Agua pública en riesgo. ¡No al TTIP!

El TTIP, Tratado comercial y de inversiones entre EEUU y Europa, está revisándose. Afecta a innumerables campos de la vida cotidiana de la población, en este caso Europa. Muchas organizaciones están manifestándose en contra de este Tratado y su falta de transparencia, por cierto. Aquí publicamos la preocupación de ciertos colectivos españoles defensores de que el agua sea de propiedad y control públicos.

El TTIP no sólo intenta reducir las regulaciones en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria, sino que pretende afianzar la liberalización de los mercados de servicios, incluida la apertura de servicios públicos tales como el #agua a compañías privadas.

Algunas empresas estadounidenses están especialmente interesadas en acceder a los servicios públicos europeos, a los que ven como vastos mercados esperando ser explotados. El gobierno estadounidense ha confirmado que usará el TTIP para abrir los mercados de servicios europeos en beneficio del capital estadounidense, y concretamente que “cuestionará el funcionamiento de cualquier monopolio designado” (incluido el de titularidad pública) en el ámbito de los servicios públicos.[b].

Algunos miembros del Parlamento británico han dado la alarma y han advertido que el TTIP podría “destruir” determinados servicios públicos si las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse contratos de gestión.[c] 

La Comisión Europea ha declarado que los servicios públicos se mantendrán al margen de las negociaciones del TTIP en virtud de una cláusula sobre exclusión de servicios “proporcionados en el ejercicio de autoridad gubernamental”, descrita en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (GATS, por sus siglas en inglés).[d] 

No obstante, también reconoció en el pasado que esta cláusula no protege a los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser efectivamente excluidos. 

En consecuencia, la UE se vio obligada a introducir una restricción más a la lista original de 1995 sobre compromisos en materia de servicios, para asegurarse de que sus servicios públicos quedaban exentos de las normas del GATS. Sin embargo, desde entonces la Comisión ha tratado de dejar atrás esta exención sobre los “servicios públicos”, argumentando que desea fervientemente que los servicios públicos estén incluidos dentro de los acuerdos comerciales de la UE, a excepción solamente de los servicios asociados a la seguridad, como el sistema judicial, la vigilancia de fronteras o el control del tráfico aéreo.[e] 

DINERO PÚBLICO PARA EL BENEFICIO PRIVADO 

Además del proyecto de traspaso de los servicios públicos a compañías con fines lucrativos, uno de los efectos más insidiosos de un acuerdo de libre comercio como el que nos ocupa es el hecho de que después de su privatización, a los países les resulta prácticamente imposible recuperar sus servicios públicos. Que es lo que nos ocurriría si se consuma el proceso de privatización del CYII. 

Este efecto, por el que los gobiernos quedan “atrapados”, se extenderá incluso más si el TTIP adopta el planteamiento de la “lista negativa”, contemplado en el nuevo acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá, y por el cual todos los sectores de servicios se entregan a la liberalización a menos que estén señalados expresamente como excepciones (el modelo “list it or lose it”, algo así como “ponlo en la lista o piérdelo”).  

Esto supone un giro dramático que se aleja del planteamiento de la “lista positiva” tradicionalmente usado por la UE, donde solamente los sectores propuestos activamente para ser incluidos en el listado están abiertos a la competencia de compañías extranjeras.  

Algunos grupos empresariales europeos se han unido a sus contrapartes estadounidenses para pedir que se use el planteamiento de la lista negativa en el TTIP, con el objetivo de incluir en la liberalización al mayor número posible de sectores de servicios.[f] 

Asimismo, si las medidas de protección a los inversores se incluyen en el TTIP, los inversores extranjeros podrán demandar a los países donde inviertan por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas o por la “pérdida de oportunidad” de negocio si los gobiernos establecen sistemas de servicios públicos de cobertura universal o de mayor cobertura.[g] 

La amenaza que supone el TTIP: “No deben olvidar que América va bien para aquellos que tienen dinero, pero no tan bien para los que no.”[h] 

La Comisión Europea y el gobierno estadounidense también tienen la intención de usar el acuerdo comercial para abrir la adjudicación de contratos públicos a la competencia del sector privado. Esto tendrá como consecuencia que muchos gobiernos locales ya no estarán autorizados a hacer políticas de adjudicación a favor de fines sociales y medioambientales importantes.[i][j] Una vez más, las únicas beneficiadas serán las corporaciones transnacionales, que desbancarán a los proveedores locales y se harán con sus contratos.[k][l][m] 

NEGOCIAR CON EL AGUA  

La Comisión Europea  trata de usar el TTIP para debilitar regulaciones importantes en materia de finanzas que se introdujeron a raíz de la crisis de 2008. A pesar del reconocimiento unánime de que la “regulación mínima” fue una de las causas principales de la quiebra del 2008, la Comisión intenta ahora profundizar en la desregulación exigiendo que el asunto se incluya en las conversaciones del TTIP. La agenda la está marcando el gobierno del Reino Unido en nombre de su poderoso grupo de presión de servicios financieros en la City de Londres, así como el gobierno alemán en nombre de su sector bancario; sin olvidar a los bancos más importantes de Estados Unidos, deseosos de usar el TTIP para debilitar las nuevas regulaciones introducidas por la Ley Dodd-Frank del gobierno de Obama.[n] El gobierno estadounidense ya se ha mostrado de acuerdo en negociar una rebaja de las normas que regulan el acceso a los mercados de servicios financieros, incluida la eliminación de los controles de capitales.

