Por Agustín Pineau
En el transcurso del día de hoy, los sindicatos opositores al gobierno nacional, encabezados por la CGT de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, anunciarán un paro por 24hs para el próximo 28 de agosto. La medida de fuerza tiene como principal reclamo, para no decir como único interés, la derogación del impuesto a las ganancias, tributo que solamente alcanza al 10% de la masa salarial, 1.020.000 de trabajadores registrados. La agenda reivindicativa por parte de los principales dirigentes sindicales de oposición se distancia notablemente de los intereses de la gran mayoría de los trabajadores y solo pretende atender las necesidades de un grupo muy minoritario, que ocupa los lugares más altos de la escala salarial.
Nos ocuparemos en esta nota en atender las problemáticas del 90% restante, que tan descuidados se encuentran por parte de las centrales sindicales opositoras, pero antes que nada recapitulemos un poco sobre algunos temas para luego profundizar.
A partir de la devaluación del tipo de cambio, que tuvo lugar durante el mes de enero, la oposición editorializada y sus consultoras afines, se han empecinado en instalar un clima de nerviosidad y zozobra en busca de alimentar las expectativas inflacionarias y generar un clima de incertidumbre sobre la estabilidad en los puestos de trabajo. Recordemos que a comienzos de este año varios sectores del empresariado, con intenciones de colaborar y alimentar ese clima, se declaraban partidarios de suspender las negociaciones paritarias o en todo caso reemplazarlas por sumas fijas.
Por otro lado, los niveles de conflictividad laboral durante el transcurso del primer trimestre registraron variaciones ascendentes considerables, los reclamos se focalizaban estrictamente en la recomposición salarial, como consecuencia de la variación del tipo de cambio que trajo aparejado un aumento en los índices inflacionarios y por lo tanto una pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Frente a este cuadro de situación de gran complejidad en materia de empleo, salario y de ascendente conflictividad laboral, alimentado días tras días por el dispositivo de medios opositores que alertaban que el peor de los mundos estaba próximo a llegar, el gobierno nacional actuó con templanza y serenidad, manteniendo las políticas que ha venido desarrollando durante los últimos diez años en materia de trabajo.
En primer lugar, y contra todas las voces que se proponían generar un clima de desestabilización, logró llevar adelante las distintas negociaciones paritarias por cada rama de actividad, tanto con los sindicatos cercanos al oficialismo como también con los sectores sindicales de oposición, cerrando los respectivos acuerdos en el segundo trimestre y con un incremento promedio de 29,7%.
De esta manera, con los convenios celebrados y homologados durante el 2014 se logró cumplir con más de diez años de vigencia plena de la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los sectores del empresariado, registrando un lapso temporal inédito en la historia de nuestro país en materia de negociación colectiva.
A comienzos del segundo trimestre, y como consecuencia de los incrementos salariales vía negociación paritaria, los niveles de conflictividad laboral tendieron a la baja, registrando una cantidad de conflictos por debajo del promedio de la serie 2006-2013, en el ámbito estatal como también en el ámbito privado.
La caída en la cantidad de disputas laborales registradas difiere con el clima de medios que alerta sobre la tendencia ascendente de los conflictos, como así también algunos indicadores de consultoras privadas y de ciertas publicaciones sindicales, como es el caso particular del Observatorio del Derecho Social de la CTA que responde a Pablo Michelli, que señala un incremento del 37%.
En materia de empleo registrado en el sector privado, el Ministerio de Trabajo ha comunicado una caída leve del 0,3% en relación al trimestre anterior y una variación 0,5 en comparación interanual, señalando así un primer descenso intertrimestral de baja magnitud que no alcanza a generar una contracción interanual del empleo registrado.
Ahora bien, si tomamos los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con base EPH (Encuesta Permanente de Hogares), se registra una desocupación de un 7,5%, representando una variación de 0,4% mayor al trimestre anterior, y un 0,3% superior a la del segundo trimestre del año pasado, representando un poco más de 300 mil personas. Esto nos señala un déficit importante en materia de empleo, en particular los sectores que se mantienen aún en la informalidad, o bien no han podido mantenerse en el mercado de trabajo registrado, podemos agregar también la caída en la búsqueda de empleo. Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la dinámica de creación de puestos de trabajo durante el transcurso de los últimos dos años, pero podemos inferir que el incremento de la tasa de desocupación no es por causas vinculadas a despedidos.
En este contexto, podemos visualizar un problema de carácter estructural en la generación de empleo, en donde el sector privado no expande sus inversiones para ampliar su capacidad productiva y así poder absorber las 200 mil personas que aproximadamente buscan incorporarse al mercado de trabajo cada año y que las políticas desarrolladas por el gobierno nacional, destinadas a obra pública en particular, se encuentran imposibilitadas de satisfacer esa demanda.
