Comuneros mapuche afectados por la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista y la violación a su derecho a un debido proceso valoraron la sentencia del tribunal internacional, y llaman al gobierno a cumplir con sus disposiciones, aunque advierten ello no garantiza que no se siga criminalizando la protesta social mapuche si no se aborda este conflicto como una prioridad de estado, como señala el histórico fallo.

El gobierno de Bachelet cuenta con un año para cumplir con todo lo dispuesto por el tribunal, incluida la revocación de las condenas, reparación económica de las víctimas y apoyo sicológico a las familias.  La sentencia  es obligatoria para el estado e inapelable.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 31 de julio de 2014.-

En conferencia de prensa realizada hoy en las oficinas del Observatorio Ciudadano en Temuco, los distintos denunciantes ante el sistema de derechos humanos de la OEA, que concluye con el reciente fallo que condena al estado chileno por la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista a integrantes del pueblo mapuche, la violación a su derecho a un debido proceso, así como al derecho a la vida y la integridad física de miembros de este pueblo y sus comunidades, entregaron su parecer en torno a esta histórica resolución.

Juan Pichun, lonko de Temulemu e hijo del lonko Pascual Pichun, condenado a 5 años y un día por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista y querellante en este caso, quien falleció el año pasado sin alcanzar a conocer esta resolución que reconoce la violatoria e injusta prisión de la que fue objeto, señaló que “estamos en un tiempo histórico para nuestra comunidad y el pueblo mapuche.  Ahora el Estado ha sido condenado, y mi padre esperó toda su vida explicaciones por este hecho.  Él fue el primero al que se condenó por incendio -a una propiedad de Agustín Figueroa- bajo esta cuestionada ley, y nunca supo por qué se le aplicó.  Mi padre se pidió siempre explicaciones al estado, en particular al gobierno de Lagos.  Hoy la Corte Interamericana le dio la razón y a los abogados que se dieron a la labor de defenderlo.  Es por eso una alegría encontrada, pues hubiéramos querido que nuestro padre estuviera aquí”, sostuvo visiblemente afectado.

Consultado respecto sobre qué esperan tras esta sentencia, dijo “que el gobierno de Bachelet cumpla cada uno de los puntos que la Corte le ha señalado y que se haga justicia con las familias y comunidades afectadas, que hemos sufrido el estereotipo de ser terrorista”.  Agregando que “también Agustín Figueroa tiene que responder ante estos hechos, pues él nunca fue un bien vecino, y como mal vecino esperamos que responda por los daños causados.  Nosotros nunca le hicimos daño alguno, al contrario, por lo que debe dejar el derecho que tiene sobre tierras de la comunidad y devolver las 2mil hectáreas del fundo Nancahue.  El sabe que tiene usurpadas estas tierras y tiene que devolverlas”, aseguró.

En la misma línea Flora Collonao Millanao, esposa del lonko ya fallecido, expreso estar por un lado “contentos y un poco con pena, porque el lonko debería estar acá.  Él siempre decía, junto con mis hijos un día, cuando salga de acá, seguiremos luchando para que el estado pague por el daño que nos ha causado.  Eso siempre decía él, cuando veníamos caminando a verlo junto con mi hija, porque nosotros fuimos condenados injustamente.  Ojalá que el estado ponga ahora la mano y devuelva todo el daño causado a la familia y que sigan acusando a la gente por terrorismo.  El lonko siempre decía, acá no hay ningún terrorista.  Ni él ni mi hijo, ni nadie de la familia.  A nosotros por pelear por la tierra nos acusaron de terroristas”, concluyó.

Disculpas públicas de Bachelet

Por su parte Rafael Pichun, werken de la comunidad, agregó que “nosotros hemos llevado años de lucha y vemos esto como un tema de pueblo, del pueblo mapuche que ha ganado el juicio en la CIDH, por eso exigimos al estado que libere a todos los presos, devuelva las tierras usurpadas, desmilitarice a las comunidades y deje de reprimir a nuestro pueblo.  Nosotros lucharemos de ahora en adelante, nacional e internacionalmente, porque se cumpla este fallo. A nosotros el estado nos persiguió criminal y militarmente, ha reprimido a los peñi en lucha, han reprimido a nuestros amigos mapuche y no mapuche.  Ahora lo único que pedimos es que el estado cumpla y que públicamente le pida perdón a la familia, a las comunidades y al pueblo mapuche por los atropellos que nos han causado, quien era ministra de defensa cuando se dieron los hechos, lo que conocía muy bien”, finalizó.

