La lista de encausados por participar en piquetes ya roza los 300 españoles

Los sindicatos preparan un gran acto en defensa del derecho de huelga el 8 de octubre.

Las centrales han mantenido varios contactos con el Ministerio de Justicia con el objetivo prioritario de que «nadie entre en la cárcel por participar en una huelga».

La lista de encausados por hechos ocurridos durante piquetes o huelgas sigue creciendo: los procedimientos abiertos ya afectan a unas 300 personas, muchas con vinculación sindical. Son dos los casos que se han sumado recientemente a la lista (uno en Castellón y otro en Galicia) y en ambos la Fiscalía pide a los acusados varios años de cárcel por impedir el derecho al trabajo. Mientras, los sindicatos preparan un gran acto en defensa del  derecho a la huelga y mantienen sus contactos con el Ministerio de Justicia.

Uno de los casos afecta a 23 trabajadores (varios de ellos afiliados a Comisiones Obreras) de una empresa de Castellón que secundaron una huelga por su convenio colectivo en 2007. La Fiscalía pide para ellos entre tres años y tres meses de cárcel y tres años y nueve meses de prisión por considerar que impidieron el derecho al trabajo de aquellos que querían acudir a su puesto ese día. El juicio estaba fechado para mitad de septiembre, pero se ha aplazado por un defecto de forma hasta 2016. El otro caso es el de una trabajadora del textil de Galicia, también afiliada a CCOO, para la que se piden dos años de cárcel.

Los sindicatos preparan para el 8 de octubre un gran acto en Madrid en defensa del derecho de huelga. A él acudirán jueces, fiscales, pero también los grupos parlamentarios, con los que quieren debatir sobre el Código Penal, la Ley de Seguidad Ciudadana y el derecho a huelga.

Mientras, centrales y trabajadores están organizando actos en varias ciudades de España. Es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones que han vuelto a tener lugar en Vigo para pedir el indulto de Carlos y Serafín, condenados a tres años de prisión por unos disturbios en una huelga del transporte, o de las concentraciones frente a la puerta de la factoría de  Airbus en Getafe en solidaridad con los ocho trabajadores a los que se pide  ocho años de cárcel por unos hechos ocurridos en la huelga general de 2010. El próximo 29 de septiembre los trabajadores de la fábrica volverán a reunirse en la entrada de la fábrica.

Contactos con Justicia

Los sindicatos han manteniendo recientemente encuentros con el Ministerio de Justicia con el objetivo prioritario de evitar la entrada en la cárcel de las seis personas ya condenadas. «Nadie debe entrar en la cárcel por defender el derecho a la huelga», dicen fuentes sindicales.

Las cúpulas de CCOO y UGT ya se reunieron a comienzo de verano con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Entonces, les entregaron un informe sobre las decenas de expedientes abiertos y reclamaron un cambio en el artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga. Gallardón se comprometió a  estudiar los indultos y nego que existiera una instrucción de la Fiscalía para aplicar este artículo.