Por Leonel Ayala
Después del golpe de estado en junio de 2009, en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales; la impunidad, la corrupción y la militarización de la sociedad, de los gobiernos continuadores del golpe, han generado un ambiente de terror que procura inmovilizar a la población y callar las voces disidentes. Durante el anterior mandato de Porfirio Lobo Sosa (enero 2010- enero 2014), 28 periodistas fueron asesinados; en el actual de Juan Orlando Hernández, la cuenta se incrementa; apenas en el mes de julio recién pasado, el cadáver del periodista Herlyn Espinal de 33 años, apareció en unos potreros, tres días después de haber sido secuestrado.
Ayer, Nery Soto Torres de 32 años, periodista del canal 23, fue asesinado frente a su casa de habitación, en la ciudad de Olanchito, zona central de Honduras. El comunicador regresaba de su trabajo a eso de las diez de la noche, cuando sujetos armados que le estaban esperando, dispararon causándole la muerte en forma instantánea. En este acto criminal, se descarta la delincuencia común; ninguno de los objetos de valor que el occiso portaba, le fue sustraído por sus victimarios.
En los últimos diez años, se contabilizan 40 comunicadores asesinados; convirtiendo a esta profesión, en una de las más peligrosas que se puedan ejercer en este empobrecido país de Centroamérica. Mientras el congreso hondureño discute un proyecto de ley para proteger a los periodistas, defensores de los derechos humanos y trabajadores del poder judicial, más del 90% de los asesinatos contra periodistas, continúan en la impunidad. El observatorio de la violencia de la Universidad Nacional de Honduras, informa que el 2013, la tasa de homicidios fue de 79 por cada cien mil habitantes.
Los periodistas hondureños se autocensuran, temas que involucran a los grupos de poder político y económico, crimen organizado y narcotráfico, dejan de ser noticia; salvo que para distorsionar los hechos y dar una imagen de gobernabilidad en democracia, que muy pocos protegidos o subsidiados por el estado, procuran hacer desde los medios de las grandes corporaciones de la comunicación. En los debates al interior de las organizaciones que aglutinan a los periodistas, no se abrigan muchas esperanzas en la nueva ley, que como muchas otras, no se aplican, si el responsable del delito pertenece a estos grupos, que han convertido a Honduras según las estadísticas, en uno de los países más violentos del mundo.
