SANTIAGO, 24 sep 2014 (IPS) – Chile, uno de los países más conservadores de América Latina, se prepara para una discusión sin precedentes sobre la despenalización del aborto terapéutico, que debería aprobarse este año.
En este país se practicarían anualmente más de 300.000 interrupciones clandestinas del embarazo, en un flagelo que es hijo y padre de otros muchos dramas.
“El aborto en Chile es como un negocio de drogas, rodeado de ilegalidad, de precariedad”, reconoció a IPS una mujer de 27 años, Alicia, que hace cinco se realizó un aborto.
“Una amiga me dio el dato de un ginecólogo, lo vi y me dio la fecha, la hora y el lugar para juntarnos. Mi mamá me acompañó. En una esquina cualquiera de la ciudad, me recogió una camioneta y me llevó sin rumbo conocido. Todavía recuerdo el rostro de mi madre, la angustia de no saber si volvería y en qué condiciones”, recordó Alicia.
Casi 95 por ciento de las latinoamericanas viven en países donde el aborto está prohibido o muy restringido. Su práctica está penalizada en forma absoluta en Chile, en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Pero eso no impide que la tasa de abortos en la región sobrepase al promedio mundial, solo convierte en procedimiento en inseguro y clandestino, como ejemplifica República Dominicana donde en 2010 la vida pasó a ser un derecho constitucional desde la concepción. Pero allí se practican 90.000 abortos al año y se interrumpe uno de cada cuatro embarazos.
En Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, el aborto se permite si corre peligro la vida de la madre, mientras en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú, se suma la preservación de la salud física de la madre y Colombia incorpora además la salud mental.
La violación como supuesto para permitir el aborto solo es legal en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá. Colombia y Panamá suman además el supuesto de malformación del feto, mientras Brasil lo faculta cuando carece de parte del cerebro.
Guatemala ejemplifica los efectos de la práctica clandestina. De las 65.000 mujeres que se practican anualmente un aborto allí, 21.500 deben ser hospitalizadas por mala praxis.
En Argentina, donde un tribunal debe avalar el aborto terapéutico, hay uno por cada dos embarazos culminados.
La práctica solo es legal en Cuba y Uruguay, en este país desde 2012, y desde entonces el número de abortos cayó notablemente.
En México también lo es desde 2007 en el Distrito Federal, asiento de su capital. Pero ello provocó una contrarreforma interna y 17 de sus 31 estados pasaron a prohibirlo totalmente.
La legalización del aborto es una de las grandes deudas que el Estado chileno tiene con las mujeres, afirmó a IPS la presidenta de la Corporación Humana, Carolina Carrera.
La legislación chilena “altamente punitiva” constituye una “violación a los derechos humanos de las mujeres porque este nivel de penalización hace que quienes abortan lo hagan en condiciones insalubres, donde corren riesgo físico y psíquico”, añadió.
También ha potenciado el tráfico de Misoprostol, un medicamento utilizado para la interrupción del embarazo que es vendido a un alto precio sin indicaciones médicas, añadió.
Claudia, de 24 años, debió concurrir a una casa en uno de los cerros del puerto de Valparaíso, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, para comprar el fármaco e interrumpir un embarazo no deseado.
“El lugar era peligroso. Debí pagar más de 600 dólares. Miraba a mi alrededor y pensaba: y si algo me pasa, a quién llamo? A una ambulancia, a la policía? No, me voy presa!”, recordó.
América Latina, una región donde el poder de la Iglesia Católica sigue muy alto, el aborto es generalmente ilegal, aunque la mayoría de los países lo permiten en todos o algunos supuestos sugeridos por la Organización de Naciones Unidas (ONU): violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto.
Chile es uno de los siete países del mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia. Hay otros cuatro latinoamericanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, más Malta y El Vaticano en el resto del mundo.
El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años, hasta que la penalización absoluta se impuso en 1989, en el ocaso de la dictadura militar (1973-1990). Los sucesivos gobiernos democráticos no tocaron el tema hasta ahora.
Desde entonces, las penas para quienes aborten llegan hasta cinco años de cárcel.
“La frecuencia del aborto se mantuvo en los últimos 10 años en Chile. No disminuyeron los casos y tampoco hubo gran variación por edad: siguen siendo las mujeres entre 25 y 34 años aquellas con tasas más altas de aborto”, explicó a IPS el doctor Ramiro Molina, del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile.
Precisó que hay solo registros de unos 33.500 ingresos anuales de mujeres con complicaciones por un aborto, una cifra “muy engañosa”, pues solo contempla a quienes acudieron a un centro público de salud por una emergencia posterior.
Molina explicó que se estima que la cifra se multiplica por 10 al sumar los no registrados y que el número real alcanzaría los 335.000 al año.
En los países de la región donde la legislación es restrictiva, los abortos se practican en condiciones de alto riesgo para las mujeres, lo que constituye un problema de salud pública y una forma de desigualdad.
“El aborto es un indicador socioeconómico de la pobreza”, confirmó Molina.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año hay en el mundo 21,6 millones de abortos inducidos, realizados en condiciones inseguras. En América Latina son 4,4 millones, de ellos 95 por ciento en forma clandestina, lo que ocasionó 12 por ciento de los casos de mortalidad materna en la región.
Molina, uno de los mayores referentes de la región en su campo, aseguró que hubo avances durante las últimas dos décadas “pero muy lentos”. Ello porque aún prima una visión “filosófica de corte religioso” que impide mayores mejoras.
Destacó a Cuba, el Distrito Federal de México y desde 2012 Uruguay, los únicos lugares de la región en los que se le permite a la mujer ejercer el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet, en el poder desde marzo, se prepara para iniciar la discusión del aborto terapéutico para las tres causales sugeridas por la ONU. “El aborto será despenalizado este año en Chile”, ha reiterado.
Durante su primer gobierno (2006-2010), Bachelet autorizó la distribución gratuita del Levonogestrel, la píldora del día después, pero su entrega sigue subordinada a la ideología de los alcaldes, responsables de los centros primarios de salud pública.
Esa píldora llegó tarde para Francisco y Daniela. Cuando ella ingresaba a la universidad, “quedamos embarazados”, contó él a IPS. Dudaron mucho, pero vivían con sus padres y él solo trabajaba medio tiempo. “Sentía que le cortaba la vida a ella, sus sueños, sus perspectivas”, dijo Francisco, que como pudo reunió los 600 dólares para el aborto.
Ahora, a sus 35 años, son padres de una niña, pero recuerdan aquello como un trauma, “por lo clandestino, inseguro e injusto”.
Aunque fue parte de su programa de gobierno, el aborto aún es un tema tabú en Chile. Muchos temen las consecuencias políticas en este país de 17,8 millones de habitantes, donde más de 65 por ciento de la población se declara católica.
Editado por Estrella Gutiérrez
