El estudio, elaborado por ISTAS, sugiere una reducción del 50% del IBI para los edificios con instalaciones renovables.
La propuesta considera que se reducirían 14,41 millones de toneladas de CO2, lo que supondría un ahorro de 216 millones de euros.
Por Elena Lozano Santamaría para eldiario.es
El impulso a las instalaciones de autoconsumo y de energías renovables podría suponer la creación de 79.111 empleos directos y 56.668 indirectos, según el plan El autoconsumo energético y la generación distribuida renovable como yacimiento de empleo, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras. La tecnología de biomasa sería la mayor generadora de empleo, seguida de la fotovoltaica, el biogás y la minieólica.
Para lograr el desarrollo de las energías renovables, el plan propone entre otras medidas la reducción del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios que cuenten con instalaciones alternativas, así como incentivos a la inversión, especialmente para las energías minieólica y biogás, que presentan costes más altos.
La «medida estrella» del plan elaborado por ISTAS, según sus autoras, es el balance neto anual, que debería posibilitar el autoconsumo compartido. Esta propuesta prevé que los edificios que generen más energía de la que consumen puedan verter ese exceso en la red eléctrica. Así, el consumidor pagará solamente su consumo, pero se le aplicará una compensación por la energía que su edificio incorpore a la red.
La ejecución de este plan, diseñado para un plazo de diez años, permitiría reducir en 14,41 millones de toneladas las emisiones de CO2, derivadas tanto de la producción eléctrica como de la mala gestión de residuos. Así, se generaría un ahorro de 216 millones de euros, según ha afirmado una de las autoras del plan, Begoña María-Tomé Gil. La aplicación del plan favorecería en el año diez la producción de 28.401 gigawatios/hora de electricidad anual, equivalente al consumo energético de 8,14 millones de hogares.
Este plan, según María-Tomé, pretende democratizar la energía y mejorar la participación social en este mercado, dominado ahora por las grandes empresas. «Este modelo», según ha indicado, «fomentaría la entrada de pequeñas empresas y cooperativas» en el mercado eléctrico.
Según Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, la descarbonización de la economía no solo tendría beneficios medioambientales, sino que permitiría reducir los costes de acceso a la energía. «Las políticas acometidas en los últimos meses han supuesto un duro varapalo a las renovables, que tienen un gran peso en la economía española y gran proyección exterior», ha señalado.
