Como si fuera posible amordazar el descontento, apagar el clamor por otro tipo de sociedad que viene expresándose en España, el Consejo de Ministros aprobó hoy un polémico proyecto de ley de Seguridad que ha sido objeto de crítica por parte de la oposición, ya que sin duda contiene disposiciones violatorias de las libertades y derechos civiles.

Como la crisis económica ha despertado una reacción de profunda inconformidad con prácticas que los movimientos sociales califican de anti-democráticas y autoritarias, como las ya famosas mareas de diversos tintes vienen llenando las grandes avenidas con sus reclamos, como las acampadas se han sucedido en las plazas por períodos prolongados, como en las banderas republicanas ondea la esperanza, el Ejecutivo ha sometido a debate parlamentario un proyecto que establece multas de entre 30 mil y 600 mil euros para las faltas que considera muy graves; de 30 mil a mil euros para las graves y de 100 a mil euros para las leves. Como faltas muy graves se incluyen las concentraciones no comunicadas frente al Congreso y la grabación o difusión de imágenes de la actuación de agentes de las fuerzas de seguridad.

Los medios de comunicación opositores y las organizaciones sociales califican a esta iniciativa como la Ley Mordaza, ya que estiman que va a limitar fuertemente toda expresión de protesta ciudadana no-violenta y de desobediencia civil. Pero habrá que ver, porque justamente algo que han demostrado y con creces las protestas españolas, es su ingenio para sortear los obstáculos. De hecho, apenas se aprobó el proyecto por parte del Consejo de Ministros, cuatro activistas de Greenpeace dispusieron frente a la sede del Gobierno una pancarta con la leyenda «No a la Ley Mordaza» y por las redes sociales comenzó a circular la convocatoria a una concentración de protesta hoy mismo en la Plaza Colón de la ciudad de Madrid. La insurrección democrática y la desobediencia civil empieza a organizarse ante lo que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares calificó de «un ataque frontal contra las libertades y derechos».

Varios otros sectores democráticos consideran que la iniciativa es absolutamente injustificada, sobretodo si se tiene en cuenta el mínimo nivel de incidentes que han provocado las demostraciones masivas. Sostienen que se pretende establecer fórmulas legales para reprimir la protesta popular y ciudadana, para criminalizar las manifestaciones sociales, las huelgas y toda otra forma de expresión del descontento.

¿Se podrá tapar el sol con un dedo?