Por Leonardo Ferreira, de Brasil de Fato

Desde que el cacique xavante Mario Juruna dejó el Congreso Nacional a finales de 1986, el país no ha vuelto a tener un indígena en el Parlamento. Con una población de 890,000 personas, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 0,4% de la población, una proporción que no se repite en las posiciones de poder.
De los 25,919 candidatos, solo 83 son indígenas en todo el país, habiendo 51 candidatos para diputados estatales, 24 para diputados federales y apenas 3 para el Senado. Para Presidente de la República y Gobernador de Estado, no hay ningún candidato indígena. Ni siquiera entre los vices.
En Brasil, hay por lo menos 305 personas, con 274 lenguas diferentes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
La valoración de los conocimientos y las tradiciones de los pueblos tradicionales, que implica a varias generaciones en las aldeas, puede fortalecer a las comunidades, preservando la riqueza de estas culturas. Es lo que defiende Sonia Guajajara, de la Coordinadora Ejecutiva por la Unión de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB: Coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).
“Para nosotros es una cuestión de reafirmar la identidad. Si tuviéramos nuestra representación indígena en el parlamento, podríamos hacer mucho, incluso para que Brasil reconozca y respete la diversidad étnica, cultural”, sugiere.
Marcos Tupa, Coordinador de la Comisión Guarari Yvyrupa, considera que es necesario que el país garantice la representación de las poblaciones tradicionales en el Parlamento como una forma de expresar las demandas específicas.
“Brasil es multicultural. Debería respetarse la Constitución Federal. Y a cada hora, a cada momento, los parlamentarios anti-indígenas están presentando propuestas y proyectos de ley para modificar la Constitución, y con frecuencia yendo en contra de la legislación ya garantizada”.

Reforma política
Sonia Guajajara habla de la urgencia de corregir esta distorsión en Brasil, marcada por la falta de representación en los espacios institucionales, porque “solo un cambio en el sistema político puede tener éxito. Solo un representante indígena puede hacer esa defensa con legitimidad”.
La capacidad de la propuesta indígena no se limita a directrices específicas. Tupa destaca que es posible contribuir en todas las áreas relacionadas con el desarrollo del país.
“Estamos en condiciones de discutir sobre el medio ambiente y la conservación. Desafortunadamente la economía y el capitalismo acaban tragándose a los menos afortunados porque la mayoría de las cuestiones que involucran los intereses financieros de las empresas y representantes del agronegocio”, dijo Tupa.

País racista y excluyente
Con la falta de representación, la garantía de los derechos indígenas se ha convertido en rehén de la influencia de los sectores de la agroindustria y la minería. La ofensiva en territorios indígenas  ha dado como resultado el aumento de los conflictos en el campo.
Los pueblos indígenas han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones. Además, en muchos casos, a menudo son tratados de forma despectiva y discriminatoria. Para la integrante de la APIB, la exclusión es una forma de racismo.
“Brasil demuestra que la orden es excluir estas representaciones de las minorías, tanto de indígenas, como de negros y mujeres. Así queda muy claro que lo que manda es el poder económico, el dinero. Queda evidente que es un país racista y excluyente”.
Este año, el estado de Roraima, en asamblea en la reserva Raposa Serra do Sol, los jefes de las diversas etnias comenzaron organizarse para elegir a dos diputados, uno federal y otro estatal.
Roraima es el estado que tiene proporcionalmente la mayor población indígena en el país. Según el último censo del IBGE, de los 450,000 habitantes del estado, 49,600 se declaran indígenas. Esta unión de las etnias tiene como objetivo llevar a un indígena al Congreso, luego de 28 años sin un representante genuino.