Por Luis Babiano. Artículo original en Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.

A lo largo de las últimas semanas estamos asistiendo a un intenso debate entorno a los servicios municipales de agua. El debate, no puede ser más oportuno porque tras las elecciones municipales muchas administraciones locales tienen por delante una decisión nada trivial: la toma en consideración de remunicipalizar algunos de los servicios básicos el servicio de aguas entre ellos, o renovar unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido muy negativo para las arcas municipales.


En España, al contrario que en muchos países europeos, los procesos de privatización se han acelerado a consecuencia de la crisis. A esto hay que añadir que en nuestro país no existe un órgano regulador para precios e inversiones. El canon concesional está viciando el sistema y desatando graves irregularidades ya que la cantidad que reciben los ayuntamientos por la “venta” de la gestión del agua no es reinvertida en el ciclo hidráulico. Estos cánones, millonarios, se dedican, en la mayoría de los casos, únicamente a enjuagar las finanzas municipales y son repercutidos en la tarifa a los ciudadanos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.


Vivimos una autentica burbuja hídrica, las cifras hablan por sí mismas. En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En 2005, el 52% mantenía el carácter público. En 2010, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. A finales del 2014, el 57% serán privadas.


El proceso privatizador se inicia, en la mayoría de los casos, sin debate, por la puerta trasera y a través del denominado modelo francés, basado en la pretendida colaboración público-privada. En concreto, se suelen promover empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las acciones, mientras el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores privados, sobre la base de monopolizar la información, mediante cláusulas que les adjudica la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas, como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. Desaparecen los concursos públicos, y por tanto la competencia, se elimina el papel de las empresas locales ya que a partir de ese momento estas empresas se convierten en un monopolio natural absolutamente cerrado y se aseguran grandes beneficios por la autocompra de servicios y tecnología a empresas del grupo, por adjudicación directa. Se trata, en suma, de un modelo sofisticado que incluso ha permitido a muchos políticos justificar prácticas privatizadoras. Pero los tiempos han cambiado y en la actualidad la privatización del agua está provocando fuertes protestas sociales, lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la troika y el gobierno central recomiendan la privatización de estos servicios, los ciudadanos afectados se oponen a la misma.


Frente al modelo especulativo español el lector debe saber que a escala mundial sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo son privadas; el 90% públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas promesas rotas, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio esencial. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 100 ciudades han remunicipalizado el servicio en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa Paris, Berlín o Budapest y en los países del sur: Buenos Aires, La Paz; Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La remunicipalización es ya un fenómeno Global.


Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y todos destacan a París como un modelo de referencia. En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.
En España, la remunicipalización es también un hecho. En España existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas”.


En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.


La burbuja hídrica es causa y efecto, a veces, de la corrupción. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado ‘escándalo del agua’ surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la actualidad la empresa pública de Torrelavega ha acometido importantes obras de agua y presenta beneficios.


Otro caso muy conocido es el de Medina Sidonia (11.781 habitantes), Cádiz, municipio que en 2003 decidió crear su propia empresa pública — hoy denominada Medina Global— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La decisión de remunicipalizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio. En la actualidad Medina está intentando remunicipalizar también los servicios de recogida de residuos.


El modelo de Medina Sidonia también ha inspirado a ciudades como Lucena (42.560 habitantes), Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión que en un solo año ha acometido obras que eran vitales para garantizar el acceso al agua a la ciudadanía y que a día de hoy la empresa pública presenta superáLucenavit.


Por otro lado, opino que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo. Desde mí posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe de ponerse en la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida.


Para ello, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto por el Agua Pública, en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización1, que también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.


Recientemente, en la ciudad de Zaragoza y su entorno, se ha firmado un Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua, que aboga por la gestión y tratamiento del agua como un servicio de acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos. Este compromiso, impulsado por la Red Agua Pública de Aragón y firmado por el tripartito que forma el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, trece organizaciones sociales y dos fundaciones, plantea cambios estructurales —por ejemplo, recoge la implementación de un órgano fiscalizador que cuente con colectivos sociales—, que suponen un reto complejo pero al mismo tiempo fascinante. Zaragoza puede dar el pistoletazo de salida para un nuevo modelo de gestión pública. Atentos.