Con la reforma del Senado y la discusión de la nueva ley electoral llamada Italicum, que están por ser aprobadas, incluso a través de modificaciones que se consideran menores, cambios radicales en nuestro orden democrático ya inestable, que desequilibrarán el poder entre el gobierno y el Parlamento a favor de un gobierno fuerte, y hundirá aún más la posibilidad de un control directo de los ciudadanos sobre los procedimientos de la misma. En esencia, el gobierno, sea lo que sea, gracias a su mayoría absoluta será libre de funcionar sin demasiados obstáculos, tanto a nivel parlamentario como ciudadano, y podrá finalmente hacer de nosotros lo que quiera.
Una vez más, aturdidos por palabras tales como gobernabilidad, eficiencia o cambio, gracias a un sistema de información que nos lleva a aceptar lo peor haciéndolo pasar como lo inevitable, no somos conscientes de cómo estas mutaciones están cambiando el ADN de nuestra Constitución y configurando una verdadera dictadura, cuya característica es el poder absoluto de quienes lo detentan y la imposibilidad de control o interferencia por parte de los ciudadanos.
Básicamente, vamos a tener un Senado no electo que será nombrado por el gobierno, diputados electos sin votos de preferencia, cada vez mayores condiciones que obstaculizarán el proceso electoral; y como premio, una anormal mayoría para el partido que consigue más votos. Por el contrario, si tenemos en cuenta los instrumentos de la democracia directa como un freno a las leyes destructivas y antipopulares que ya se producen con frecuencia, con estas reformas se hace que sea casi imposible el uso de ellos. En efecto, se pasará de 500.000 a 800.000 el número necesario de recolección de firmas para un referendo revocatorio (incluso si se disminuye el quórum) y las firmas para la presentación de leyes de iniciativa popular aumentarán de 50.000 a 250.000.
No fue suficiente con las reformas laborales, aquellas sobre las pensiones, la privatización salvaje, la línea de políticas fiscales que ha afectado a la clase media y catapultó el porcentaje de pobreza. Con la reforma del Senado y la discusión de la nueva ley electoral llamada Italicum, que están por ser aprobadas, incluso a través de modificaciones que se consideran menores, se producirán cambios radicales en nuestro orden democrático ya inestable, que desequilibrarán el poder entre el gobierno y el Parlamento a favor de un gobierno fuerte, y hundirá aún más la posibilidad de un control directo de los ciudadanos sobre los procedimientos de la misma. En esencia, el gobierno, gracias a su mayoría absoluta, podrá funcionar sin demasiados obstáculos, tanto a nivel parlamentario como ciudadano, y podrá finalmente hacer de nosotros lo que quiera.
El Partido Humanista, a través de la presentación de una propuesta de ley de iniciativa popular sobre la Política de Responsabilidad, ha denunciado y denuncia la manipulación continua de la democracia, que se ha reducido a la posibilidad de que los ciudadanos emitan un voto cada cuatro años marcando un símbolo y nada más.
Para el Partido Humanista, las personas, los ciudadanos, su contribución en términos de experiencia, discusión, responsabilidad y decisión son los elementos esenciales en la política, que es en sí misma un instrumento del pueblo y no para usar contra ellos.
