La ejecución extrajudicial de 6 personas –entre ellas un menor- y la desaparición forzosa de 43 estudiantes de magisterio a manos de policías locales, aparentemente por orden del alcalde del pueblo, Iguala, ha destapado los males no solo de Guerrero sino de otros puntos de México dónde la transición no llegó.
El poder caciquil unido al crimen organizado, la pobreza y el activismo social eran una bomba de relojería que estalló el 26 de septiembre de 2014. No es la primera vez que ocurre pero hoy, a diferencia del pasado, el mundo observa a México y el presidente Enrique Peña Nieto lo sabe.
Por María Verza para Periodismo Humano
ESCENA 1: En la Normal Rural de Ayotzinapa todo es recogimiento. Familiares de algunos desaparecidos se han instalado en las habitaciones normalmente utilizadas por los alumnos, procedentes de las comunidades más pobres y marginales, mientras esperan noticias. Aquí unos llegan por vocación. Otros porque al salir tienen garantizada una plaza de maestro con un sueldo de 350 euros mensuales, mucho más de lo que sacan del campo. La Normal ofrece estudios, alojamiento, comida y una fuerte ideología de izquierda, todo gratis. Algunas autoridades indígenas llegan a mostrar su apoyo por la tragedia con un saco de maíz en la mano. Los padres repiten una y mil veces que vivos se llevaron a sus hijos y vivos los quieren de vuelta.
“Se destapó la cloaca”, sentencia Abel Barrera, director de Tlachinollan, la organización de derechos humanos que apoya a las víctimas. “Se acabó la simulación. Esto no es una democracia real aunque votemos y haya partidos, aquí no hubo transición. Esto no es Ciudad de México. El poder aquí sigue ejerciéndose de forma caciquil, con policías que realmente son pistoleros a sueldo de ‘el señor’, sin formación y sin cultura de derechos humanos y el crimen organizado se empotró en ese sistema gracias a la corrupción a la impunidad”.
Familiares de los desaparecidos reunidos en el patio de la Normal Rural de Ayotzinapa (Jacobo G.Garcia)
Su explicación es contundente. La comparte el académico del Colegio de México, Sergio Aguayo. “El talón de Aquiles de la transición son los municipios que se quedaron solos frente al crimen organizado y este se apropió de ellos”. Ahí impera todavía una “lógica totalitaria”, añade el analista. Un murmullo recorre las esquinas recordando siete décadas de pasado: “El viejo PRI, el viejo PRI…”
ESCENA 2. Como hicieron otras veces unos 80 jóvenes de Ayotzinapa ‘toman prestados’ -sin violencia porque los afectados prefieren colaborar a que el vehículo sea dañado- tres autobuses para utilizarlos para una protesta. Esta vez eligen Iguala pero la policía local les intercepta y comienza a acribillarles (según versión de los estudiantes y de las autoridades). Los jóvenes se intentan esconder. Los agentes detienen a muchos y los suben en patrullas (hay vídeos). Los que huyeron empiezan a denunciar lo ocurrido a la prensa local pero de repente vuelven las balas. Los estudiantes se dispersan, algunos piden ayuda y se esconden en casas cercanas. Hay muertos y muchos heridos. Uno de ellos se desangra con un tiro en la mandíbula. Un grupo de estudiantes llama al ejército. Los militares al llegar les quitan los celulares, les inmovilizan y aunque dicen que llaman a una ambulancia no lo hacen, según cuenta, el ‘normalista’ Omar García. “Al final conseguimos llegar al hospital con el compañero vivo”. Mientras, un tercer ataque de policías y “sicarios a sueldo” (según la fiscalía) ataca otro autobús que esta vez no lleva a estudiantes sino a un equipo de fútbol. Muere un jugador de 15 años, el chofer y una mujer que pasaba por ahí en taxi. Han transcurrido varias horas desde el primer ataque. Nadie impide los siguientes. El alcalde cena tranquilo. El balance de la noche son 6 muertos, 17 heridos (dos muy graves) y 43 desaparecidos.
Un pequeño altar en el patio de la Normal, para que los jóvenes vuelvan con vida (Jacobo G.Garcia)
Ya nadie duda que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, (del PRD) está involucrado con el cártel local (Guerreros Unidos). Lo sugirió el gobierno estatal (también del PRD). El federal (del PRI) no atendió denuncias pasadas que acusaban a Abarca de asesinatos y secuestros porque “no me presentaron evidencias”, dijo el procurador general, Jesús Murillo Karam. Ahora, sin embargo, quiere procesarlo. Parece que fue Abarca quien dio la orden de atacar a los estudiantes aunque no está claro el porqué. Y ahí está parte de la barbarie. El horror se apoderó de los mexicanos al saber que uno de los estudiantes apareció con el rostro desollado y le habían sacado los ojos. “Los muchachos encararon a la policía pero no se dieron cuenta que el México pistolero y narco estaba detrás”, explica Barrera. Las armas son el poder. La vida no vale nada. “Llegamos a Iguala a buscarlos al día siguiente, casa por casa, pero la gente nos advirtió que nos fuéramos, que era muy peligroso”, cuenta Jesús López, el papá de Giovani, uno de los desaparecidos, de 19 años, el menor de sus tres hijos.
