Fue en la 7ª Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Habló Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas. “En Argentina el trabajo contra la trata es intergubernamental e interinstitucional”, dijo.

Desde la Convención de Viena para Infojus

“En Argentina el trabajo contra la trata es intergubernamental e interinstitucional”, señaló Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La funcionaria expuso la semana pasada en Viena, Austria. Fue en la 7ª Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, de la ONU. Gatti presentó la experiencia del país en el combate de este delito.

Durante los primeros ocho meses de 2014, el Estado nacional liberó a 1.202 víctimas que eran sometidas a distintas formas de esclavitud.  Desde abril de 2008, cuando se sancionó la ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 7.269 personas ya fueron rescatadas de las organizaciones criminales que las explotaban. En Viena, Gatti centró su exposición en cuatro puntos: el funcionamiento de la línea gratuita para denunciar casos (145), el artículo 5 de la ley 26.364 que habla de la no punibilidad de las víctimas, la articulación entre ministerios y las capacitaciones.

Luego de su participación en las Naciones Unidas, Gatti habló con Infojus Noticias.

-La legislación argentina considera “no punible” a las víctimas de trata por delitos cometidos mientras fueron objetos de ese delito. ¿Esto se tiene en cuenta en las normas de otros países?

-Es algo novedoso que tiene nuestra legislación. En otros países se discute penalizar a la persona dependiendo del tipo de delito que cometió. Pero si hablamos de víctimas no podemos hacer distinción entre los delitos. Para nosotros una víctima es víctima y punto. Tenemos casos de personas que han tenido que matar a otra para resguardarse. Un caso en el que intervenimos fue a fines de 2008: en un prostíbulo de La Plata una víctima había sido obligada a abortar un bebé de 5 meses y enterrar el feto. El juez la imputó por el aborto porque, a partir de las declaraciones de las otras mujeres, se allanó el lugar y se encontró al bebé muerto en una cajita en el predio.

El juez, en ese entonces, la imputó por el delito de aborto pero la mandó a nuestro Programa. La mujer estaba en una situación deplorable, con una hemorragia que no le paraba, la habían obligado a tomar pastillas y a interrumpir el embarazo. Después fue obligada a “trabajar” de nuevo. En 20 días, después de nuestra intervención y cuando ella puede hablar, el juez le sacó la imputación y esa acusación pasó a ser responsabilidad de los tratantes.

-En su exposición en la ONU destacó el convenio de capacitación y cooperación que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó con Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000 y con el sindicato que nuclea a los empleados aeroportuarios. ¿Qué resultados dio ese acuerdo?

-Desde abril hasta la fecha ya se capacitaron 700 personas en aeropuertos de  Capital, Ezeiza, Córdoba, Misiones, Tierra del Fuego y Posadas. Estas capacitaciones dieron como resultado, por ejemplo, que hace dos meses se detectó un probable caso de trata. La persona que estaba a cargo de un vuelo que venía de Uruguay vio a seis mujeres que estaban siendo trasladas y por las características y las circunstancias pensó en este delito. El avión estuvo detenido dos horas en Aeroparque. Esta persona llamó a la Justicia y también al Programa Nacional de Rescate. Esto fue el resultado del curso de capacitación.

-Muchos de los casos en los que intervino el Programa Nacional llegaron a través del 145 ¿Cómo funciona esta línea?

-Es un número para que cualquier ciudadano, ante la mínima sospecha, establezca una rápida comunicación con el personal especializado.  De a poco se volvió una línea de referencia. Es de alcance federal y gratuito desde 2011. Forma parte de la campaña de prevención que funciona en el ámbito del MERCOSUR y sus Estados Asociados, en el marco del “Plan de Acción del MERCOSUR para la lucha contra la Trata de Personas”.