Retos de la era digital para América Latina y el Caribe

Son destacables los avances registrados por América Latina y el Caribe en la última década en el camino de la integración regional, bajo los nuevos parámetros de autonomía, soberanía y cooperación, con aciertos significativos, sobre todo en el plano político y en materia de defensa. Por lo mismo, llama la atención que la comunicación sigue siendo un tema relegado, siendo que esta era de la comunicación digital implica retos clave para la soberanía y la autonomía, como también para afianzar la participación ciudadana.

Al hablar de comunicación, no me refiero únicamente a lo mediático, pues hoy, no solo gran parte de las áreas del quehacer humano se están reorganizando en torno a la comunicación y las tecnologías digitales, sino que a la par, y en forma acelerada, se están reconfigurando las relaciones de poder mundial.

Si la región no prioriza la búsqueda de respuestas conjuntas a esta realidad, bien podríamos encontrar mañana que se ha movido el piso, y que la autonomía y soberanía regional que se estaban construyendo queden nuevamente sujetas a formas de neocolonialismo.

Desde hace 15 a 20 años, con una velocidad inédita, el mundo vive un proceso de concentración monopólica en diversas áreas de las tecnologías digitales e Internet, desde los servicios básicos hasta el comercio electrónico, pasando por las redes sociales donde las personas se interrelacionan, hasta los buscadores que determinan qué fuentes de información son más visibles, o el mercado publicitario. En cierta medida, se trata de un fenómeno que los economistas llaman “monopolios naturales”, por el “efecto red”, que ocurre cuando un servicio adquiere popularidad y se convierte en un polo gravitacional, que atrae más gente. Pero también se debe a la desreglamentación del sector y a fallas del diseño técnico que no fue pensado para evitar este efecto.

EEUU, que mediante su control de la infraestructura y con sus corporaciones transnacionales domina claramente el mundo Internet, tiene muy clara su prioridad de mantener un régimen global de libre comercio en este ámbito (o sea, un mercado desregulado, salvo en materia de propiedad intelectual) para garantizar las ambiciones globales de sus corporaciones y hegemonizar el futuro digital del planeta. Esta potencia asigna una gran prioridad a mantener su supremacía tecnológica y a favorecer la expansión de sus empresas (que ya se cuentan entre las más poderosas de la economía estadounidense)[i]. También dedican ingentes inversiones para desarrollar enormes bancos de datos a partir de los flujos mundiales de información, que constituyen en sí mismos una fuente de conocimiento y de poder; a expandir aún más su capacidad de vigilancia y espionaje global; y a desarrollar ciber-armas y capacidad ofensiva como un aspecto central de su política de “ciberdefensa”.

En paralelo, la superpotencia se niega a admitir un modelo de gobernanza global multilateral en materia de Internet. Argumenta que los espacios intergubernamentales no son eficientes y defiende más bien el modelo multisectorial, donde en la práctica la gran empresa tiene la voz cantante[ii].

La configuración de poder que se va consolidando en torno a esta realidad, en pocos años ya será muy difícil de revertir. Por lo mismo, cuando cada vez más áreas de la soberanía nacional en América Latina y el Caribe se están traspasando al universo sin fronteras del ciberespacio, es importante entender que, en ausencia de mecanismos democráticos de gobernanza global, la única ley que se aplica es la del poder hegemónico, en este caso EEUU.

Sin embargo, de lo visto hasta ahora, los países del Sur han asignado poca prioridad a estos temas; la gran mayoría de países se ven impotentes para enfrentar semejantes desafíos, incluso a veces se contentan simplemente de enchufarse a los sistemas existentes. Por cierto, luego de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU junto con los otros países de los “5 ojos” (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia), hay mayor preocupación y reconocimiento de que ningún país solo puede defenderse ante esta realidad. Por lo mismo es significativo que los países BRICS ya están tomando cartas en el asunto.[iii]

Por lo dicho, abordar la comunicación en el marco de los procesos de integración implica que un eje central a considerar es la soberanía tecnológica y la ciberseguridad. UNASUR, por cierto, ya está considerando al menos dos aspectos: por una parte, la construcción del anillo óptico suramericano para interconectar la región sin pasar por EEUU; y por otro, la elaboración de una política común de ciberdefensa y seguridad en el Consejo Suramericano de Defensa, por mandato de los presidentes.