ESCENA 3. Corren los años 60. Lucio Cabañas, un maestro salido de Ayotzinapa, organiza a los campesinos frente a los caciques. En mayo de 1967 convoca una manifestación pacífica en Atoyac. La policía quiere desalojar la plaza y comienza a disparar. Cabañas escapa a la sierra y forma una guerrillera que será duramente combatida por las fuerzas armadas. Décadas después surgen movimientos similares. La respuesta del Estado del 69 al 82 es lo que se conoce como ‘guerra sucia’ y su principal escenario es Guerrero. Un documento de 2001 elaborado, entre otros colectivos, por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que militares desfiguraba el rostro de sus enemigos políticos, les rompía los huesos, les rebanaba las plantas de los pies o les colgaban por los testículos. Muchos fueron arrojados vivos al mar. Otros enterrados cementerios clandestinos, como el de ‘los pozos de Copacabana’ sobre el que se construyó la turística Zona Diamante de Acapulco.
Un cartel recuerda las fechas y nombres de otras masacres ocurridas en Guerrero (Jacobo G.Garcia)
Una semana después del fatídico 26 de septiembre, el hallazgo de varias fosas clandestinas en las afueras de Iguala con cuerpos calcinados que podrían ser los de los estudiantes desaparecidos crispó más el ambiente. Las explicaciones del fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, sobre cómo colocaron los cadáveres en un lecho de ramas, los rociaron con combustible y les prendieron fuego, sobrecogieron. Comenzó un nuevo horror para los familiares: preguntas, entrevistas, pruebas de ADN y poca o nula información directa de las autoridades.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no habría impunidad pero muchos desconfían en un país en el que más del 90% de los crímenes quedan sin castigo. El despliegue de efectivos federales en Iguala llevó a que los Guerreros Unidos pusieran carteles advirtiendo que si no se iban, dirían los políticos que les apoyan. El investigador y experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia cifra en torno al 80% los municipios de México infiltrados por el narco y lleva años repitiendo que los políticos y los empresarios son los que permiten que las organizaciones criminales sigan vivas.
El 8 de octubre miles se manifestaron en Ciudad de México al grito de Justicia para Ayotzinapa (María Verza)
Guerrero es zona de tránsito y cultivo de droga. Cochoapa el Grande, por ejemplo, es el municipio más pobre de México y el mayor productor de amapola. Según explica Abel Barrera, “los campesinos cubren con la amapola las necesidades que no pueden cubrir con el maíz y hay un acuerdo comunitario para que el que quiera, siembre, y nadie dice nada”. La violencia está latente pero el crimen organizado no está enquistado ahí. En otras zonas más militarizadas sí. “En Iguala hay dos puestos militares cercanos e impera un cártel intocable, ¿por qué no actuaron? ¿No será que las fuerzas federales están vinculadas con ese poder caciquil y criminal?”, se pregunta el defensor.
ESCENA 4. La zona fronteriza entre Guerrero, el Estado de México y Michoacán es un polvorín. Dos cárteles se disputan ese territorio, La Familia y los Guerreros Unidos. Hay secuestros extorsiones y muertes. Muchas veces de inocentes, como el hijo del promotor de la radio comunitaria de Luvianos, Indalecio Benítez. El niño, de 12 años, murió cuando hombres armados acribillaron la furgoneta en la que viajaba toda la familia. Muy cerca de allí, en el municipio de Tlatlaya, el ejército esinvestigado por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a 22 supuestos criminales. EEUU, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido a México una investigación clara y castigo a los culpables.
Las fotos de los estudiantes desaparecidos estaban en todas las protestas del país (María Verza)
Miles de mexicanos, incluidas las comunidades zapatistas, se han echado a la calle en distintas ciudades clamando justicia y la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los autobuses llevan el cártel con el #TodosSomosAyotzinapa. Muchos ponían el nombre de Iguala detrás de otros lugares marcados por el crimen: Aguas Blancas (17 campesinos asesinados en 1995); Acteal (47 indígenas masacrados en 1997), San Fernando (72 migrantes ejecutados en 2010)… Las protestas llegaron incluso a las sedes diplomáticas mexicanas de ciudades de Europa y EEUU. Y no faltan las voces más radicales. Un grupo guerrillero de antaño el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) lanzó un comunicado llamando a crear una “brigada de ajusticiamiento” contra el cártel de los Guerreros Unidos.
“Los estudiantes de la Normal están sorprendidos, no asimilan lo que está pasando pero creo que es un punto de quiebre”, asegura Barrera. “Está emergiendo una gran fuerza ciudadana y hay un gran reflector apuntando al poder, y al poder no le interesan las víctimas pero sí la imagen internacional”.
La famosa estatua de El Caballito, en el DF, parecía unirse a la protesta con un improvisado grafiti (María Verza)
“Este sistema podrido todavía tiene fuerza para protegerse y posiblemente extirpará a los miembros afectados –el alcalde de Iguala, por ejemplo, tal vez el gobernador de Guerrero- para distender el ambiente pero ¿hasta dónde llegará la limpieza?”. El director de Tlachinollan recuerda que Guerrero puede generar mucha crispación social.Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y el Departamento de Estado de EEUU lanzaron la voz de alarma y la ONU ya ha dicho que México enfrenta una “prueba crucial” en derechos humanos con este caso. Un puñado de eurodiputados fueron más allá al pedir que se paralice la renovación del acuerdo Unión Europea-México hasta que se aclaren los crímenes de Iguala.
El culpable no es la delincuencia organizada, reiteran una y mil veces los estudiantes de Ayotzinapa. El culpable es el Estado, subrayan. México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana en tres ocasiones relacionadas por abusos de policías o militares ocurridos en Guerrero. El 15 de octubre Enrique Peña Nieto tendrá otra prueba sobre la mesa. La Comisión de la Verdad de Guerrero presentará su informe sobre la guerra sucia que tiene más de 1.000 desaparecidos y el gobierno federal se comprometió a atender las recomendaciones. “No poner freno a la impunidad de entonces la ha hecho permanecer”, dice una abogada integrante de la Comisión, Pilar Noriega. De aquellos polvos vienen estos lodos.
