La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, buscaba la noche de este lunes un acuerdo con habitantes no indígenas (Sikuas en lengua Bribrí), para evitar la violencia contra los indígenas que buscan recuperar territorios ancestrales en el sur de Costa Rica.
En Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, participan delegados de la oficina de Naciones Unidas (ONU), del Gobierno, indígenas y sikuas para evitar el recrudecimiento de actos violentos contra los indígenas que pretenden recuperar dos fincas, una en manos de una cooperativa y otra de una transnacional frutera, entre otros terrenos.
Los sikuas alegan que ellos compraron los terrenos, mientras los indígenas aducen que esos territorios les pertenecen según la Ley Indígena de 1977, que no pueden ser vendido o trasladados a gente blanca o no indígena.
Desde el domingo, varios finqueros bloquearon el camino que conduce a Cebror, en Salitre, mediante la descarga de vagonetas con arena y piedra, lo que impide el paso de la policía hacia la zona montañosa, donde se han refugiado varias familias indígenas que temen ataques de lo sikuas.
Jerry Rivera, dirigente indígena Térraba, que se encuentra en el sitio, dijo a Elpaís.cr que los sikuas, un grupo de unas 500 personas, han impedido el paso de la policía “para que proteja a nuestros hermanos, quienes han sido golpeados y sus ranchos quemados”.
Rivera lamentó que la Municipalidad de Buenos Aires, ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tengan mala la maquinaria para remover los obstáculos, con apoyo de la policía.
“Eso no es extraño, ya que en otras ocasiones ocurrió algo similar. Las autoridades de anteriores gobiernos han apoyado a los no indígenas, y esperamos que en esta ocasión se logre evitar la violencia y que más indígenas sean golpeados, maltratados y sus ranchos quemados”, agregó.
La viceministra Zúñiga explicó a emisoras de radio que por ahora la prioridad es resolver el conflicto y atender necesidades de los indígenas que no solucionaron las anteriores administraciones.
Entre tanto, la oficina de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica, llamó a detener la violencia en Salitre y a asegurar derechos para habitantes de territorios indígenas.
“El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica expresa su preocupación por la violencia registrada en el territorio indígena de Salitre este fin de semana, que ha provocado movilización de personas, quema de ranchos y bloqueo de caminos”, señala un comunicado oficial distribuido este lunes.
Además, indicó que la ONU confía en que el Estado impulse urgentemente la resolución pacífica del conflicto de manera que se proteja el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y también se garantice los derechos humanos de todos sus habitantes y a los actores involucrados para que rechacen cualquier tipo de violencia.
“Naciones Unidas reconoce los avances concretados en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas de la zona sur de Costa Rica durante el último año y que a través de la delimitación y demarcación, ha permitido iniciar con el proceso de esclarecimiento de la tenencia de tierras en el territorio de Salitre y hace el llamado para que dicho proceso sea concluido lo antes posible”, añadió.
Resaltó también que en este contexto, “Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense”.
Sostiene que “la ONU renueva su disposición de seguir contribuyendo en lo posible para retomar el diálogo y construir una paz y convivencia duraderas en los territorios indígenas”.
Entre tanto, la tarde del lunes, el diputado Carlos Hernández del Partido Frente Amplió por Puntarenas dejó la curul en el Plenario Legislativo para dirigirse a Salitre que este fin de semana ha sido el escenario de enfrentamientos por la posesión de tierras que se recrudecieron el sábado por la tarde cuando un grupo de al menos 70 personas guiados por terratenientes de la zona atacaron a indígenas.
Entre los actos denunciados por el Frenteamplista destacan la quema de casas, cierre de caminos, cortes de electricidad y la persecución por parte de personas armadas a los pobladores originarios.
“Esta situación de agresión a nuestros indígenas ya es más que indignante. La Ley Indígena Nº 6172 contempla que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles e inembargables. Cualquier compra de terreno posterior a esta ley y convenio es completamente ilegal”, sostiene Hernández.
En el sitio también se encuentra la legisladora del Partido Acción Ciudadana por Puntarenas, Laura Garro, quien también busca un espacio para el cese de la violencia y un adecuado manejo de la situación que lesiona a familias de indígenas que se han refugiado en las montañas ante el temor de sufrir agresiones, según reiteró Rivera.
Finalmente, Jerry Rivera dijo que se espera un acuerdo con los sikuas, “pero ellos insisten en seguir en territorios indígenas. Esperamos que el Gobierno llegue a un acuerdo con ellos”, concluyó.
