Por Alfredo Serrano Mancilla para CELAG
Muchos presumen de afirmar que la economía nada tiene que ver con la política. Insisten en explicar la economía como una ciencia exacta, ingenieril, en la que un conjunto de herramientas técnicas, casi por arte de magia, y a veces por inexplicables carambolas neutrales, acaban definiendo el modo más eficaz de organizar una sociedad. Hablar de política cuando se discute de economía parece una blasfemia para esos acérrimos defensores del paradigma hegemónico. Así la economía la presentan como una cuestión de expertos en la que el pueblo, y por tanto la política, poco tiene que opinar. El tiempo de la pos política, como dice Chantal Mouffe, se pretende imponer desde aquellos que procuran evadir la disputa política cada vez que toca discutir en torno a asuntos sociales de máxima importancia. Menos mal que luego la realidad refuta esta absurda tesis y siempre se acaba demostrando que la política atraviesa a la economía. Como no puede ser de otra forma, no hay debate económico si éste no se hace desde la confrontación política.
Han pasado ya unos días y ahora ya se puede contar sin estrés electoral. El órdago de la Coca Cola contra el gobierno de Evo Morales, justo antes de las elecciones del pasado domingo 12 de Octubre, es un buen ejemplo para explicar cómo la política se convierte en una variable clave para entender qué sucede en términos económicos. De manera muy “curiosa” (las comillas son comillas irónicas), Coca Cola a pocos días de la gran cita democrática, decide subir el precio de todos los productos de su marca en un país donde el control del precios es una religión muy efectiva y apoyada por la mayoría de la población. Así, de repente, la más trasnacional de las transnacionales considera que los costes de sus productos han aumentado y es justamente en plena jornada de reflexión electoral el momento más oportuno para provocar un aumento de los precios en productos que son ampliamente consumidos por el pueblo boliviano.
En el gobierno del MAS, la lucha contra la inflación es objetivo prioritario y así se demuestra en su efectiva política de control de precios, de monitoreo diario sobre muchísimos productos de la cesta básica para los bolivianos. Este proceso de cambio entiende que la inflación es literalmente una cuestión de puja distributiva, de lucha entre el poder de mercado de unos pocos (que busca la máxima tasa de ganancia) y el poder popular de la mayoría social (que no desea perder poder adquisitivo). La inflación es una ecuación política y no un valor salido de una coctelera de variables técnicas. Así es como Evo Morales y los suyos concibe esta arma de destrucción masiva del siglo XXI. Y por ello su gobierno puede presumir de una economía en continuo crecimiento, con fuerte protagonismo de las políticas sociales redistributivas, con una inflación controlada y compensada sobradamente por la mejora de las condiciones de vida salariales de la ciudadanía.
Este éxito en política económica no es casual, sino que se deriva de concebir que la lucha contra la inflación solo se puede realizar desde la recuperación de la soberanía en política económica. Coca Cola se confundió de época, y creyó que aún estaba en la era neoliberal, pensando que podía incrementar los precios como si la libertad de mercado fuera más importante que la justicia social para los bolivianos. Y no. El gobierno boliviano dio una lección magistral de economía política impidiendo que Coca Cola abusara de su posición de mercado para afectar a la vida cotidiana de los bolivianos, y más si esto se producía a tan poco tiempo de votar en unas elecciones. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, no dejó lugar a dudas en su reacción: “esto es un acto político”; “Coca-Cola no encontró la mejor manera de lastimar este momento iniciando un proceso de incremento de precios”; “la compañía cae en un acto abiertamente político y de atentado contra el bolsillo de los bolivianos, ya que lanza esta medida dos días antes de las elecciones”. Tan contundente como eficaz la posición de la ministra y del Presidente que no permitieron este intento de golpe de mercado que pretendía contaminar el ambiente para que la oposición pescara electoralmente en río revuelto. El ejecutivo empleó sus facultades legales y políticas para suspender este incremento de precios; obligó a los directivos de Coca Cola a dar explicaciones; les hizo retroceder; y además declaró que a partir de entonces las gaseosas también estarán dentro del monitoreo diario de precios. Así la inflación, para este gobierno, nunca podrá ser concebida como un ser paranormal que tiene vida propia pero sin nombres ni apellidos. No. En esta Bolivia, la inflación se controla con medidas acertadas económicas pero siempre desde la política, identificando quién es quién, y qué tipo de intereses tiene cada uno.
Recuperar la soberanía en política económica es entender precisamente que sólo puede haber otra economía justa y humanista si ésta se implementa desde una posición política independiente. El gobierno de Evo Morales lo ha demostrado, y la victoria frente a la Coca Cola es una muestra más de este camino arduo pero fructuoso. Así es como se explica que Evo Morales tenga el apoyo que tiene en las urnas porque no promete lo que no cumple; porque la soberanía no es eufemismo de nada, sino realmente constituye el principio político básico para llevar a cabo una política económica muy acertada. Coca Cola antes de querer usar su poder de mercado, se lo pensará dos veces porque enfrente tiene un proceso liderado por un Presidente que sabe perfectamente usar su poder político, electoral, social y popular.