Condena “política” a la resistencia mapuche

José Huenchunao del territorio de Lleu-Lleu y condenado por incendio terrorista al fundo Poluko Pidenco, destacó que “esta resolución, de un tribunal internacional, significa que se plantea un cuestionamiento sobre todo al procedimiento y a la ley antiterrorista como forma de procesar a los mapuche, eso es lo más valorable para nosotros.  Aquí hubo procedimientos que no fueron justos para los miembros que fueron condenados, utilizados para castigar a la resistencia mapuche, a la lucha de nuestro pueblo.  Por eso nosotros estábamos pidiendo que la ley antiterrorista fuera derogada.  Pues para nosotros no se buscaba con ella sancionar los hechos, sino una condena política”, aseguró.  Desnudando a su vez a otras motivaciones tras esta persecución política: “Nosotros sabemos que en este país hay gente que lo único que quisiera es que los mapuche desapareciéramos, pues somos la piedra de tope para los proyectos neoliberales que quieren implementar en nuestros territorios”, sostuvo.

Reparación e indemnizaciones

En cuanto a las medidas de reparación ordenadas, Huenchunao aclaró que “aquí no hay un beneficio personal porque se nos vaya a indemnizar.  No sé si tendrá mayor importancia, pero es lo que ordena la corte, y nosotros no hemos hecho una evaluación de cuánto sirve esto para la lucha del pueblo mapuche.  No luchamos por nosotros, sino por nuestro pueblo”.

Coincide con esto Jaime Marileo, de la comunidad José Quiñon en Ercilla, al plantear que “nunca he tenido acuerdo ni entendimiento con el estado, es lo que dice el fallo y el gobierno tiene un año de plazo para cumplirlo todo lo que se exige, y nosotros estaremos observando este proceso.  No sabemos bien como es el procedimiento, pues es la primera vez que el estado es condenado por la persecución que ha hecho del pueblo mapuche y nadie del gobierno se ha comunicado hasta ahora.  Lo que a nosotros nos interesa es la solución política y no los beneficios personales”, apuntó.

Mientras que Juan Pichun sostiene que en el caso de su familia “en que nuestro padre falleció hace más de un año, eso es difícil repararlo.  El tiempo en la cárcel debilitó su cuerpo y terminó falleciendo, y no hay forma de reparar eso, ya es demasiado tarde.  Nuestro padre siempre fue inocente, fue condenado por reivindicar los derechos territoriales de nuestro pueblo.  Por eso nos pueden pedir mil disculpas, pero eso no nos resuelve esta tremenda pérdida, ni ninguna reparación económica”.

Asunto de estado, reforma a la institucionalidad y autonomía

Advirtieron finalmente que este fallo, aunque histórico, no asegura en si mismo medidas de no repetición.  “Pues si bien hay una recomendación de la Corte, y es que no se aplique esta ley (antiterrorista) al pueblo mapuche, y es lo que esperamos, a nosotros ni a nadie.  Pero nada nos garantiza que esta ley no sea aplicada nuevamente a nuestro pueblo, ya que hasta ahora es solo una decisión de este gobierno, de su programa, no de estado”, señaló Rafael Pichun.

Algo que comparte José Huenchunao, al afirmar que “el que la Corte hoy condene al estado, no quiere decir que seamos intocables, ni tampoco que hechos similares no vuelvan a repetirse.  Además nosotros vamos a seguir luchando por recuperar nuestras tierras.  Este es un problema de estado, como se dijo en la sentencia y en esa línea se debe avanzar”.

Agregando que “si no se aborda el tema de la autonomía, se van a seguir dando conflictos, pues la entrega de tierras parciales no resuelven el problema de fondo.  Cuando el gobierno se atreva a hacer esto, se comenzará a resolver el conflicto.  Algunos actores de gobierno quieren ayudar en esta línea, pero desde la institucionalidad, la misma institucionalidad que generó el conflicto.  En la actualidad, no hay condiciones políticas ni viabilidad.  Por eso más allá de las buenas intenciones, esta institucionalidad no está con la voluntad de resolver el problema.  Antes hay que tener una reforma política profunda y a la institucionalidad, pues la existente solo tiene la intensión de reprimir al pueblo mapuche”, concluyó.