Barcelona (España). Iberpotash y sus ex directivos serán juzgados por delito ambiental. El fiscal pide hasta 3 años y medio de cárcel por vertidos contaminantes y la fiscalía abre una nueva investigación.
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por la multinacional israelí Iberpotash, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) que obligaba a la compañia minera a presentar un plan de restauración del espacio que ahora ocupa la montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Barcelona). Esta montaña supera los 55 millones de toneladas en residuos altamente contaminantes y tiene una altura de 500 metros, de dimensiones similares a la montaña del Tibidabo de Barcelona.
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Iberpotash se dedica desde hace décadas a la extracción minera de potasa en Sallent y Suria, generando residuos que siguen impunemente creciendo, con las consecuencias de salinización de la cuenca del Llobregat.
La sentencia del Supremo avala el criterio del TSJC, que el octubre de 2011 dictaminó que la Generalitat tenía que exigir a Iberpotash un programa de restauración del vertedero del Cogulló equivalente al plan previsto a partir del año 2035, data inicialmente señalada para el cese de la actividad minera. El TSJC también reclamó a la Generalitat que impusiera a la empresa una nueva fianza proporcional del vertedero, para dar respuesta a la restauración definitiva en su momento. La primera fianza impuesta en el 2008 a Iberpotash fue de 585.153 euros, pero recientemente la Generalitat de Catalunya la elevó hasta los 13,9 millones de euros, si bien acabó aplicando una rebaja del 50%, hasta los 6,9 millones.
La contaminación de la cuenca del río Llobregat, de la que se nutre de agua gran parte de la conurbanización de Barcelona, preocupa a los ecologistas. Jaume Grau, representante de Ecologistas en Acción; Susana Pascual, presidenta del Colegio de Ambientólogos de Cataluña; y Josep Maria Mallarach, representante de la Institución Catalana de Historia Natural y Sociedades Científicas manifestaron ante la Comisión Parlamentaria de Territorio y Sostenibilidad su preocupación por el deterioro medioambiental, dejando patente su inquietud por la degradación de la naturaleza en Cataluña. Jaume Grau, que compareció ante la cámara catalana en representación de más de 100 entidades, subrayó que “el litoral catalán es uno de los más degradados, pero también hay cuencas fluviales que lo están y corren el peligro de no recuperarse nunca, como la del Llobregat, debido al estado lamentable en que se encuentra por la contaminación salina”. Para Grau, la contaminación de la cuenca del río Llobregat, que abastece a dos millones de personas de agua potable, es un problema político. “Su contaminación tiene consecuencias públicas para el medio ambiente y, hasta ahora, no ha habido voluntad política de ponerle remedio”.
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha invertido ya cientos de millones de euros en intentar paliar los daños ecológicos provocados por la acumulación de desechos de sal en Sallent y Súria. “La ACA tiene la obligación de realizar un seguimiento continuo del agua, pero por falta de recursos no lo hace o lo hace con mucha menor frecuencia”, asegura Grau. Y se refiere específicamente a las montañas de sal acumuladas en parajes cercanos a las minas del Bages: “Yo no soy un experto, pero a nadie se le escapa que si hay depósitos de sal a la intemperie, esa sal se filtrará a las aguas, ya sean fluviales o subterráneas. Y no es lo mismo que esos depósitos estén al aire libre, como ocurre ahora, que bajo tierra, puesto que en superficie se irán filtrando”.[media-credit name=»www.elpais.com» align=»aligncenter» width=»300″]
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Sebastià Estradé, un vecino de Sallent fue quién denunció ante Bruselas a la Generalitat y a Iberpotash, por no controlar los residuos derivados de su actividad minera. Estradé, a sus 91 años, conserva una envidiable lucidez y agilidad mental. Es doctor en derecho, diplomado en ingeniería industrial, exprofesor de Física Nuclear, exsecretario de la Cátedra Especial de Tecnologias del Espacio de la Universidad de Barcelona. Además de haber escrito mas de treinta obras de divulgación cientifica, narrativa breve, ciencia ficción y divulgación ambiental.
Sebastià Estradé veia crecer, dia a dia, asomado al balcón de su antigua casa, la montaña de sal, mientras, al mismo tiempo, se iban oxidando las estructuras metálicas de su terraza, efecto de la contaminación salina del aire.
En 2000 envió cartas a consejeros de la Generalitat advirtiéndoles del caso; no obtuvo respuesta. Buscó la documentación medioambiental con la que Iberpotash se comprometía a restaurar una formación altamente contaminante para el subsuelo y para el río Llobregat, del que se abastece buena parte del área metropolitana de Barcelona; no la halló. En 2008 acabó llevando su indignación ante los jueces; la Justicia sí le dio la razón y condenó a la Generalitat a reclamar el plan de restauración de El Cogulló y a establecer una fianza que asegurara la restauración de los daños medioambientales.
La capacidad para recurrir del despacho de abogados de Iberpotash, compañía que depende del gigante israelí ICL (6.672 millones de dólares de ingresos en 2012) no frenó la voluntad de este hombre de mas de 90 años, quién denunció ante la Unión Europea a la Generalitat y a Iberpotash, por no controlar sus residuos en Sallent.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa (Barcelona, España) ha dictado apertura de juicio para el mes de diciembre contra Iberpotash y tres de sus directivos, acusación que es apoyada por el colectivo ecologista L’Alzina. El fiscal pide para los acusados tres años de cárcel, además de inhabilitación especial, mientras que la acusación particular reclama cuatro años. Este procedimiento se inició en 1997, pero las reiteradas apelaciones de la compañía han ido retrasando el juicio. Después de mas de 15 años, la situación no ha variado mucho, ya que la contaminación de la cuenca fluvial y de aguas subterráneas sigue siendo aproximadamente la misma.
La sentencia deberá igualmente decidir sobre la petición de paralizar los vertidos contaminantes de las aguas provenientes de las escombreras de Súria y de Sallent. Los hechos responden a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Llobregat realizada por la empresa que, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, vierte sin control cloruros, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud pública. Los compuestos orgánicos volátiles son especialmente nocivos para la salud humana y sobre los ecosistemas naturales debido a su toxicidad y posibles efectos carcinógenos.
