogal agregó que “en esta zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras”.
El directivo precisó que en caso haya actividad minera, ésta se realizará de acuerdo a ley.
“Si [las empresas] van a intervenir, tendrán que hacer una consulta previa con la comunidad para que ellos puedan participar en las decisiones que afectan a su territorio. Llegó el momento de tomarnos los derechos en serio, los derechos de las comunidades indígenas. Sus territorios deben ser respetados y, para eso está la política restitutiva y la Unidad de Restitución de Tierras”.
Además, la sentencia ordena a las instancias nacionales, departamentales y municipales garantizar el retorno de la comunidad desplazada, y a las autoridades mineras y ambientales elaborar diagnósticos de cada uno de los proyectos de explotación de bienes naturales dentro del resguardo, a la vez que declara la nulidad de los títulos entregados dentro del territorio indígena, y dispone rechazar las solicitudes de nuevas concesiones mineras.
