Entrevistamos a Carlos Rossique (activista social e ingeniero de redes y colaborador de esta Agencia)  acerca de la petición de un sector cada vez más amplio de la población española de una nueva Constitución más ‘democrática’ nacida de la base social, y de los medios tecnológicos que permitan la participación ciudadana. Por Giovanni Gai y Federico Barrago.

 

Pressenza IPA.- Por qué muchos ciudadanos piden un referéndum sobre una nueva constitución, que remplazaría a la actual de 1978? ¿Cuáles son las causas?

 

Carlos Rossique.- El “Régimen del 78” se vive agotado y ya anacrónico con los tiempos actuales. Han pasado 36 años desde que se votó la actual Constitución en referéndum (Sí/No) como único bloque, y no nacida de una deliberación desde abajo sino “amañada” (fue escrita por 7 personas) en pactos entre las fuerzas post-franquistas. Hoy menos del 30% de la población ha votado esa constitución. Y su único cambio (Artículo 135) fue pactado por los grandes partidos para poner el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales.

 

Las críticas al propio texto de la actual carta magna se centran en dos aspectos: En primer lugar, su falta de avance democrático, por culpa de un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas. no revocable y sin responsabilidad ante el incumplimiento de promesas electorales y que está hoy obsoleto respecto a la posibilidad de contar con la voluntad general por medios tecnológicos. Es injusto porque no es proporcional ni siquiera en la representatividad de cada voto (por ejemplo el voto de una persona en la provincia de Soria vale casi 5 veces lo que el de una en Madrid o Barcelona), sesgando hacia las áreas rurales en detrimento de las urbanas. Tampoco es proporcional en la representación porque partidos con más votos pero más extendidos tienen menos representación que otros más concentrados territorialmente, dando preponderancia a la territorialidad sobre las ideas.

 

Un auto blindaje del sistema representativo y de la propia constitución, que imposibilita o hace muy difícil su avance (las Iniciativas Legislativas Populares -ILPs. están “capadas”), impide la constante participación ciudadana en las decisiones, poniendo a la Constitución sobre el pueblo y no al revés (como declama el artículo 1) Finalmente, una no separación de poderes que hace que las injerencias en lo judicial lleven a un poder omnímodo de una misma y única extracción política y social.

 

En segundo lugar, la crítica al bloque de derechos sociales políticos y civiles de la actual Constitución es que declama derechos (vivienda, trabajo, sanidad, educación, etc.) pero no los garantiza, viviéndose diariamente hechos graves respecto a, por ejemplo, desahucios protegidos por la fuerza pública, pobreza y carencias alimentarias infantiles, desprotección sanitaria, etc. Últimamente están desapareciendo también por vía cuasi-inconstitucional del decreto ley muchos derechos políticos que aquella no está garantizando.

 

 

P. IPA.- ¿Cómo se están organizando los diversos movimientos que demandan una nueva constitución?

 

C.R.  No hay una organización centralizada de este posible “proceso constituyente” pero cada vez más está en el paisaje que el propio “Régimen del 78” seguramente intentará desde arriba dar un par de cambios cosméticos a la actual Carta Magna. Muchos, desde la izquierda política, más o menos tímidamente están llamando a ese “proceso constituyente” desde abajo pero aún nadie ha propuesto una manera o fórmula concreta para deliberar y ponerse de acuerdo en ese gran proceso social. Las propuestas son parte de las posturas políticas de partidos y opciones electorales, pero en mi opinión sería deseable que alguna fuerza política iniciase ese proceso sin más excusas.

 

P. IPA.- En tus artículos hablas de democracia participativa ¿Se puede decir que ahora no existe una democracia real sino sólo formal? Hablas también de la innovación tecnológica como una solución a este problema. ¿Puedes explicar cómo llevarlo adelante?

 

C.R. Por supuesto que no existe la democracia real (“Le llaman democracia y no lo es” y “No nos representan” fueron son los dos eslóganes más repetidos en los inicios del movimiento 15M). Las formalidades de la democracia y su materialización en el voto cada cuatro años, con una ley electoral nociva (“voto útil”) e injusta en ciclo largo y continuo, y una partitocracia con disciplina de voto, hacen que cada vez sea más formal, el Parlamento sea menos representativo y más sujeto a corruptelas y los escaños queden convertidos en los asientos que calienta el poder del dinero.

Comentaré de pasada que la democracia política será una bonita idea, o una hipocresía para tirar a la basura, si es que no se atiende también a la democracia económica, en un momento en el que parece que la empresa (espacio donde se reparte la riqueza) quiere seguir manteniendo cerradas sus puertas a la democracia.

Volviendo a la política, los presupuestos del actual sistema electoral (es decir, el modo en que el Parlamento representa a la sociedad española) son decimonónicos. Un voto delegado y para cuatro años, sin posibilidad de revocación está en las antípodas de lo que hoy es la sociedad donde las TICs han permeado fuertemente todos los ámbitos sociales, menos la esfera de decisión. Móviles, cajeros, internet, videoconferencias…  Pagamos nuestras multas por internet, elegimos nuestros asientos de cine y Hacienda tiene nuestros datos complejísimos y cruzados por la red en un santiamén pero. cuando volvemos al espacio de decisión, nos encontramos con un gran paripé trasnochado, con urnas de plástico y kilos de papel con nombres que nadie conoce (porque sabemos que a la larga no importan por disciplina de partido). Y tras las mentiras de la brecha digital, la inseguridad o la carestía se mantiene en un sistema propio de las diligencias del siglo XIX donde el señorito iba a la capital a representar a los lugareños. No, hoy en día el ciudadano podría participar activamente de cada decisión y lo demás son excusas interesadas.

Según decía un “iluminado” en las primeras movilizaciones de 15M y de una manera menos elegante “Así como practicar sexo una vez cada cuatro años no es tener vida sexual, votar cada cuatro años no es democracia”.

 

P.IPA.- En tus artículos hablas del caso de Carlos y Carmen, parece que en España tenemos un problema de justicia y también de libertad de expresión…

 

C.R. La justicia es otro valor que conviene poner al día pues hay varios motivos por los que está haciendo aguas a los ojos de los españoles, que perciben claramente que la justicia no es igual para todos. Tal vez, habría que revisar sus fundamentos y actualizarlos.

En primer lugar, los grandes organismos de Administración de Justicia: los 22 jueces del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y a los 9 del TC (Tribunal Constitucional) y el Defensor del Pueblo parten del poder legislativo que elige al ejecutivo.

En segundo lugar, la justicia complicada y tardía no es justicia, así como tampoco lo es la que impone tasas, complica y encarece la justicia a quienes tienen menos recursos.

En tercer lugar, y por si fuera poco el abuso del aforamiento (caso único en el mundo) y del indulto gubernamental hace llegar a Injusticias, con mayúscula,s como las que denunciábamos en el escrito que se refiere en la pregunta; mientras unos ciudadanos únicamente “culpables” de luchar de manera activa por los derechos sociales  pero prácticamente no-violenta o sin mayores implicaciones que las de una discusión, se ven abocados a tres años de cárcel mientras los grandes desfalcadores del erario público (gran daño público) o actos execrables como la del guardia civil, que filmó agresiones sexuales, quedan impunes por vía del indulto.

Que ese doble o triple rasero, haya sido puesto en marcha y permitido por la propia administración de Justicia, vasalla del mismo poder y conocedora de estos hechos, no hace sino encender todas las luces de alarma sobre cómo hemos llegado a prostituir los fundamentos de la justicia hoy al servicio de los poderosos.