Por la presión de los movimientos sociales, Justicia suspende, temporalmente, parte de la ‘Ley Monsanto’

  La Corte se pronunció, específicamente, sobre los artículos 46 y 55, que entraron en vigencia el mismo día de la publicación de la ley y determinó la suspensión temporal de los mismos por considerar que ambos podrán acarrear graves impactos sobre la población y el país. Como los artículos del 1º al 45 y del 47 al 54 todavía no son parte del ordenamiento jurídico vigente, no fueron considerados.

  El MSICG considera la suspensión provisoria de los artículos como un paso importante, «puesto que elimina los obstáculos puestos por el partido oficial a la derogación de la misma por el Congreso de la República y allana el camino para que éste, en su próxima sesión, rectifique su accionar y legisle de conformidad con la voluntad de las guatemaltecas y guatemaltecos que exigimos la derogación total de la citada Ley”.

  El Movimiento Sindical evalúa que lo ideal sería que la Corte de Constitucionalidad hubiera procedido a la suspensión total de la ley, ya que como máximo tribunal constitucional del país, tiene ese poder. Sin embargo, aún convencidos de que el impacto de esta primera decisión ya puede ser considerado bastante positivo, el MSICG anuncia que, si la ley no es anulada por el Congreso, procederá de la misma forma, con una nueva acción de inconstitucionalidad para expulsar a todos los demás artículos del ordenamiento jurídico.

  Contexto

  El 25 de agosto de 2014, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco presentó ante a la Corte de Constitucionalidad una acción contra el Decreto 19-2014, del Congreso de la República, que aprueba la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. La medida fue tomada con carácter de urgencia, pues la Ley estaba prevista para entrar en vigencia en forma completa el 26 de septiembre.

  La llamada «Ley Monsanto” establece y ampara la propiedad intelectual de las variedades vegetales nuevas del país. Esto implica que cualquier variedad vegetal genéticamente modificada por selección artificial, cruzamiento o alteración genética podrá ser patentada y la vigencia del derecho del autor tendrá duración de hasta 25 años. Así, quien produzca o reproduzca, sin autorización previa, material protegido podrá ser castigado con uno a cuatro años de prisión y multa de 130 a 1.300 dólares.

  Para buena parte de la población guatemalteca, la Ley es sinónimo de pobreza y riesgo para la seguridad alimentaria, pues miles de familias, que viven de la productividad agrícola, tendrían sus actividades limitadas. Existe el temor de que las familias campesinas sean perseguidas o castigadas penalmente por el cultivo de maíz y poroto, principales alimentos de la dieta de la población guatemalteca.

  Otra preocupación señalada por el Movimiento guatemalteco es que la Ley abre la puerta para la entrada en masa de semillas transgénicas, que serán más accesibles para los campesinos. El cultivo en gran escala de este tipo de semilla podrá contaminar la producción nacional y extinguir las especies nativas. A partir de aquí, es posible vincular los dos puntos y entender el interés de la compañía Monsanto, multinacional con sede en Estados Unidos, que lidera la producción de semillas transgénicas y del herbicida glifosato, vendido bajo la marca Roundup.

  La aprobación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Guatemala al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos.

  Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com