No obstante, los desafíos son mucho mayores. Para mencionar solo dos ejemplos:

– Un 85% de los conocimientos sobre América Latina está almacenado en bases de datos fuera de la región, muchos de ellos en acervos académicos, con o sin acceso público. Cabe pensar cómo la región puede repatriarlos, reapropiarlos.

– En pocos años, muchos hogares tendrán al menos una decena de artefactos domésticos conectados directamente a la red (sin hablar de la vigilancia en los espacios públicos, que se va generalizando y sofisticando). Los datos que arrojan estas conexiones serán manejados, según el caso, por proveedores de servicios públicos y privados, empresas, agencias de seguridad, etc., en principio para nuestro beneficio. Pero, a menos de establecer normas muy claras, ¿qué garantías tendrá la ciudadanía respecto a la protección de sus datos, dentro o fuera del país?

Un primer problema a superar es el desconocimiento público respecto a estos temas y sus implicaciones, lo que se dificulta por el hecho que este entramado de poder se esconde tras la incuestionable utilidad y atracción de las nuevas tecnologías.  Abrir un debate público sería un primer paso para la elaboración de marcos legales nacionales (como, por ejemplo, el Marco Civil de Internet que adoptó Brasil este año, centrado en la protección de los derechos ciudadanos).

Toda vez, existe un límite a lo que se puede legislar desde lo nacional, debido al carácter sin fronteras del ciberespacio, y ello apela a la actuación desde los espacios de integración. Y allí el hecho que los organismos de integración regional no tienen en agenda a la comunicación es un obstáculo. UNASUR, por ejemplo, no cuenta con un Consejo de la Comunicación. La CELAC, entre los 83 puntos de su Declaración de la Habana (enero 2014), no hace mención al tema. Sin duda la comunicación es un tema polémico, debido a las diferencias políticas entre los distintos gobiernos respecto al poder mediático; pero si se lo aborda desde una perspectiva más amplia, habría muchos aspectos donde se podrían identificar intereses comunes, incluyendo en lo mediático. Es evidente que la integración solo calará entre la población como una prioridad, como un asunto de identidad común y un proyecto de paz y de cooperación, si se emprende un amplio y constante esfuerzo de información, intercomunicación y diálogo intercultural. Este debería estar al centro de procesos como la UNASUR o la CELAC; pero también se lo puede fomentar a través de iniciativas ciudadanas, como de hecho se ha venido haciendo, aprovechando el nuevo potencial de las tecnologías digitales.

La conformación, en un Encuentro realizado en Quito en noviembre pasado, del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica[iv] fue justamente con el carácter de una iniciativa ciudadana para debatir estos temas y desarrollar iniciativas concretas. Como dice el documento para el debate del Encuentro:

“La comunicación y el intercambio cultural son elementos constitutivos de la integración de los pueblos. La participación en los procesos comunicacionales, el diálogo entre países y culturas, reconocernos, intercambiar, etc., son elementos fundamentales para construir una cultura de paz, cooperación y solidaridad recíproca en el continente… la apuesta por una participación social efectiva demanda como condición indispensable una socialización de la información amplia y permanente”.[v]

Así, mientras los procesos oficiales de integración evadan el tema de la comunicación y los grandes medios sigan menospreciando los nuevos procesos de integración, es sobre todo desde las organizaciones sociales y los medios ciudadanos, alternativos y populares que se puede impulsar el debate.

Justamente en el primer Foro de Participación Ciudadana (FPC) de UNASUR, realizado en Cochabamba a mediados de agosto, el Foro de Comunicación para la Integración encaminó una propuesta de crear un Consejo de Comunicación dentro de UNASUR, que fue incluida entre las propuestas adoptadas; el FPC también acordó crear su propio consejo de comunicación social e impulsar una red regional de comunicación.

Además, el FPC incorporó en su agenda propuestas sobre la democratización de la comunicación, el derecho a la privacidad y la defensa de la ciberpaz. Se entiende que esto ofrece una oportunidad para plantear un diálogo en UNASUR sobre estos temas.  Pero ello depende, primero, de abrir un debate con la sociedad al respecto, sin lo cual la propuesta de participación ciudadana en UNASUR puede convertirse en una figura retórica.

En este sentido, el Foro de Comunicación para la Integración se plantea entre sus retos: contribuir a la democratización de la cultura, de la información y la comunicación como requisito para la construcción de democracias participativas; y buscar vínculos con la academia para construir nuevas teorías, desde la comunicación, para esta construcción.

– Sally Burch es periodista de ALAI.

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