Desde la Conferencia de Dublín de 1992,  el #agua se considera  una materia prima que no cotiza en el mercado. «Si el #agua alguna vez se convierte en una materia prima cotizada en mercado, eso significará que el mundo se enfrenta a problemas muy serios […] Negociar con #agua como una ommodity implicaría además que el #agua puede entregarse físicamente desde unos puntos designados y para que esas transacciones sean viables, el coste del #agua tendría que alcanzar niveles insosteniblemente elevados”[o]. 

No obstante, los especuladores podrán encontrar formas de negocio en el sector del #agua invirtiendo en las empresas que se verán más beneficiadas por el TTIP: desalinizadoras, fabricantes de sistemas de potabilización o empresas de infraestructuras como cañerías, sistemas sanitarios o de drenaje. [p] 

Pero la forma más fácil de invertir es a través de fondos de inversión o fondos cotizados[q] (ETFs)especializados en #AGUA que, tal y como hemos visto,  se verán especialmente protegidos por la debil regulación en materia de finanzas que supone el TTIP[r] . De hecho, actualmente en el mercado se pueden encontrar varios de estos fondos ligados al comportamiento de las empresas relacionadas con el sector, que a su vez se dividen en dos categorías: servicios de #agua e infraestructuras y equipamientos y materiales[s].

VACIANDO LAS ARCAS DE LO PÚBLICO   

Pero la amenaza más grande que se deriva del TTIP quizás sea su intención de conceder a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a países concretos por pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones de política pública. Esta disposición para la resolución de disputas entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) no tiene parangón en sus consecuencias, pues equipara la condición jurídica del capital transnacional a la del Estado nación. Si se aprueba el TTIP, se les otorgará a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por Estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a sus beneficios. 

Los EE.UU. han insistido en incluir el ISDS en casi todos sus acuerdos bilaterales de inversión hasta la fecha, y solamente Australia ha conseguido ser la excepción.  

Según el ISDS, las compañías pueden demandar por daños y perjuicios al país donde lleven a cabo sus actividades incluso aunque no tengan ningún contrato con su gobierno. Además, se permite a los inversores evitar los tribunales nacionales y presentar sus demandas directamente en tribunales de arbitraje internacionales, incumpliendo la norma tradicional de agotar las posibilidades a nivel local antes de recurrir a tribunales internacionales. En algunos casos, compañías nacionales se han reinventado para pasar por inversores “extranjeros” y así poder sacar provecho de los privilegios que concede el ISDS, demandando a su propio gobierno.[t] 

ÁRBITROS “BIEN PAGAOS” 

Los tribunales de arbitraje no dejan de ser tribunales irregulares. Los árbitros no son jueces titulados con autoridad pública como en los sistemas de justicia nacionales, sino un pequeño grupo de abogados corporativistas nombrados según las necesidades y con intereses personales para fallar a favor de las empresas. [u]  

Los tribunales se reúnen en secreto, y sus árbitros han sido considerados culpables de tantas aplicaciones erróneas de la ley que incluso aquellos que defienden la idea del arbitraje internacional admiten que estos han perdido toda credibilidad.  

La Comisión Europea ya ha decidido qué tipo de sistema de ISDS desea incluir en el TTIP [v]. Sin embargo, su postura ha levantado críticas por parte de grupos de la sociedad civil (como muestra la carta conjunta remitida por 200 organizaciones europeas, estadounidenses e internacionales en diciembre de 2013) y también por parte de numerosos Estados miembros de la UE [w]. En respuesta a estas críticas, la Comisión anunció en enero de 2014 que suspendería las negociaciones en torno al ISDS dentro del TTIP durante tres meses para llevar a cabo una “consulta” entre la ciudadanía europea [x]. Comentarios posteriores realizados por Karel de Gucht, comisario de Comercio de la UE, revelan que lo que se pretende con ello es convencer a la opinión pública escéptica sobre las bondades del ISDS y en ningún caso replantearse la postura de la Comisión [y]

[y] ‘The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Where do we stand on the hottest topics in the current debate?’, discurso del comisario de Comercio europeo Karel de Gucht en Atlantikbrücke, Düsseldorf, 22 de enero de 2014.